Bogotá, 25 de mayo. El defensor colombiano de los derechos humanos Alexander Quintero fue asesinado por presuntos paramilitares de extrema derecha en Santander de Quilichao, departamento de Cauca, en lo que constituye el segundo crimen en menos de una semana contra defensores humanitarios.
Estos asesinatos, condenados por la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ensombrecen la primera ronda de las elecciones presidenciales del próximo domingo, cuando se imputa a un hermano del presidente Álvaro Uribe supuestos vínculos con un grupo paramilitar.
La violencia contra defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales son hechos que han impedido que el Congreso en Estados Unidos ratifique un tratado de libre comercio con Colombia.
Quintero, quien caminaba a su casa el domingo por la noche cuando fue acribillado a tiros por sicarios, ya había recibido amenazas. Dirigente social que trabajaba en la defensa de los derechos de las víctimas de la masacre de Alto Naya perpetrada en 2001, era uno de los más destacados en propiciar los lazos entre las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la zona.
Recién el día 18 había sido asesinado Rogelio Martínez, en el departamento de Sucre, otro defensor de los derechos humanos que trabajaba por las víctimas y encabezaba el regreso de medio centenar de familias desplazadas por la violencia de los paramilitares en el municipio de Onofre.
Al condenar estos crímenes, Christian Salazar, representante de Naciones Unidas en Colombia, instó al gobierno de Uribe a investigar, esclarecer y sancionar rápidamente a los responsables. “El Estado colombiano tiene que tomar medidas contundentes para proteger a los defensores y garantizar los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado”, aseveró.
El año pasado, 32 activistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según el programa no gubernamental Somos Defensores.
Muchos de estos crímenes han sido atribuidos a paramilitares de extrema derecha, que surgieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes para combatir a las guerrillas. Estos grupos se desmovilizaron en el actual gobierno, pero han regresado a sus actividades al servicio del narcotráfico.
Estos asesinatos, condenados por la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ensombrecen la primera ronda de las elecciones presidenciales del próximo domingo, cuando se imputa a un hermano del presidente Álvaro Uribe supuestos vínculos con un grupo paramilitar.
La violencia contra defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales son hechos que han impedido que el Congreso en Estados Unidos ratifique un tratado de libre comercio con Colombia.
Quintero, quien caminaba a su casa el domingo por la noche cuando fue acribillado a tiros por sicarios, ya había recibido amenazas. Dirigente social que trabajaba en la defensa de los derechos de las víctimas de la masacre de Alto Naya perpetrada en 2001, era uno de los más destacados en propiciar los lazos entre las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la zona.
Recién el día 18 había sido asesinado Rogelio Martínez, en el departamento de Sucre, otro defensor de los derechos humanos que trabajaba por las víctimas y encabezaba el regreso de medio centenar de familias desplazadas por la violencia de los paramilitares en el municipio de Onofre.
Al condenar estos crímenes, Christian Salazar, representante de Naciones Unidas en Colombia, instó al gobierno de Uribe a investigar, esclarecer y sancionar rápidamente a los responsables. “El Estado colombiano tiene que tomar medidas contundentes para proteger a los defensores y garantizar los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado”, aseveró.
El año pasado, 32 activistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según el programa no gubernamental Somos Defensores.
Muchos de estos crímenes han sido atribuidos a paramilitares de extrema derecha, que surgieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes para combatir a las guerrillas. Estos grupos se desmovilizaron en el actual gobierno, pero han regresado a sus actividades al servicio del narcotráfico.
Reuters, AFP y DPA, La Jornada, 26 de mayo.
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