La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que en la respuesta a las solicitudes de información pública se sujeta a los criterios que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El segundo visitador general del organismo, Mauricio Ibarra, quien tiene a su cargo las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, rechazó que la CNDH pretenda ocultar información, pues de acuerdo con dichos lineamientos, sólo considera información reservada o confidencial los datos personales de los quejosos.
“Para determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, los quejosos proporcionan a este organismo nacional datos que, de no ser manejados con el cuidado debido, pueden arriesgar su reputación o llevarlos a ser víctimas de actos de discriminación y poner en peligro su seguridad”.
Por ello, dijo, la CNDH ha adoptado el criterio de reservar los nombres de los quejosos en las solicitudes de información de expedientes que invocan la Ley de Transparencia, “la cual prevé el supuesto de que, en aquellos casos en que se solicite información que incluya datos confidenciales, las autoridades la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial de que se trate”.
Ibarra señaló que el hecho de que haya diferencias entre lo que la CNDH y la Sedena consideran como información reservada, “no significa que esta comisión nacional sea opaca, sino que existe una valoración distinta entre este organismo y una dependencia gubernamental que se refleja en un grado diverso de protección de los datos que la propia ley considera no deben ser públicos”
En que en todo caso, la Sedena debería informar si consultó a los quejosos en los expedientes solicitados antes de hacer públicos sus nombres, dijo.
Informó que “una buena parte” de las quejas recibidas por presuntas violaciones a los derechos humanos del personal militar son presentadas por familiares que no están de acuerdo con correctivos disciplinarios que les han sido aplicados a los agraviados por faltas a la disciplina castrense. Precisó que en estos casos corresponde a la CNDH determinar si la imposición de dichos correctivos se llevó a cabo con apego a la normatividad que los rige y cuáles son los recursos que pueden ejercer si no están conformes con los mismos.
Atribuyó el aumento en el número de quejas de la población civil en contra del Ejército a la estrategia en materia de seguridad del gobierno federal.
El segundo visitador general del organismo, Mauricio Ibarra, quien tiene a su cargo las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, rechazó que la CNDH pretenda ocultar información, pues de acuerdo con dichos lineamientos, sólo considera información reservada o confidencial los datos personales de los quejosos.
“Para determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, los quejosos proporcionan a este organismo nacional datos que, de no ser manejados con el cuidado debido, pueden arriesgar su reputación o llevarlos a ser víctimas de actos de discriminación y poner en peligro su seguridad”.
Por ello, dijo, la CNDH ha adoptado el criterio de reservar los nombres de los quejosos en las solicitudes de información de expedientes que invocan la Ley de Transparencia, “la cual prevé el supuesto de que, en aquellos casos en que se solicite información que incluya datos confidenciales, las autoridades la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial de que se trate”.
Ibarra señaló que el hecho de que haya diferencias entre lo que la CNDH y la Sedena consideran como información reservada, “no significa que esta comisión nacional sea opaca, sino que existe una valoración distinta entre este organismo y una dependencia gubernamental que se refleja en un grado diverso de protección de los datos que la propia ley considera no deben ser públicos”
En que en todo caso, la Sedena debería informar si consultó a los quejosos en los expedientes solicitados antes de hacer públicos sus nombres, dijo.
Informó que “una buena parte” de las quejas recibidas por presuntas violaciones a los derechos humanos del personal militar son presentadas por familiares que no están de acuerdo con correctivos disciplinarios que les han sido aplicados a los agraviados por faltas a la disciplina castrense. Precisó que en estos casos corresponde a la CNDH determinar si la imposición de dichos correctivos se llevó a cabo con apego a la normatividad que los rige y cuáles son los recursos que pueden ejercer si no están conformes con los mismos.
Atribuyó el aumento en el número de quejas de la población civil en contra del Ejército a la estrategia en materia de seguridad del gobierno federal.
El Universal, 10 de agosto.
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