Gregorio Sánchez Martínez, alcalde con licencia de Cancún y candidato a gobernador de la alianza Todos por Quintana Roo (PRD, PT y Convergencia), rechazó ser responsable de lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos contra la salud, de los que lo acusa la Procuraduría General de la República (PGR).
Frente al juez Carlos Elorza, quien a más tardar el próximo martes determinará la situación jurídica del candidato perredista, Greg Sánchez dijo que las imputaciones que enfrenta no tienen motivación legal, sino de otra naturaleza, sobre la que no abundó, revelaron ayer fuentes jurídicas presentes en la diligencia.
Tras la rejilla de prácticas del juzgado segundo de distrito de procesos penales en Nayarit, al rendir su declaración, Gregorio Sánchez pidió la duplicidad del término constitucional (de 72 a 144 horas) para aportar pruebas encaminadas a demostrar su inocencia.
La diligencia, indicaron los informantes, dio inicio a las 20 horas del miércoles y concluyó alrededor de la 1:15 de la madrugada de ayer. En ella, Sánchez Martínez fue enterado por el personal del juzgado de las imputaciones que existen en su contra y quién las formula.
La noche del martes pasado, la Policía Federal Ministerial arrestó a Gregorio Sánchez en el aeropuerto internacional de Cancún, con base en una orden de aprehensión librada por los cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.
La investigación está basada en la declaración de tres testigos protegidos, una denuncia anónima y un documento expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Uno de los testigos, identificado con el sobrenombre de Pitufo, ha declarado en otras averiguaciones previas, entre ellas la que se abrió contra el ex comandante de la Policía Federal Javier Herrera Valles, preso en el penal federal de El Rincón, en Nayarit, donde está detenido Sánchez Martínez.
El Pitufo es un ex sicario de Los Zetas que, tras ser detenido en 2009, se acogió a los beneficios que le concede la ley federal contra la delincuencia organizada a los testigos colaboradores de la PGR, entre los cuales destaca la posibilidad de recibir penas mínimas.
Al político quintanarroense le imputan vínculos con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas. Mientras esté vigente la orden de aprehensión y, más aún, si se le dicta en los próximos días la formal prisión, sus derechos políticos permanecerán suspendidos, según ordena el artículo 38 constitucional.
En marzo de 2009 fueron detenidos varios colaboradores cercanos de Gregorio Sánchez por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos Francisco Javier Delgado, ex director de seguridad pública de Cancún.
Esos arrestos se dieron tras el asesinato del general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones (quien se desempeñó como asesor del entonces edil hasta que fue ejecutado el pasado 3 de febrero) a manos de un comando armado de Los Zetas.
Frente al juez Carlos Elorza, quien a más tardar el próximo martes determinará la situación jurídica del candidato perredista, Greg Sánchez dijo que las imputaciones que enfrenta no tienen motivación legal, sino de otra naturaleza, sobre la que no abundó, revelaron ayer fuentes jurídicas presentes en la diligencia.
Tras la rejilla de prácticas del juzgado segundo de distrito de procesos penales en Nayarit, al rendir su declaración, Gregorio Sánchez pidió la duplicidad del término constitucional (de 72 a 144 horas) para aportar pruebas encaminadas a demostrar su inocencia.
La diligencia, indicaron los informantes, dio inicio a las 20 horas del miércoles y concluyó alrededor de la 1:15 de la madrugada de ayer. En ella, Sánchez Martínez fue enterado por el personal del juzgado de las imputaciones que existen en su contra y quién las formula.
La noche del martes pasado, la Policía Federal Ministerial arrestó a Gregorio Sánchez en el aeropuerto internacional de Cancún, con base en una orden de aprehensión librada por los cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.
La investigación está basada en la declaración de tres testigos protegidos, una denuncia anónima y un documento expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Uno de los testigos, identificado con el sobrenombre de Pitufo, ha declarado en otras averiguaciones previas, entre ellas la que se abrió contra el ex comandante de la Policía Federal Javier Herrera Valles, preso en el penal federal de El Rincón, en Nayarit, donde está detenido Sánchez Martínez.
El Pitufo es un ex sicario de Los Zetas que, tras ser detenido en 2009, se acogió a los beneficios que le concede la ley federal contra la delincuencia organizada a los testigos colaboradores de la PGR, entre los cuales destaca la posibilidad de recibir penas mínimas.
Al político quintanarroense le imputan vínculos con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas. Mientras esté vigente la orden de aprehensión y, más aún, si se le dicta en los próximos días la formal prisión, sus derechos políticos permanecerán suspendidos, según ordena el artículo 38 constitucional.
En marzo de 2009 fueron detenidos varios colaboradores cercanos de Gregorio Sánchez por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos Francisco Javier Delgado, ex director de seguridad pública de Cancún.
Esos arrestos se dieron tras el asesinato del general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones (quien se desempeñó como asesor del entonces edil hasta que fue ejecutado el pasado 3 de febrero) a manos de un comando armado de Los Zetas.
Alfredo Méndez, La Jornada, 28 de mayo.
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