La Secretaría de Gobernación aseguró ayer que desde el 15 de enero pasado notificó al PRD sobre la apertura de una averiguación previa en contra de Gregorio Sánchez Martínez, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud en su modalidad de fomento.
La dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont rechazó que las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) obedezcan “a criterios de afiliación o simpatía política”, como afirmó el líder nacional perredista Jesús Ortega.
En tanto, a las 12:00 horas de ayer, el actual candidato del la alianza PRD-PT-Convergencia al gobierno de Quintana Roo, Greg Sánchez Martínez, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, a donde fue trasladado por agentes federales, en espera de que sea determinada su situación jurídica.
Por su lado, la PGR afirmó que la indagatoria contra Greg se inició con base en una denuncia anónima, apoyada luego en reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en torno a la conducta de quien en ese momento no era candidato a gobernador de aquella entidad.
Por medio de su vocero, Ricardo Nájera Herrera, la PGR explicó que los expertos de esa Unidad de Inteligencia “detectaron diferencias entre los ingresos declarados y los percibidos por Sánchez Martínez”.
Detalló que la SHCP encontró que Greg Sánchez “declaró ingresos máximos por un millón 536 mil dólares, pero realizó retiros por dos millones 469 mil dólares”.
Esos recursos, precisó el funcionario, ingresaron a varias cuentas bancarias y después, al ser retirados, se dejaron huellas cuyo rastreo llevó a las autoridades financieras a presumir que ahora candidato realizaba operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nájera Herrera resaltó que “no hubo sorpresa o motivación política” en la detención, como lo demuestra el hecho de que el propio Greg acudió de manera voluntaria a declarar, en calidad de testigo, ante el Ministerio Público Federal, el 3 de mayo pasado, como parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010.
En aquella diligencia, precisó el funcionario, Sánchez Martínez negó los cargos y se acogió a su derecho constitucional de declarar por escrito.
Posteriormente, continuó Nájera Herrera, el Ministerio Público esperó el plazo que le marca la ley, pero el ahora candidato a gobernador no se presentó y, por tanto, “nunca justificó el manejo de recursos que hizo y tampoco el origen licito del dinero manejaba”.
Por otra parte, cabe destacar que –según la PGR— testigos protegidos testificaron en contra de Greg Sánchez y le imputaron una relación directa con Los Zetas del Cártel del Golfo.
RECHAZo. Por su parte, la Secretaría de Gobernación rechazó asimismo las afirmaciones del dirigente del PRD, Jesús Ortega, quien acusó a la dependencia de orquestar por motivos políticos la detención de Greg Sánchez.
Aseguró que en enero pasado, cuando el también alcalde con licencia de Benito Júarez (Cancún) aún no era registrado como candidato al gobierno de Quintana Roo, se le notificó al PRD sobre el inicio de la averiguación previa en contra de este político.
En un comunicado, la Segob explicó que en enero la PGR le solicitó informar al PRD “sobre la existencia de una indagatoria en contra de uno de sus militantes”.
Al hacer la notificación, la Secretaría de Gobernación aclaró al PRD que “el gobierno federal es respetuoso de los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos, y en este caso no sería la excepción”.
“Tal y como se expresó en esos encuentros, la Secretaría de Gobernación reitera su absoluto respeto a las estrategias legales y definiciones políticas que cada partido o coalición electoral adopten, conforme a la autonomía que nuestro sistema constitucional le reconoce”, añadió el comunicado.
Agregó que las indagatorias que realiza la PGR “no tienen criterios de afiliación o simpatía política alguna, y se centran exclusivamente en la conducta personal del indiciado y, en su momento, las autoridades del Poder Judicial serán las que determinarán si se constituye un delito”.
Luciano Franco, La Crónica, 27 de mayo.
La dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont rechazó que las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) obedezcan “a criterios de afiliación o simpatía política”, como afirmó el líder nacional perredista Jesús Ortega.
En tanto, a las 12:00 horas de ayer, el actual candidato del la alianza PRD-PT-Convergencia al gobierno de Quintana Roo, Greg Sánchez Martínez, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, a donde fue trasladado por agentes federales, en espera de que sea determinada su situación jurídica.
Por su lado, la PGR afirmó que la indagatoria contra Greg se inició con base en una denuncia anónima, apoyada luego en reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en torno a la conducta de quien en ese momento no era candidato a gobernador de aquella entidad.
Por medio de su vocero, Ricardo Nájera Herrera, la PGR explicó que los expertos de esa Unidad de Inteligencia “detectaron diferencias entre los ingresos declarados y los percibidos por Sánchez Martínez”.
Detalló que la SHCP encontró que Greg Sánchez “declaró ingresos máximos por un millón 536 mil dólares, pero realizó retiros por dos millones 469 mil dólares”.
Esos recursos, precisó el funcionario, ingresaron a varias cuentas bancarias y después, al ser retirados, se dejaron huellas cuyo rastreo llevó a las autoridades financieras a presumir que ahora candidato realizaba operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nájera Herrera resaltó que “no hubo sorpresa o motivación política” en la detención, como lo demuestra el hecho de que el propio Greg acudió de manera voluntaria a declarar, en calidad de testigo, ante el Ministerio Público Federal, el 3 de mayo pasado, como parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010.
En aquella diligencia, precisó el funcionario, Sánchez Martínez negó los cargos y se acogió a su derecho constitucional de declarar por escrito.
Posteriormente, continuó Nájera Herrera, el Ministerio Público esperó el plazo que le marca la ley, pero el ahora candidato a gobernador no se presentó y, por tanto, “nunca justificó el manejo de recursos que hizo y tampoco el origen licito del dinero manejaba”.
Por otra parte, cabe destacar que –según la PGR— testigos protegidos testificaron en contra de Greg Sánchez y le imputaron una relación directa con Los Zetas del Cártel del Golfo.
RECHAZo. Por su parte, la Secretaría de Gobernación rechazó asimismo las afirmaciones del dirigente del PRD, Jesús Ortega, quien acusó a la dependencia de orquestar por motivos políticos la detención de Greg Sánchez.
Aseguró que en enero pasado, cuando el también alcalde con licencia de Benito Júarez (Cancún) aún no era registrado como candidato al gobierno de Quintana Roo, se le notificó al PRD sobre el inicio de la averiguación previa en contra de este político.
En un comunicado, la Segob explicó que en enero la PGR le solicitó informar al PRD “sobre la existencia de una indagatoria en contra de uno de sus militantes”.
Al hacer la notificación, la Secretaría de Gobernación aclaró al PRD que “el gobierno federal es respetuoso de los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos, y en este caso no sería la excepción”.
“Tal y como se expresó en esos encuentros, la Secretaría de Gobernación reitera su absoluto respeto a las estrategias legales y definiciones políticas que cada partido o coalición electoral adopten, conforme a la autonomía que nuestro sistema constitucional le reconoce”, añadió el comunicado.
Agregó que las indagatorias que realiza la PGR “no tienen criterios de afiliación o simpatía política alguna, y se centran exclusivamente en la conducta personal del indiciado y, en su momento, las autoridades del Poder Judicial serán las que determinarán si se constituye un delito”.
Luciano Franco, La Crónica, 27 de mayo.
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