La licitación del par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está planteada en forma ilegal, aseguró Iusatel, empresa de Grupo Salinas.
Explicó que esta ilegalidad se basa en la intención de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) de asignar el aprovechamiento y explotación de esta infraestructura mediante la celebración de contratos de uso temporal licitados por esta dependencia, sin ningún fundamento.
Para la empresa de Grupo Salinas, al tratarse de un bien nacional sujeto al régimen de dominio público de la federación, para explotar la red se requiere de una concesión otorgada con fundamento en la Ley General de Bienes Nacionales por la Secretaría de la Función Pública.
Iusatel destacó que el título de concesión de la CFE menciona la provisión de servicios sobre bases de exclusividad.
“Al licitarse el uso exclusivo de tres rutas de la red de fibra, se está violando frontalmente la concesión de CFE”, sostuvo.
Hoy viernes 14, la SCT debe entregar las constancias de participación o de no participación a los dos únicos grupos que cumplieron con dar la información para participar en este concurso: Iusatel y el consorcio formado por Televisa, Telefónica y la empresa Megacable.
Iusatel dijo que la SCT decidió que esta empresa no continué en el proceso bajo el argumento de que no cumplió con la entrega de un formato completo en el que tendría que haber manifestado su conformidad con las bases de licitación.
La compañía señaló que las bases de licitación no contemplan de manera específica la falta, o deficiencia, en la entrega de un formato como causal para negar la constancia de participación en el concurso.
Agregó que los elementos que se usan para calificar a los interesados, como la capacidad jurídica, técnica y financiera, que señalan las bases de licitación, no guardan relación con este tipo de formatos.
Iusatel alegó que el artículo 134 Constitucional establece que el incumplimiento o deficiencia en el contenido de cualquier requisito que no afecte la solvencia de las propuestas no serán objeto de evaluación, por lo que estos no son un motivo de descalificación.
El formato no sólo es irrelevante sino ilegal, porque pretende coartar el ejercicio de derechos de Iusatel, como la impugnación al contenido de las bases.
“Negar la constancia de participación a Iusatel resultaría en un exceso por parte de la SCT carente de fundamentación y motivación algunas”, sostuvo.
Ramiro Tovar Landa, investigador y académico del ITAM, consideró que si Iusatel queda fuera de esta licitación entonces no habrá competencia y no se obtendrá el mayor pago posible, por lo que al ir esto en detrimento de la Nación, el proceso debería declararse desierto.
Explicó que esta ilegalidad se basa en la intención de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) de asignar el aprovechamiento y explotación de esta infraestructura mediante la celebración de contratos de uso temporal licitados por esta dependencia, sin ningún fundamento.
Para la empresa de Grupo Salinas, al tratarse de un bien nacional sujeto al régimen de dominio público de la federación, para explotar la red se requiere de una concesión otorgada con fundamento en la Ley General de Bienes Nacionales por la Secretaría de la Función Pública.
Iusatel destacó que el título de concesión de la CFE menciona la provisión de servicios sobre bases de exclusividad.
“Al licitarse el uso exclusivo de tres rutas de la red de fibra, se está violando frontalmente la concesión de CFE”, sostuvo.
Hoy viernes 14, la SCT debe entregar las constancias de participación o de no participación a los dos únicos grupos que cumplieron con dar la información para participar en este concurso: Iusatel y el consorcio formado por Televisa, Telefónica y la empresa Megacable.
Iusatel dijo que la SCT decidió que esta empresa no continué en el proceso bajo el argumento de que no cumplió con la entrega de un formato completo en el que tendría que haber manifestado su conformidad con las bases de licitación.
La compañía señaló que las bases de licitación no contemplan de manera específica la falta, o deficiencia, en la entrega de un formato como causal para negar la constancia de participación en el concurso.
Agregó que los elementos que se usan para calificar a los interesados, como la capacidad jurídica, técnica y financiera, que señalan las bases de licitación, no guardan relación con este tipo de formatos.
Iusatel alegó que el artículo 134 Constitucional establece que el incumplimiento o deficiencia en el contenido de cualquier requisito que no afecte la solvencia de las propuestas no serán objeto de evaluación, por lo que estos no son un motivo de descalificación.
El formato no sólo es irrelevante sino ilegal, porque pretende coartar el ejercicio de derechos de Iusatel, como la impugnación al contenido de las bases.
“Negar la constancia de participación a Iusatel resultaría en un exceso por parte de la SCT carente de fundamentación y motivación algunas”, sostuvo.
Ramiro Tovar Landa, investigador y académico del ITAM, consideró que si Iusatel queda fuera de esta licitación entonces no habrá competencia y no se obtendrá el mayor pago posible, por lo que al ir esto en detrimento de la Nación, el proceso debería declararse desierto.
Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 14 de mayo.
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