Grupo Salinas acusó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, de promover “ilegalidades”, al ordenar que se continúe con el proceso de licitación del espectro, en desacato a resoluciones judiciales dictadas en recursos de impugnación contra este concurso.
Ante esto, la empresa mencionó que pedirá que se investigue a funcionarios adscritos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la SCT por incurrir en responsabilidades como los servidores públicos.
En respuesta, la SCT afirmó que la sentencia de juicio de amparo dictada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la que Iusacell impugnó las bases de licitación “no representa una resolución para suspender o cancelar dichas licitaciones, por lo que éstas continuarán conforme a lo previsto en las propias bases”.
Expresó que el gobierno, a través de la Cofetel, hará valer los medios de impugnación que tenga a su alcance en este proceso judicial, “con acato respetuoso de las determinaciones que el poder judicial de la federación emita al respecto”. La dependencia destacó que la sentencia de amparo constituye la primera instancia, por lo que está sujeta al recurso de revisión que oportunamente se hará valer.
Grupo Salinas advirtió que recurrirá a todas las instancias legales a su alcance para hacer valer sus derechos y dijo confiar plenamente en que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación hará que se cumpla con la Ley.
La empresa consideró que ahora el futuro de las telecomunicaciones está en manos de la Suprema Corte de Justicia.
Francisco Borrego, director jurídico de Grupo Salinas, dijo que “una autoridad razonable”, ya habría suspendido la licitación del espectro.
Dijo que se otorgaron medidas cautelares a la empresa Iusacell en dos recursos promovidos, por las cuales, se impide a la Comisión Federal de Telecomunicaciones dar el fallo de la licitación, cuando sea el caso, y que no aplique a esta empresa los límites de acumulación del espectro fijados.
Señaló que aunque estas resoluciones son en primera instancia, pero las sentencias tardan alrededor de 2 a 3 meses, plazo en el que se prevé que concluyan las rondas de ofertas económicas en la licitación.
Ante esto, la empresa mencionó que pedirá que se investigue a funcionarios adscritos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la SCT por incurrir en responsabilidades como los servidores públicos.
En respuesta, la SCT afirmó que la sentencia de juicio de amparo dictada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la que Iusacell impugnó las bases de licitación “no representa una resolución para suspender o cancelar dichas licitaciones, por lo que éstas continuarán conforme a lo previsto en las propias bases”.
Expresó que el gobierno, a través de la Cofetel, hará valer los medios de impugnación que tenga a su alcance en este proceso judicial, “con acato respetuoso de las determinaciones que el poder judicial de la federación emita al respecto”. La dependencia destacó que la sentencia de amparo constituye la primera instancia, por lo que está sujeta al recurso de revisión que oportunamente se hará valer.
Grupo Salinas advirtió que recurrirá a todas las instancias legales a su alcance para hacer valer sus derechos y dijo confiar plenamente en que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación hará que se cumpla con la Ley.
La empresa consideró que ahora el futuro de las telecomunicaciones está en manos de la Suprema Corte de Justicia.
Francisco Borrego, director jurídico de Grupo Salinas, dijo que “una autoridad razonable”, ya habría suspendido la licitación del espectro.
Dijo que se otorgaron medidas cautelares a la empresa Iusacell en dos recursos promovidos, por las cuales, se impide a la Comisión Federal de Telecomunicaciones dar el fallo de la licitación, cuando sea el caso, y que no aplique a esta empresa los límites de acumulación del espectro fijados.
Señaló que aunque estas resoluciones son en primera instancia, pero las sentencias tardan alrededor de 2 a 3 meses, plazo en el que se prevé que concluyan las rondas de ofertas económicas en la licitación.
Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 26 de mayo.
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