La fotografía de un diario local de Querétaro es la principal prueba que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) para acusar a la señora Jacinta Francisco Marcial como “secuestradora” de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hecho por el que esta indígena ñañú (otomí) fue sentenciada a 21 años de prisión.
A tres años de su encarcelamiento, Amnistía Internacional (AI) consideró que este caso “es una farsa de administración de justicia en México y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que reciben en el país los indígenas”. Por ello, anteayer la declaró presa de conciencia y exigió a las autoridades mexicanas liberarla “de inmediato y sin condiciones”.
En conferencia, el organismo internacional, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez –que lleva la defensa de la detenida– y familiares suyos presentaron argumentos en los que demostraron la “discrecionalidad” del sistema de justicia en el país respecto al caso.
Tonio Tessada, coordinador de Movilización e Impacto de AI, aseveró que la indígena fue encarcelada por su condición de mujer, su pobreza y por su origen étnico, y agregó que la PGR fabricó evidencias en su contra.
Luis Arriaga, director del Centro Prodh, refirió que Jacinta ha sido acusada “falsamente” del delito de secuestro, de modo que la declaración de AI avala la exigencia de justicia que por tres años se ha hecho a favor de la indígena. “La situación actual de Jacinta nos apela, constituye un llamado muy fuerte a exigir justicia y a expresar un no rotundo frente a los abusos y la ineficiencia de las autoridades.”
Antes de su detención, el 3 de agosto de 2006, la indígena se ganaba la vida vendiendo –junto con su esposo Guillermo Francisco Prisciliano– refrescos y helados en un puesto del tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Es madre de seis hijos.
El 26 de marzo de 2006 seis agentes de la AFI vestidos de civil llegaron al mercado de aquella región con el argumento de efectuar un operativo en busca de drogas y piratería, e intentaron confiscar productos a los vendedores, que protestaron y los retuvieron como exigencia de pago por lo perdido.
Ante eso los mandos regionales de la AFI acudieron al lugar y acordaron con los comerciantes desplazarse a una localidad cercana para recoger el dinero que compensaría las pérdidas, y a cambio se ordenó que uno de los agentes permaneciera en Santiago Mexquititlán en garantía. Sin embargo, los federales interpusieron una denuncia por presunto secuestro ante la PGR.
De acuerdo con AI, Jacinta no participó en los hechos y aun así fue detenida y sentenciada “injustamente”. Información del organismo revela que elementos de la PGR la condujeron ante el Ministerio Público con el engaño de que se le interrogaría en torno a la poda de un árbol. “En aquel momento hablaba poco español, no entendió lo que ocurría, no se le proporcionó ningún intérprete y su abogado de oficio nunca le explicó nada.”
Así, junto con otras dos mujeres, se le dictó sentencia con tan sólo una fotografía periodística como “única prueba”, en la cual ella aparece caminando detrás de la gresca aquel día.
AI recordó que los agentes en principio no mencionaron a Jacinta, y fue un mes después, cuando la PGR presentó esa prueba, cuando la acusaron del delito. “Esto demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables”, subrayó AI.
A tres años de su encarcelamiento, Amnistía Internacional (AI) consideró que este caso “es una farsa de administración de justicia en México y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que reciben en el país los indígenas”. Por ello, anteayer la declaró presa de conciencia y exigió a las autoridades mexicanas liberarla “de inmediato y sin condiciones”.
En conferencia, el organismo internacional, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez –que lleva la defensa de la detenida– y familiares suyos presentaron argumentos en los que demostraron la “discrecionalidad” del sistema de justicia en el país respecto al caso.
Tonio Tessada, coordinador de Movilización e Impacto de AI, aseveró que la indígena fue encarcelada por su condición de mujer, su pobreza y por su origen étnico, y agregó que la PGR fabricó evidencias en su contra.
Luis Arriaga, director del Centro Prodh, refirió que Jacinta ha sido acusada “falsamente” del delito de secuestro, de modo que la declaración de AI avala la exigencia de justicia que por tres años se ha hecho a favor de la indígena. “La situación actual de Jacinta nos apela, constituye un llamado muy fuerte a exigir justicia y a expresar un no rotundo frente a los abusos y la ineficiencia de las autoridades.”
Antes de su detención, el 3 de agosto de 2006, la indígena se ganaba la vida vendiendo –junto con su esposo Guillermo Francisco Prisciliano– refrescos y helados en un puesto del tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Es madre de seis hijos.
El 26 de marzo de 2006 seis agentes de la AFI vestidos de civil llegaron al mercado de aquella región con el argumento de efectuar un operativo en busca de drogas y piratería, e intentaron confiscar productos a los vendedores, que protestaron y los retuvieron como exigencia de pago por lo perdido.
Ante eso los mandos regionales de la AFI acudieron al lugar y acordaron con los comerciantes desplazarse a una localidad cercana para recoger el dinero que compensaría las pérdidas, y a cambio se ordenó que uno de los agentes permaneciera en Santiago Mexquititlán en garantía. Sin embargo, los federales interpusieron una denuncia por presunto secuestro ante la PGR.
De acuerdo con AI, Jacinta no participó en los hechos y aun así fue detenida y sentenciada “injustamente”. Información del organismo revela que elementos de la PGR la condujeron ante el Ministerio Público con el engaño de que se le interrogaría en torno a la poda de un árbol. “En aquel momento hablaba poco español, no entendió lo que ocurría, no se le proporcionó ningún intérprete y su abogado de oficio nunca le explicó nada.”
Así, junto con otras dos mujeres, se le dictó sentencia con tan sólo una fotografía periodística como “única prueba”, en la cual ella aparece caminando detrás de la gresca aquel día.
AI recordó que los agentes en principio no mencionaron a Jacinta, y fue un mes después, cuando la PGR presentó esa prueba, cuando la acusaron del delito. “Esto demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables”, subrayó AI.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 19 de agosto.
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