El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva dejar en libertad a los “inculpados injustamente” por la masacre de Acteal, Chiapas.
Entrevistado luego de rendir su décimo y último informe ante el consejo consultivo del organismo, manifestó su deseo de libertad “de los indígenas que fueron injustamente acusados”. Argumentó que las acusaciones y el proceso judicial “fueron algo muy mal hecho”, razón por la que los paramilitartes deben ser liberados.
“Ojalá queden en libertad. Siembre hemos estado conscientes de que todo aquello fue algo muy mal hecho. Con decir que eran indígenas que ni siquiera sabían hablar castellano y aun así fueron juzgados, sin las mínimas garantías. Por tanto yo deseo, y así lo hemos trabajado nosotros desde hace 10 años, que los indígenas que fueron injustamente acusados sean puestos en libertad.”
Hoy la primera sala de la SCJN resolverá sobre una serie de amparos tramitados en favor de sentenciados a entre 25 y 40 años de prisión por esa masacre del 22 de diciembre de 1997, en la que fueron asesinados 45 indígenas tzotziles –en su mayoría mujeres y niños–, donde alegan irregularidades y errores de forma en la integración de las investigaciones y durante el proceso judicial, por lo que una decisión favorable a los presos podría abrirles las puertas de la libertad.
El ombudsman nacional consideró que en este caso las autoridades resolvieron “todo muy rápido” y de manera inadecuada, por lo que se pronunció en favor de la libertad de los paramilitares, aun cuando éstos han sido señalados por familiares de las víctimas y sobrevivientes del ataque como responsables de la matanza.
Para Soberanes Fernández, el regreso de los acusados a la región no implica riesgos de seguridad para la comunidad Las Abejas –contra quienes se dirigió el atentado–, al grado de que se vea forzada a desplazarse de su comunidad.
“Ése no es el problema, creo que aquí el problema está en que primero se haga justicia, y las autoridades deben tomar medidas para que no vaya a haber venganza o cosas por el estilo”, afrimó.
Entrevistado luego de rendir su décimo y último informe ante el consejo consultivo del organismo, manifestó su deseo de libertad “de los indígenas que fueron injustamente acusados”. Argumentó que las acusaciones y el proceso judicial “fueron algo muy mal hecho”, razón por la que los paramilitartes deben ser liberados.
“Ojalá queden en libertad. Siembre hemos estado conscientes de que todo aquello fue algo muy mal hecho. Con decir que eran indígenas que ni siquiera sabían hablar castellano y aun así fueron juzgados, sin las mínimas garantías. Por tanto yo deseo, y así lo hemos trabajado nosotros desde hace 10 años, que los indígenas que fueron injustamente acusados sean puestos en libertad.”
Hoy la primera sala de la SCJN resolverá sobre una serie de amparos tramitados en favor de sentenciados a entre 25 y 40 años de prisión por esa masacre del 22 de diciembre de 1997, en la que fueron asesinados 45 indígenas tzotziles –en su mayoría mujeres y niños–, donde alegan irregularidades y errores de forma en la integración de las investigaciones y durante el proceso judicial, por lo que una decisión favorable a los presos podría abrirles las puertas de la libertad.
El ombudsman nacional consideró que en este caso las autoridades resolvieron “todo muy rápido” y de manera inadecuada, por lo que se pronunció en favor de la libertad de los paramilitares, aun cuando éstos han sido señalados por familiares de las víctimas y sobrevivientes del ataque como responsables de la matanza.
Para Soberanes Fernández, el regreso de los acusados a la región no implica riesgos de seguridad para la comunidad Las Abejas –contra quienes se dirigió el atentado–, al grado de que se vea forzada a desplazarse de su comunidad.
“Ése no es el problema, creo que aquí el problema está en que primero se haga justicia, y las autoridades deben tomar medidas para que no vaya a haber venganza o cosas por el estilo”, afrimó.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 12 de agosto.
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