Julio Borges, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a 11 partidos de oposición, convocó en rueda de prensa a la manifestación, porque “protestar es un derecho y lo vamos a seguir ejerciendo”.
La fiscal general, Luisa Ortega, afirmó que algunas personas buscan “cualquier motivo para marchar (...) crear caos”, y que esas “conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil”, para el que la ley local establece penas de 12 a 24 años de cárcel.
Esas declaraciones las hizo la fiscal general al referirse a los “hechos violentos ocurridos en la marcha” realizada el pasado 22 de agosto contra de la Ley Orgánica de Educación.
El prefecto de Caracas y líder opositor, Richard Blanco, permanece detenido desde el pasado miércoles acusado por la Fiscalía de la presunta comisión de los delitos de “lesiones graves” a un policía e “instigación a delinquir”.
Dicha manifestación culminó dispersada por gases lacrimógenos y agua lanzada por la policía, “sin ninguna justificación”, según la oposición, mientras que el oficialismo acusó a sus participantes de “violentos”.
“La marcha del 22 de agosto también la convocamos todos, no sólo fue Richard Blanco, por eso, le queremos decir hoy señora fiscal, nos declaramos culpables de querer un país distinto, donde haya justicia”, declaró Borges en la rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma.
Ledezma reiteró que la Organización de Estados Americanos debe enviar una comisión a Venezuela a constatar las violaciones” a los derechos humanos.
Guerra electrónica
Hugo Chávez propuso lanzar por internet una campaña de nombre Yanqui go home en rechazo al “imperialismo” y en respuesta a las marchas mundiales en su contra convocadas a través de Facebook y Twitter. El gobierno “revolucionario” tiene capacidad para iniciar esa “guerra en internet, electrónica”, declaró.
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