Relatores y expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenaron en Ginebra, Suiza, los asesinatos de la defensora Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el observador internacional Jyri Antero Jaakkola, cometidos en San Juan Copala, Oaxaca.
Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, aseveró que éstos “continúan haciendo frente a graves amenazas contra sus vidas en México a consecuencia de su trabajo (...) incluidas las mujeres y quienes trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas”. Insistió: “estamos profundamente preocupados”.
Philip Alston, relator especial sobre las ejecuciones sumarias extrajudiciales o arbitrarias, sostuvo que “la situación en México es extremadamente compleja y nadie puede poner en duda la gravedad de los desafíos a los que se enfrenta el gobierno en su lucha contra los cárteles de la droga”.
Sin embargo, subrayó, “no hay justificación para no tomar las medidas necesarias cuando defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinados. No se puede permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”.
James Anaya, relator especial sobre libertades y derechos fundamentales de los pueblos indígenas, dijo que “el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en la comunidad de San Juan Copala durante los últimos meses está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad triqui”.
El relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, exhortó “a las autoridades mexicanas a proteger el derecho a la vida y a garantizar la libertad de opinión y de expresión, tal como se considera en los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Los expertos de la ONU hicieron un llamado al gobierno mexicano “a tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca a consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades”.
Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, aseveró que éstos “continúan haciendo frente a graves amenazas contra sus vidas en México a consecuencia de su trabajo (...) incluidas las mujeres y quienes trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas”. Insistió: “estamos profundamente preocupados”.
Philip Alston, relator especial sobre las ejecuciones sumarias extrajudiciales o arbitrarias, sostuvo que “la situación en México es extremadamente compleja y nadie puede poner en duda la gravedad de los desafíos a los que se enfrenta el gobierno en su lucha contra los cárteles de la droga”.
Sin embargo, subrayó, “no hay justificación para no tomar las medidas necesarias cuando defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinados. No se puede permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”.
James Anaya, relator especial sobre libertades y derechos fundamentales de los pueblos indígenas, dijo que “el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en la comunidad de San Juan Copala durante los últimos meses está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad triqui”.
El relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, exhortó “a las autoridades mexicanas a proteger el derecho a la vida y a garantizar la libertad de opinión y de expresión, tal como se considera en los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Los expertos de la ONU hicieron un llamado al gobierno mexicano “a tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca a consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades”.
La Jornada, 13 de mayo.
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