CARACAS (Agencias).— La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela aprobó ayer una ley especial sobre tierras urbanas, que autorizará expropiaciones de edificios y casas no utilizados en sectores populares y urbanizaciones.
La ley fue aprobada sólo con los votos del oficialismo, que controla la mayoría legislativa, y permitirá regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para “desarrollar programas sociales de vivienda y hábitat”.
Una docena de legisladores, ex aliados del presidente Hugo Chávez, horas antes se retiraron de la Asamblea en protesta por la negativa del partido gobernante a transigir sobre los artículos más polémicos de la nueva ley de Educación, que fue discutida previamente, y no regresaron para el siguiente debate. “La ley se va aplicar en función de un servicio social”, dijo el diputado oficialista Braulio Álvarez. Destacó que en los principales centros urbanos del país se evidencian “grandes monopolios inmobiliarios que controlan la compra-venta de terrenos y parcelas... en su mayoría ociosos y subutilizados”.
“Como revolucionarios no podemos permitir que existan terrenos baldíos, edificios vacíos, gente (que) tenga por años terrenos para el engorde (esperando que se eleven sus precios), mientras miles de venezolanos carecen de una vivienda digna”, agregó.
De acuerdo con las cifras oficiales, Venezuela tiene un déficit de aproximadamente 1.9 millones de casas, una cifra que significa que una de cada tres personas carece de una vivienda digna.
La ley establece que los propietarios de los inmuebles, terrenos y parcelas, en caso de ser requerido, están también obligados a enajenarlos a favor de la República, conforme al principio al derecho de preferencia. En virtud de la ley también se contempla que podrá “ser declarada la expropiación... sin perjuicio de la facultad de los órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial”, antes de una sentencia firme.
Los adversarios del mandatario afirman que esta clase de leyes le dan al Estado un mayor control de la economía del país y erosionan el derecho a la propiedad privada.
En tanto, cientos de venezolanos protestaron ayer para exigir justicia tras un violento ataque contra un grupo de periodistas por parte de supuestos seguidores de Chávez y que dejó al menos 12 heridos.
Los periodistas fueron agredidos en momentos en que entregaban a los transeúntes un escrito con advertencias contra la nueva ley de Educación aprobada ayer por la madrugada y que sus críticos temen podría conducir al adoctrinamiento en las escuelas.
La SIP condena ataque
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su condena a la represión de periodistas en Caracas.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de Nueva York también condenó el “asalto violento” cometido por los supuestos partidarios de Chávez.
Las tensiones han ido en aumento entre los medios de comunicación privados de Venezuela y el gobierno de Chávez. A principios de agosto, el organismo regulador de las telecomunicaciones cerró 34 estaciones de radio.
La ley fue aprobada sólo con los votos del oficialismo, que controla la mayoría legislativa, y permitirá regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para “desarrollar programas sociales de vivienda y hábitat”.
Una docena de legisladores, ex aliados del presidente Hugo Chávez, horas antes se retiraron de la Asamblea en protesta por la negativa del partido gobernante a transigir sobre los artículos más polémicos de la nueva ley de Educación, que fue discutida previamente, y no regresaron para el siguiente debate. “La ley se va aplicar en función de un servicio social”, dijo el diputado oficialista Braulio Álvarez. Destacó que en los principales centros urbanos del país se evidencian “grandes monopolios inmobiliarios que controlan la compra-venta de terrenos y parcelas... en su mayoría ociosos y subutilizados”.
“Como revolucionarios no podemos permitir que existan terrenos baldíos, edificios vacíos, gente (que) tenga por años terrenos para el engorde (esperando que se eleven sus precios), mientras miles de venezolanos carecen de una vivienda digna”, agregó.
De acuerdo con las cifras oficiales, Venezuela tiene un déficit de aproximadamente 1.9 millones de casas, una cifra que significa que una de cada tres personas carece de una vivienda digna.
La ley establece que los propietarios de los inmuebles, terrenos y parcelas, en caso de ser requerido, están también obligados a enajenarlos a favor de la República, conforme al principio al derecho de preferencia. En virtud de la ley también se contempla que podrá “ser declarada la expropiación... sin perjuicio de la facultad de los órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial”, antes de una sentencia firme.
Los adversarios del mandatario afirman que esta clase de leyes le dan al Estado un mayor control de la economía del país y erosionan el derecho a la propiedad privada.
En tanto, cientos de venezolanos protestaron ayer para exigir justicia tras un violento ataque contra un grupo de periodistas por parte de supuestos seguidores de Chávez y que dejó al menos 12 heridos.
Los periodistas fueron agredidos en momentos en que entregaban a los transeúntes un escrito con advertencias contra la nueva ley de Educación aprobada ayer por la madrugada y que sus críticos temen podría conducir al adoctrinamiento en las escuelas.
La SIP condena ataque
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su condena a la represión de periodistas en Caracas.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de Nueva York también condenó el “asalto violento” cometido por los supuestos partidarios de Chávez.
Las tensiones han ido en aumento entre los medios de comunicación privados de Venezuela y el gobierno de Chávez. A principios de agosto, el organismo regulador de las telecomunicaciones cerró 34 estaciones de radio.
El Universal, 15 de agosto.
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