Se compromete MEC a establecer programa de Derechos Humanos

El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, reconoció que aunque es probable que no haya muchos recursos para implementar el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ocho de cada 10 acciones deberán estar basadas y fundamentadas en dicha materia.

Por eso hoy emitirá un decreto para que todas las acciones de gobierno que tienen que ver con la gente, como salud, educación, equidad, entre otros, sean obligatorias para todas las dependencias, organismos y áreas de gobierno involucradas.

“El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal será de observancia obligatoria para las dependencias de la administración pública del Distrito Federal, centralizada y desconcentrada en el ámbito de sus respectivas competencias”, sostuvo.

En las instalaciones del Museo Interactivo de Economía, el mandatario local dijo que se hará seguimiento puntual de las acciones que se vayan a emprender, y se evaluarán los avances o las dificultades a las que se tengan.

El mandatario local afirmó que no es un error tratar de elevar los estándares de vida de los capitalinos en medio de una crisis económica, porque es mejor tener la mira en alto que bajarla, porque hacer esto último implicaría una visión mediocre.

Por su parte, el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, comentó que aún con todos los esfuerzos en materia de derechos humanos, aún no es posible que todas las personas puedan vivir dignamente, por eso consideró importante que todo un programa de gobierno que observa la elaboración de leyes, la evaluación e implementación de las políticas públicas, del presupuesto y la procuración y administración de justicia, se basen de manera sistémica y con criterios con base en los derechos humanos.

Álvarez Icaza se pronunció por un cambio de paradigma sobre el papel de los poderes públicos y su relación de servicio a la sociedad, “un paradigma en el que los derechos reconocidos en las obligaciones legales que contienen los tratados internacionales, y las leyes federales y locales, sean la base de las acciones desde el servicio público”.

Cambiar todo ello, agregó, implica una voluntad ilimitada para mejorar la legislación, adecuar las instituciones y las políticas públicas, presupuestar desde otro enfoque requiere una ciudadanía activa corresponsable y vigilante.

Álvarez Icaza comentó que con este programa se apuesta a concretar un estado democrático de derechos.
Ana Cecilia García, Crónica, 26 de agosto.

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