La dirección política del PRD sostuvo que tras la detención del candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, subyace “un claro tinte político”, y determinó enviar a esa entidad un grupo de trabajo que evalúe la estrategia electoral a seguir en los próximos días.
Martha Dalia Gastélum, secretaría general del partido del sol azteca, fue designada por la Comisión Política Nacional para encabezar un grupo integrado por representantes de las corrientes que conforman el perredismo, con objeto de operar las acciones de respaldo al detenido, vinculado por las autoridades federales a la delincuencia organizada.
También la Comisión Política Nacional consideró inviable que a cinco semanas de los comicios en Quintana Roo cambie de candidato, porque impera el criterio esgrimido por los consejeros electorales del IFE referente a que el detenido mantiene sus derechos políticos con la opción de votar y ser votado.
El “control de daños”, como se denominó a la estrategia que los perredistas seguirán en Quintana Roo, fue precedido por la decisión de la Comisión Política Nacional de impulsar la defensa de Gregorio Sánchez a través del despacho de Alonso Aguilar Zinser.
Entre las acciones jurídicas que impulsará el abogado con el aval de los perredistas destaca el recurso que interpondrá en el Consejo de la Judicatura, contra el juez segundo de distrito de procesos penales federales con sede en Tepic, Nayarit, Carlos Alberto Elorza. Este fue el mismo que concedió a la PGR la orden de arresto contra los funcionarios municipales y estatales de Michoacán.
Martha Dalia Gastélum, secretaría general del partido del sol azteca, fue designada por la Comisión Política Nacional para encabezar un grupo integrado por representantes de las corrientes que conforman el perredismo, con objeto de operar las acciones de respaldo al detenido, vinculado por las autoridades federales a la delincuencia organizada.
También la Comisión Política Nacional consideró inviable que a cinco semanas de los comicios en Quintana Roo cambie de candidato, porque impera el criterio esgrimido por los consejeros electorales del IFE referente a que el detenido mantiene sus derechos políticos con la opción de votar y ser votado.
El “control de daños”, como se denominó a la estrategia que los perredistas seguirán en Quintana Roo, fue precedido por la decisión de la Comisión Política Nacional de impulsar la defensa de Gregorio Sánchez a través del despacho de Alonso Aguilar Zinser.
Entre las acciones jurídicas que impulsará el abogado con el aval de los perredistas destaca el recurso que interpondrá en el Consejo de la Judicatura, contra el juez segundo de distrito de procesos penales federales con sede en Tepic, Nayarit, Carlos Alberto Elorza. Este fue el mismo que concedió a la PGR la orden de arresto contra los funcionarios municipales y estatales de Michoacán.
Roberto Garduño, La Jornada, 29 de mayo.
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