MELGAR, Colombia.- El aleteo de los helicópteros que cruzan el cielo alcanza a retumbar en la plaza principal de esta calurosa población, pero sus habitantes parecen estar acostumbrados.
A las afueras de Melgar están ubicadas la base militar de Tolemaida y la base número 4 de la Fuerza Aérea Colombiana.
Y muchos de los soldados o contratistas que Estados Unidos tiene desplegados en Colombia han visitado o sido apostados en Tolemaida, así que Melgar sabe bien qué significa convivir con ellos, con sus pros y contras.
Sus pobladores coinciden en que su presencia es más bien discreta y genera ingresos.
"Ellos comen muy bien. Antes venían al restaurante, esto se llenaba. De un tiempo para acá empezaron a pedirlas a domicilio", cuenta Fabio, empleado de una pizzería.
De lucro similar gozan restaurantes de pollo frito y hamburguesas, farmacias, tiendas de abarrotes y quienes les dan alojamiento.
Los estadounidenses tienden a mantener un perfil bajo y evitar concurrencias, pero de vez en cuando visitan bares y discotecas, lo que alborota a las jóvenes del pueblo.
"Llegan a comer o beber y les caen las muchachas", cuenta Rosa, empleada de la pizzería.
"Aquí las mujeres son muy busconas, y más si los ven con buena pinta, modales, con plata (dinero)", afirma Lucy, una joven de Melgar.
Anderson, un comerciante de ropa, advierte que su presencia acarrea prostitución.
"Las muchachas los ven con buen porte, monos (güeros), ojiverdes, con plata y se deslumbran, porque les pagan todo", lamenta, además de que minimiza la derrama económica.
"Como usan ropa de marca, acá casi no compran", acota el joven, quien también critica que gocen de inmunidad.
El Secretario de Gobierno, Henry Becerra, señala que la presencia del personal de Estados Unidos no ha generado mayores prevenciones, restricciones ni inconvenientes.
La experiencia de Melgar cobra relevancia tras el anuncio de Bogotá de que permitiría a personal y aeronaves de Estados Unidos utilizar las bases aéreas de Malambo, en la costa caribe; Apiay, en los orientales llanos del Meta, y Palanquero, en el centro del país.
Además, Bogotá busca ampliarles el acceso a Tolemaida, ubicada en Tolima, y a la base de Larandia, en el Caquetá.
El anuncio ha generado el airado rechazo de Venezuela, que ve esa presencia de Estados Unidos como una amenaza, y países como Brasil o Chile no ocultan cierta inquietud.
Colombia insiste en que el pacto sólo reforzará la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla.
Pero críticos del proyecto, como el senador Gustavo Petro, advierten que la actual estrategia bilateral de lucha antidrogas ha fracasado ya que la producción sigue intacta pese a los cuantiosos aportes de Estados Unidos.
Bogotá ha dejado en claro que el convenio no es de defensa mutua, ni implica un aumento de tropas estadounidenses en Colombia, cuyo tope es de 800 militares y 600 contratistas, ni ceder jurisdicción u autonomía para su uso -como ocurría en la cerrada base de Manta, en Ecuador-, ni proyectar operaciones hacia terceros países, como temen Caracas y Quito.
La importancia estratégica de las bases, coinciden expertos militares, reside en que su ubicación permitirá vigilar mejor las zonas donde ha aumentado el tráfico de drogas y más capacidad de respuesta.
"Este refuerzo en las plataformas de inteligencia y tecnología respecto de Manta permitirá una operatividad más rápida en la lucha contra el narcotráfico", expuso la ex Ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.
"Van a proveer mucha más información que va a permitir una reacción más eficaz", abundó.
En tanto, para Petro el acuerdo carece de transparencia.
"No se conocen mayores detalles sobre equipos de rastreo, inteligencia, interdicción, presencia y transporte de tropas", dijo el senador, quien advierte tensiones innecesarias con los vecinos.
El experto Alejo Vargas coincide en que el convenio creará tempestades que requerirán de una hábil diplomacia.
"Tratar de capotear una situación compleja que va a ser difícil", auguró.
Antonio Moreno, Alcalde de Puerto Salgar, donde está enclavada la base de Palanquero, cree que la presencia de tropas de Estados Unidos en su municipio generará ingresos, empleo, infraestructura y más seguridad, pero no oculta su inquietud por la prostitución que pueda acarrear.
Aumenta presencia
Las bases aéreas militares que utilizará EU en Colombia son estratégicas para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
El ABC del pacto
El 15 de julio Colombia dio a conocer un plan que permitiría a personal y aeronaves de Estados Unidos usar varias bases aéreas.
· Las bases que podrá usar por primera vez son Apiay, Malambo y Palanquero.
· Busca ampliarle el acceso a las bases de Tolemaida y Larandia.
· Según Bogotá, el convenio no es de defensa mutua, no implica un aumento de tropas estadounidenses en Colombia, ni ceder jurisdicción u autonomía para su uso, ni proyectar operaciones a otros países.
· Toda operación deberá ser autorizada y coordinada por Colombia.
· El uso de la base de Apiay serviría para realizar inteligencia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la salida de droga vía los llanos orientales y Venezuela.
· El Gobierno debe informar al Congreso sobre el alcance del pacto.
A las afueras de Melgar están ubicadas la base militar de Tolemaida y la base número 4 de la Fuerza Aérea Colombiana.
Y muchos de los soldados o contratistas que Estados Unidos tiene desplegados en Colombia han visitado o sido apostados en Tolemaida, así que Melgar sabe bien qué significa convivir con ellos, con sus pros y contras.
Sus pobladores coinciden en que su presencia es más bien discreta y genera ingresos.
"Ellos comen muy bien. Antes venían al restaurante, esto se llenaba. De un tiempo para acá empezaron a pedirlas a domicilio", cuenta Fabio, empleado de una pizzería.
De lucro similar gozan restaurantes de pollo frito y hamburguesas, farmacias, tiendas de abarrotes y quienes les dan alojamiento.
Los estadounidenses tienden a mantener un perfil bajo y evitar concurrencias, pero de vez en cuando visitan bares y discotecas, lo que alborota a las jóvenes del pueblo.
"Llegan a comer o beber y les caen las muchachas", cuenta Rosa, empleada de la pizzería.
"Aquí las mujeres son muy busconas, y más si los ven con buena pinta, modales, con plata (dinero)", afirma Lucy, una joven de Melgar.
Anderson, un comerciante de ropa, advierte que su presencia acarrea prostitución.
"Las muchachas los ven con buen porte, monos (güeros), ojiverdes, con plata y se deslumbran, porque les pagan todo", lamenta, además de que minimiza la derrama económica.
"Como usan ropa de marca, acá casi no compran", acota el joven, quien también critica que gocen de inmunidad.
El Secretario de Gobierno, Henry Becerra, señala que la presencia del personal de Estados Unidos no ha generado mayores prevenciones, restricciones ni inconvenientes.
La experiencia de Melgar cobra relevancia tras el anuncio de Bogotá de que permitiría a personal y aeronaves de Estados Unidos utilizar las bases aéreas de Malambo, en la costa caribe; Apiay, en los orientales llanos del Meta, y Palanquero, en el centro del país.
Además, Bogotá busca ampliarles el acceso a Tolemaida, ubicada en Tolima, y a la base de Larandia, en el Caquetá.
El anuncio ha generado el airado rechazo de Venezuela, que ve esa presencia de Estados Unidos como una amenaza, y países como Brasil o Chile no ocultan cierta inquietud.
Colombia insiste en que el pacto sólo reforzará la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla.
Pero críticos del proyecto, como el senador Gustavo Petro, advierten que la actual estrategia bilateral de lucha antidrogas ha fracasado ya que la producción sigue intacta pese a los cuantiosos aportes de Estados Unidos.
Bogotá ha dejado en claro que el convenio no es de defensa mutua, ni implica un aumento de tropas estadounidenses en Colombia, cuyo tope es de 800 militares y 600 contratistas, ni ceder jurisdicción u autonomía para su uso -como ocurría en la cerrada base de Manta, en Ecuador-, ni proyectar operaciones hacia terceros países, como temen Caracas y Quito.
La importancia estratégica de las bases, coinciden expertos militares, reside en que su ubicación permitirá vigilar mejor las zonas donde ha aumentado el tráfico de drogas y más capacidad de respuesta.
"Este refuerzo en las plataformas de inteligencia y tecnología respecto de Manta permitirá una operatividad más rápida en la lucha contra el narcotráfico", expuso la ex Ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.
"Van a proveer mucha más información que va a permitir una reacción más eficaz", abundó.
En tanto, para Petro el acuerdo carece de transparencia.
"No se conocen mayores detalles sobre equipos de rastreo, inteligencia, interdicción, presencia y transporte de tropas", dijo el senador, quien advierte tensiones innecesarias con los vecinos.
El experto Alejo Vargas coincide en que el convenio creará tempestades que requerirán de una hábil diplomacia.
"Tratar de capotear una situación compleja que va a ser difícil", auguró.
Antonio Moreno, Alcalde de Puerto Salgar, donde está enclavada la base de Palanquero, cree que la presencia de tropas de Estados Unidos en su municipio generará ingresos, empleo, infraestructura y más seguridad, pero no oculta su inquietud por la prostitución que pueda acarrear.
Aumenta presencia
Las bases aéreas militares que utilizará EU en Colombia son estratégicas para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
El ABC del pacto
El 15 de julio Colombia dio a conocer un plan que permitiría a personal y aeronaves de Estados Unidos usar varias bases aéreas.
· Las bases que podrá usar por primera vez son Apiay, Malambo y Palanquero.
· Busca ampliarle el acceso a las bases de Tolemaida y Larandia.
· Según Bogotá, el convenio no es de defensa mutua, no implica un aumento de tropas estadounidenses en Colombia, ni ceder jurisdicción u autonomía para su uso, ni proyectar operaciones a otros países.
· Toda operación deberá ser autorizada y coordinada por Colombia.
· El uso de la base de Apiay serviría para realizar inteligencia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la salida de droga vía los llanos orientales y Venezuela.
· El Gobierno debe informar al Congreso sobre el alcance del pacto.
Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 9 de agosto.
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