La denuncia, negada por el Gobierno, fue hecha a escasas horas de que la Cámara de Representantes vote hoy la conciliación de un texto del proyecto de consulta que permitiría a Uribe ser candidato en 2010 y buscar su tercer periodo consecutivo al mando del país.
La acusación de Rafael Pardo, precandidato del opositor Partido Liberal, rememoró el caso de dos ex congresistas que fueron condenados hace meses por la Corte Suprema de Justicia por haber recibido prebendas del Gobierno para que votaran a favor de una reforma constitucional que permitió la primera reelección de Uribe en 2006.
"Lo de Teodolindo (Avendaño) y Yidis Medina se va a quedar en pañales. La negociación de notarías a cambio de la primera reelección del Presidente Uribe la conocimos tres años después. Hoy el país ve, en vivo y en directo, antes de la votación, las ilegalidades en el trámite del referendo", afirmó Pardo, quien no ofreció pruebas de sus aseveraciones.
Pardo aseguró que el Gobierno desvió recursos por unos 110 millones de dólares que estaban destinados a la seguridad para destinarlos a la construcción de alcaldías en diferentes zonas del país.
"No es de extrañar que haya inseguridad en la ciudades si el Ministro del Interior ha ordenado, a través de convenios con Alcaldes, la construcción de 52 palacios municipales", añadió.
El Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, negó más tarde el cambio de recursos del presupuesto para comprometer a los congresistas.
El Senado avaló la semana pasada el texto definitivo de un referendo para preguntar a los votantes si aprueban modificar la Constitución para permitir al Jefe de Estado a aspirar a un tercer mandato.
Pero la aprobación en la Cámara de Representantes será más reñida y complicada después que algunos legisladores salieron de la coalición del Gobierno y por el temor de que la Corte Constitucional los investigue por posibles irregularidades en el trámite inicial del proyecto.
Si la Cámara rechaza la propuesta, el popular Mandatario quedaría inhabilitado para ser candidato en 2010.
Pero si lo autoriza, deberá enfrentar un examen de legalidad en la Corte Constitucional, donde podría hundirse y, en caso de recibir el "sí" en esta instancia, deberá ser votado en las urnas por más de siete millones de electores.
Sin embargo, para el ex Mandatario César Gaviria, es improbable que el documento obtenga luz verde de la Cámara, pues, según declaraciones que dio ayer a un diario local, "allí hay mucho más conciencia de que esa iniciativa ha tenido un trámite con tantas violaciones legales y constitucionales".
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