En lo que va del actual sexenio, las quejas por presuntos abusos de militares contra civiles aumentaron más de 400 por ciento.
Mientras que en 2007 las quejas contra los soldados que participan en operativos contra el narcotráfico alcanzó los 376 reclamos, para 2008 la cifra se triplicó a mil 143 y en 2009 se cuadruplicó a mil 644 quejas.
Sólo en el primer trimestre de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya acumuló 389 quejas, más que todas las reportadas cada año de 2000 a 2007.
Las 3 mil 176 quejas, que ya suma el Ejército en la Administración del Presidente Felipe Calderón, no se refleja en los procesos judiciales de sus soldados, inculpados por tortura, violación, homicidio, allanamiento de morada, pillaje y retenciones ilegales.
Actualmente sólo 40 militares enfrentan un proceso penal dentro de la cárcel por abusos y otros 55 efectivos están involucrados en 37 averiguaciones previas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
Cuatro militares han sido sentenciados por el caso Castaños en Coahuila en 2006, donde una veintena de soldados fueron acusados de violación tumultuaria al abusar sexualmente de 14 prostitutas.
Los 19 militares involucrados en la muerte de dos mujeres y tres niños en la comunidad La Joya de los Martínez, en Sinaloa, en junio de 2007, aún no reciben sentencia.
Según sus familiares, fueron atacados por los militares de un puesto de control luego de que el conductor de la unidad no pudiera frenar ante los señalamientos de los soldados.
Tampoco han sido castigados con una pena carcelaria los militares que dispararon contra Gabriela Arzate Contreras, de 22 años, y quien se encontraba embarazada, en diciembre de 2008, en un retén de Aldama, Chihuahua. La Sedena justificó el hecho diciendo que la víctima desatendió la indicación de detenerse.
En junio de 2009, Bonfilio Rubio, indígena de 29 años, fue asesinado por militares en un retén ubicado en Guerrero. Los militares que dispararon contra el camión en que viajaba enfrentan un juicio en libertad.
El pasado 3 de abril, los niños Bryan y Martín Almanza, de 5 y 9 años, murieron luego de que efectivos del Ejército dispararan contra la camioneta en la que viajaban en Tamaulipas, según versión de los familiares. La milicia acusó a sicarios de los homicidios.
Ven impunidad
La justicia castrense es impune desde que los jueces y magistrados son subalternos en el sistema de jerarquías, estimó Francisco Torres, abogado que litiga en tribunales militares.
"Tú como militar procesado le puedes hacer un oficio al Secretario de la Defensa fuera de todo el proceso diciéndole que se enfrenta un juicio. Desde el primer momento se acepta la culpa a cambio de ser exonerado o que se disminuya la sentencia. Así, el Secretario tiene la facultad de ordenar al juez de cancelar el juicio", explicó el litigante.
Torres, quien defiende a militares por abusos de sus mandos, sugirió reformar el sistema de justicia militar y eliminar las facultades al Secretario de nombrar, por ejemplo, a los jueces.
"Eso ya los hace vulnerables, les amarra las manos para impartir justicia. Todos los juicios pasan por el Secretario para conocer su opinión. Si el Secretario ordena absolver o condenar eso se hace", afirmó.
En tanto, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", opinó que los militares deben ser juzgados por autoridades civiles cuando agredan a civiles.
En el marco de esta situación, el Senado de la República avaló el 27 de abril la Ley de Seguridad Nacional que pretende regular la labor de las Fuerzas Armadas en las calles.
La ley, que se discute en la Cámara de Diputados, ha sido objetada por militares, quienes cuestionan, entre otras cosas, que a las autoridades civiles locales se les otorgue la facultad de emitir la declaratoria de afectación a la seguridad interior, y por lo tanto, el despliegue de tropas.
Benito Jiménez, Reforma, 12 de mayo.
Mientras que en 2007 las quejas contra los soldados que participan en operativos contra el narcotráfico alcanzó los 376 reclamos, para 2008 la cifra se triplicó a mil 143 y en 2009 se cuadruplicó a mil 644 quejas.
Sólo en el primer trimestre de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya acumuló 389 quejas, más que todas las reportadas cada año de 2000 a 2007.
Las 3 mil 176 quejas, que ya suma el Ejército en la Administración del Presidente Felipe Calderón, no se refleja en los procesos judiciales de sus soldados, inculpados por tortura, violación, homicidio, allanamiento de morada, pillaje y retenciones ilegales.
Actualmente sólo 40 militares enfrentan un proceso penal dentro de la cárcel por abusos y otros 55 efectivos están involucrados en 37 averiguaciones previas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
Cuatro militares han sido sentenciados por el caso Castaños en Coahuila en 2006, donde una veintena de soldados fueron acusados de violación tumultuaria al abusar sexualmente de 14 prostitutas.
Los 19 militares involucrados en la muerte de dos mujeres y tres niños en la comunidad La Joya de los Martínez, en Sinaloa, en junio de 2007, aún no reciben sentencia.
Según sus familiares, fueron atacados por los militares de un puesto de control luego de que el conductor de la unidad no pudiera frenar ante los señalamientos de los soldados.
Tampoco han sido castigados con una pena carcelaria los militares que dispararon contra Gabriela Arzate Contreras, de 22 años, y quien se encontraba embarazada, en diciembre de 2008, en un retén de Aldama, Chihuahua. La Sedena justificó el hecho diciendo que la víctima desatendió la indicación de detenerse.
En junio de 2009, Bonfilio Rubio, indígena de 29 años, fue asesinado por militares en un retén ubicado en Guerrero. Los militares que dispararon contra el camión en que viajaba enfrentan un juicio en libertad.
El pasado 3 de abril, los niños Bryan y Martín Almanza, de 5 y 9 años, murieron luego de que efectivos del Ejército dispararan contra la camioneta en la que viajaban en Tamaulipas, según versión de los familiares. La milicia acusó a sicarios de los homicidios.
Ven impunidad
La justicia castrense es impune desde que los jueces y magistrados son subalternos en el sistema de jerarquías, estimó Francisco Torres, abogado que litiga en tribunales militares.
"Tú como militar procesado le puedes hacer un oficio al Secretario de la Defensa fuera de todo el proceso diciéndole que se enfrenta un juicio. Desde el primer momento se acepta la culpa a cambio de ser exonerado o que se disminuya la sentencia. Así, el Secretario tiene la facultad de ordenar al juez de cancelar el juicio", explicó el litigante.
Torres, quien defiende a militares por abusos de sus mandos, sugirió reformar el sistema de justicia militar y eliminar las facultades al Secretario de nombrar, por ejemplo, a los jueces.
"Eso ya los hace vulnerables, les amarra las manos para impartir justicia. Todos los juicios pasan por el Secretario para conocer su opinión. Si el Secretario ordena absolver o condenar eso se hace", afirmó.
En tanto, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", opinó que los militares deben ser juzgados por autoridades civiles cuando agredan a civiles.
En el marco de esta situación, el Senado de la República avaló el 27 de abril la Ley de Seguridad Nacional que pretende regular la labor de las Fuerzas Armadas en las calles.
La ley, que se discute en la Cámara de Diputados, ha sido objetada por militares, quienes cuestionan, entre otras cosas, que a las autoridades civiles locales se les otorgue la facultad de emitir la declaratoria de afectación a la seguridad interior, y por lo tanto, el despliegue de tropas.
Benito Jiménez, Reforma, 12 de mayo.
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