En el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos entregará al senado de su país —a más tardar la próxima semana— sobre los derechos humanos en México, se incluirán datos del reporte que dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado mes de julio.
El documento castrense da cuenta de 35 recomendaciones emitidas contra militares por violación de garantías en este sexenio, y de 65 efectivos castrenses procesados por la comisión de delitos desde el año de 1996 a la fecha.
Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron que el gobierno de México ha colaborado en la entrega de información diversa sobre derechos humanos en el país, entre la que se incluyó el informe de la Sedena, para que sea incorporado al documento final que analizará el senado estadounidense, del cual dependerá si se liberan 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida.
Aunque la información oficial que ha proporcionado el gobierno mexicano no es la única que tomará en cuenta el Departamento de Estado para redactar el referido informe.
El recién designado embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, ha indicado que también recaban datos con organismos no gubernamentales para entregar un informe completo y objetivo.
“Hemos iniciado una discusión con el gobierno, pero también con otras organizaciones no gubernamentales, para tener insumos necesarios para entender cuál es la situación y explicarlo al senado”.
El documento del Departamento de Estado será crucial para desbloquear recursos de la Iniciativa Mérida, ya que integrantes del Senado de Estados Unidos como Patrick Leahy, se oponen al considerar que el Ejército ha incurrido en violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado y narcotráfico, que han quedado impunes.
Posición que comparten organismos como Human Right Watch, que ha pedido a la titular del Departamento de Estado, Hillary Clinton que no certifique que en México se respetan los derechos humanos, ante las violaciones cometidas por el Ejército en los últimos dos años, señalando que la mayoría de los casos en lo que se ha procedido contra militares son de sexenios pasados.
En el informe de la Sedena se indica que del 1 de diciembre de 2006 a julio de este año suman 2 mil 471 quejas contra militares, pero sólo 35 han derivado en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de 65 militares procesados 12 han sido sentenciados.
El documento castrense da cuenta de 35 recomendaciones emitidas contra militares por violación de garantías en este sexenio, y de 65 efectivos castrenses procesados por la comisión de delitos desde el año de 1996 a la fecha.
Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron que el gobierno de México ha colaborado en la entrega de información diversa sobre derechos humanos en el país, entre la que se incluyó el informe de la Sedena, para que sea incorporado al documento final que analizará el senado estadounidense, del cual dependerá si se liberan 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida.
Aunque la información oficial que ha proporcionado el gobierno mexicano no es la única que tomará en cuenta el Departamento de Estado para redactar el referido informe.
El recién designado embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, ha indicado que también recaban datos con organismos no gubernamentales para entregar un informe completo y objetivo.
“Hemos iniciado una discusión con el gobierno, pero también con otras organizaciones no gubernamentales, para tener insumos necesarios para entender cuál es la situación y explicarlo al senado”.
El documento del Departamento de Estado será crucial para desbloquear recursos de la Iniciativa Mérida, ya que integrantes del Senado de Estados Unidos como Patrick Leahy, se oponen al considerar que el Ejército ha incurrido en violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado y narcotráfico, que han quedado impunes.
Posición que comparten organismos como Human Right Watch, que ha pedido a la titular del Departamento de Estado, Hillary Clinton que no certifique que en México se respetan los derechos humanos, ante las violaciones cometidas por el Ejército en los últimos dos años, señalando que la mayoría de los casos en lo que se ha procedido contra militares son de sexenios pasados.
En el informe de la Sedena se indica que del 1 de diciembre de 2006 a julio de este año suman 2 mil 471 quejas contra militares, pero sólo 35 han derivado en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de 65 militares procesados 12 han sido sentenciados.
Silvia Otero, El Universal, 13 de agosto.
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