La propuesta para mejorar las finanzas públicas, bajo el nuevo entorno del Congreso, parece centrarse en la ampliación del déficit y evidentemente en mayor endeudamiento, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Ahora que en el Congreso la mayoría absoluta pertenece a un solo partido y ante el actual entorno político, es posible que se eviten las medidas que impliquen un descontento social, como pueden ser mayores impuestos como el aumento al IVA, o en todo caso el alza de los precios y tarifas del sector publico”, afirmó en su estudio semanal.
En su opinión, se debe tener en cuenta que un mayor endeudamiento podría resultar contraproducente, toda vez que en el mediano y largo plazos, esto demandaría mayores recursos para el pago de capital y su costo financiero, desviando importantes montos que podrían ser utilizados para proyectos productivos y generación de empleos.
“Un entorno como este podría obligar a las autoridades a buscar alternativas para conseguir los recursos faltantes y, entonces, sí recurrir a incrementos en precios y tarifas que en último de los casos llevarían a la economía a una mayor pérdida de competitividad”, señaló.
Una de las soluciones más viables, dijo, independientemente de lo que pase en materia tributaria, es eficientar el gasto, revisando todos los programas del gobierno federal y eliminando todos aquellos que no tengan beneficio.
“Se debe evitar que la falta de voluntad política nos lleve a soluciones fáciles, que si bien pueden paliar las dificultades de corto plazo, compliquen el desarrollo del país en años posteriores. Es el momento preciso para aprovechar la oportunidad de llevar a cabo los cambios que requiere el país y actuar con responsabilidad si realmente se desea mejorar el nivel de vida de la población”, afirmó.
Con lo anterior, agregó que hasta ahora no se ha considerado atacar el problema de la informalidad por el elevado costo político que esto puede representar. Sin embargo, evitar este problema también ha generado desequilibrios importantes que pueden llevar a que los ingresos por recaudación tributaria continúen contrayéndose, ya que el costo de la formalidad sigue elevándose. Tan solo hay que considerar que según cifras del INEGI, en el sector informal laboran poco más de 12 millones de personas y generan un porcentaje similar del PIB.
“Ya se sabe que gran parte del gasto corriente se destina al pago de salarios, por lo que sería prudente revisar este rubro, que en muchos casos integra contratos temporales o de asesores de los que se puede prescindir, entre otros casos. Asimismo, reducir otros gastos de operación sin duda ayudaría a elevar los ingresos públicos.”, añadió.
“Ahora que en el Congreso la mayoría absoluta pertenece a un solo partido y ante el actual entorno político, es posible que se eviten las medidas que impliquen un descontento social, como pueden ser mayores impuestos como el aumento al IVA, o en todo caso el alza de los precios y tarifas del sector publico”, afirmó en su estudio semanal.
En su opinión, se debe tener en cuenta que un mayor endeudamiento podría resultar contraproducente, toda vez que en el mediano y largo plazos, esto demandaría mayores recursos para el pago de capital y su costo financiero, desviando importantes montos que podrían ser utilizados para proyectos productivos y generación de empleos.
“Un entorno como este podría obligar a las autoridades a buscar alternativas para conseguir los recursos faltantes y, entonces, sí recurrir a incrementos en precios y tarifas que en último de los casos llevarían a la economía a una mayor pérdida de competitividad”, señaló.
Una de las soluciones más viables, dijo, independientemente de lo que pase en materia tributaria, es eficientar el gasto, revisando todos los programas del gobierno federal y eliminando todos aquellos que no tengan beneficio.
“Se debe evitar que la falta de voluntad política nos lleve a soluciones fáciles, que si bien pueden paliar las dificultades de corto plazo, compliquen el desarrollo del país en años posteriores. Es el momento preciso para aprovechar la oportunidad de llevar a cabo los cambios que requiere el país y actuar con responsabilidad si realmente se desea mejorar el nivel de vida de la población”, afirmó.
Con lo anterior, agregó que hasta ahora no se ha considerado atacar el problema de la informalidad por el elevado costo político que esto puede representar. Sin embargo, evitar este problema también ha generado desequilibrios importantes que pueden llevar a que los ingresos por recaudación tributaria continúen contrayéndose, ya que el costo de la formalidad sigue elevándose. Tan solo hay que considerar que según cifras del INEGI, en el sector informal laboran poco más de 12 millones de personas y generan un porcentaje similar del PIB.
“Ya se sabe que gran parte del gasto corriente se destina al pago de salarios, por lo que sería prudente revisar este rubro, que en muchos casos integra contratos temporales o de asesores de los que se puede prescindir, entre otros casos. Asimismo, reducir otros gastos de operación sin duda ayudaría a elevar los ingresos públicos.”, añadió.
Antonio Hernández, Milenio, 13 de julio.
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