Sin embargo, el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego Estrada, denunció que algunos mandatarios estatales han preferido dar prioridad a las elecciones que se celebrarán en sus estados, pues así se lo han manifestado, indicándole que le pasarán la estafeta a sus sucesores para que se cumpla con lo pactado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto de 2008, en Palacio Nacional.
Mientras otros, agregó, realmente no les importa poner en marcha este nuevo modelo de justicia penal.
Durante el Segundo Foro Político Seguridad y Justicia, los mandatarios de los estados de México y Nuevo León, Enrique Peña Nieto y Rodrigo Medina de la Cruz, respectivamente, además del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se pronunciaron por mayores recursos para cristalizar dicha reforma.
El mandatario nuevoleonés señaló que dicho proyecto requiere de presupuesto, pues, como dice su amiga la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, “el cariño que no se refleja en la nómina no es cariño, es demagogia”.
A pesar de ello, aseguró que en su estado han avanzado paulatinamente, impulsando desde las aulas universitarias el nuevo sistema acusatorio adversarial.
El gobernador Peña Nieto mencionó que la reforma aprobada en 2008 es de alto impacto y de gran importancia que compromete no sólo a los estados y a la Federación, pero subrayó que eso no bastará mientras no se incluya a la sociedad en este nuevo modelo de justicia penal.
Marcelo Ebrard expresó que una reforma de este tamaño necesita recursos, pues se tienen que construir salas para los juicios orales, además de multiplicar el número de jueces no sólo en materia penal.
“Tener los recursos programados para que este esfuerzo, que efectivamente nos va a llevar varios años, tenga certidumbre presupuestal, porque si no nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado con otras reformas: se sobredimensionan las expectativas de las reformas, se plantean casi como una panacea; no necesariamente va a ocurrir lo que suponemos al principio que va a ocurrir o no puede garantizar esa reforma ese ciento por ciento”, manifestó.
El gobernador Morelos, Marco Antonio Adame, señaló que no se puede sucumbir ante la delincuencia, por lo que no se puede echar atrás en lo que se ha avanzado.
Críticas al Ejecutivo federal
••• El ex gobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz, arremetió contra el Ejecutivo Federal, al asegurar que es el poder con mayor rezago en la aplicación de la reforma constitucional, luego de que ésta fue aprobada hace dos años por el Congreso de la Unión.
El también impulsor de la reforma en materia penal, aseguró que el Poder Ejecutivo no ha hecho nada para poner en marcha el proceso de reestructuración del Ministerio Público federal.
Hizo votos para que la figura del arraigo, que hoy tiene carácter de constitucional, se retirada de la Carta Magna, pues ésta sólo debe corresponder a la situación difícil que estamos atravesando, en donde no existen agentes del Ministerio Público Federal preparados para la investigación, ni una policía eficiente.
México • Rubén Mosso, Milenio, 26 de mayo.
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