Representantes del Estado Mexicano negaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la mujer tlapaneca Valentina Rosendo Cantú haya sido violada por militares en 2002 en Ayutla de los Libres, estado de Guerrero.
"El Gobierno no aceptó que fueron los militares los que abusaron de mí, y no supe qué hacer porque ellos saben que sí fue así, pero no lo quieren aceptar.
"Es una falta de respeto que el Gobierno vino a sentarse ahí nomás y que no me cree, dicen que no existe tal prueba, yo estoy diciendo la verdad", dijo en entrevista Valentina a REFORMA.
Durante la audiencia celebrada dentro del 87 período de sesiones en San José, Costa Rica, Valentina, de 26 años, dio su testimonio de manera privada en la primera etapa de la sesión, pues el Tribunal considera que cuando se trata de una víctima de violación sexual, se deben adoptar las medidas para reducir al máximo el riesgo de una revictimización.
Relató que el 16 de febrero del 2002, mientras lavaba ropa en el río, llegaron 8 soldados con una persona atada de las manos. Dos de ellos le preguntaron por los hombres "encapuchados". Cuando respondió que no los conocía, la apuntaron con sus armas y amenazaron. Le enseñaron una fotografía y una lista con 11 nombres. Al responder que no conocía a nadie, un soldado la golpeó en el estómago con su rifle, haciéndola caer al suelo. Ante la mirada del resto de los soldados, dos de ellos la violaron.
Además de relatar los hechos, Valentina exigió al Estado mexicano que la deje vivir en paz con su hija, y que cesen el acoso y las amenazas en su contra, que la han obligado a dejar el Estado de Guerrero para garantizar su seguridad.
"Que agarren a los militares que abusaron de mí, que lo acepte el Gobierno y que ya no me manden gente para que me vigile, para que me tome fotos o me persiga, eso es lo que yo pido al Gobierno, que ya me deje en paz, porque yo no he hecho nada, y así para poder seguir adelante con mi hija y poder trabajar", comentó Valentina.
Como parte de la defensa de Valentina comparecieron como testigo, el Visitador General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, Hipólito Lugo Cortes, y en calidad de perita, la abogada y experta internacional en asuntos de género y derechos de las mujeres, Roxana Arroyo.
Mario Patrón, abogado de Valentina, explicó que al desahogar estas tres pruebas -el testimonio de Valentina y del testigo, así como el peritaje- la defensa fortaleció la versión que establecen en el expediente ante la Corte, en términos de que varios derechos de Valentina Rosendo han sido violados.
"Valentina fue víctima de una triple discriminación: por ser mujer, por ser indígena y también por ser una menor de edad", dijo el abogado.
El Estado mexicano aceptó que ha violado el derecho a la niñez de Valentina, el derecho a la integridad psicológica y no haber investigado a fondo el caso. Sin embargo, no aceptó que se haya cometido la violación sexual y que ésta haya sido cometido por elementos del Ejército.
"El Gobierno no aceptó que fueron los militares los que abusaron de mí, y no supe qué hacer porque ellos saben que sí fue así, pero no lo quieren aceptar.
"Es una falta de respeto que el Gobierno vino a sentarse ahí nomás y que no me cree, dicen que no existe tal prueba, yo estoy diciendo la verdad", dijo en entrevista Valentina a REFORMA.
Durante la audiencia celebrada dentro del 87 período de sesiones en San José, Costa Rica, Valentina, de 26 años, dio su testimonio de manera privada en la primera etapa de la sesión, pues el Tribunal considera que cuando se trata de una víctima de violación sexual, se deben adoptar las medidas para reducir al máximo el riesgo de una revictimización.
Relató que el 16 de febrero del 2002, mientras lavaba ropa en el río, llegaron 8 soldados con una persona atada de las manos. Dos de ellos le preguntaron por los hombres "encapuchados". Cuando respondió que no los conocía, la apuntaron con sus armas y amenazaron. Le enseñaron una fotografía y una lista con 11 nombres. Al responder que no conocía a nadie, un soldado la golpeó en el estómago con su rifle, haciéndola caer al suelo. Ante la mirada del resto de los soldados, dos de ellos la violaron.
Además de relatar los hechos, Valentina exigió al Estado mexicano que la deje vivir en paz con su hija, y que cesen el acoso y las amenazas en su contra, que la han obligado a dejar el Estado de Guerrero para garantizar su seguridad.
"Que agarren a los militares que abusaron de mí, que lo acepte el Gobierno y que ya no me manden gente para que me vigile, para que me tome fotos o me persiga, eso es lo que yo pido al Gobierno, que ya me deje en paz, porque yo no he hecho nada, y así para poder seguir adelante con mi hija y poder trabajar", comentó Valentina.
Como parte de la defensa de Valentina comparecieron como testigo, el Visitador General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, Hipólito Lugo Cortes, y en calidad de perita, la abogada y experta internacional en asuntos de género y derechos de las mujeres, Roxana Arroyo.
Mario Patrón, abogado de Valentina, explicó que al desahogar estas tres pruebas -el testimonio de Valentina y del testigo, así como el peritaje- la defensa fortaleció la versión que establecen en el expediente ante la Corte, en términos de que varios derechos de Valentina Rosendo han sido violados.
"Valentina fue víctima de una triple discriminación: por ser mujer, por ser indígena y también por ser una menor de edad", dijo el abogado.
El Estado mexicano aceptó que ha violado el derecho a la niñez de Valentina, el derecho a la integridad psicológica y no haber investigado a fondo el caso. Sin embargo, no aceptó que se haya cometido la violación sexual y que ésta haya sido cometido por elementos del Ejército.
Silvia Garduño, Reforma, 28 de mayo.
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