Aunque Amnistía Internacional considera un avance en materia de derechos humanos que la Suprema Corte de Justicia señalara a Ulises Ruiz como responsable de los abusos ocurridos en 2006 en Oaxaca, cuestionó que la fecha las autoridades no hayan tomado medidas para sancionar al Mandatario estatal.
"La Corte llegó a la conclusión de que se debían emprender acciones judiciales contra el Gobernador y otras altas autoridades del estado, pero no se adoptaron medidas en este sentido", señala el informe anual del organismo presentado ayer en la Ciudad de México.
En 2006, corporaciones federales y estatales actuaron contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
David Peña, abogado que coadyuva con Amnistía Internacional, dijo en la presentación del informe que el Congreso de la Unión ha faltado a su responsabilidad de llevar a juicio político al Gobernador oaxaqueño.
Peña acusó que por acuerdos políticos entre PRI y PAN, Ruiz no ha sido sancionado y peor aún, se siguen cometiendo violaciones graves a los derechos humanos en Oaxaca, como los recientes hechos ocurridos en Copala.
"Los pactos entre el PAN y el PRI han impedido que se ejerza esta resolución de la Corte.
"Esta irresponsabilidad del Congreso de la Unión al no asumir el juicio político y no destituir al Gobernador Ulises Ruiz por los pactos entre los partidos políticos ha llevado a casos extremos como el de San Juan Copala", dijo.
Refirió que la comunidad triqui de San Juan Copala está sumida en un fenómeno de violencia extrema provocada por grupos civiles armados que actúan con la complacencia de las autoridades estatales y federales.
"El Estado sigue sin responder. La responsabilidad en el caso San Juan Copala no sólo es del Gobernador Ulises Ruiz, es principalmente de su secretario de Gobierno, del Gobierno federal, pero también del Congreso.
"El Congreso ha tenido varias veces la posibilidad de sancionar al Gobernador y con base en estos acuerdos políticos se ha negado a hacerlo", reiteró.
En su informe, Amnistía Internacional cuestiona que la persona acusada de asesinar al periodista estadounidense Brad Will, Juan Manuel Martínez, siga encarcelado a pesar de que no existan pruebas en su contra y que las autoridades federales no hayan llevado a cabo una investigación completa y exhaustiva para identificar a los responsables.
En octubre de 2009, la Corte resolvió que Ruiz es responsable de la grave violación de garantías individuales durante el conflicto de 2006.
Los ministros resolvieron que Ruiz es culpable por omisión, al no proteger a la población ante los inconformes y ante los excesos en los operativos policiacos.
Ulises Ruiz es el segundo Gobernador señalado por la Corte desde la reforma judicial de 1995. El primero fue Rubén Figueroa, ex Mandatario de Guerrero, por la matanza de Aguas Blancas.
"La Corte llegó a la conclusión de que se debían emprender acciones judiciales contra el Gobernador y otras altas autoridades del estado, pero no se adoptaron medidas en este sentido", señala el informe anual del organismo presentado ayer en la Ciudad de México.
En 2006, corporaciones federales y estatales actuaron contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
David Peña, abogado que coadyuva con Amnistía Internacional, dijo en la presentación del informe que el Congreso de la Unión ha faltado a su responsabilidad de llevar a juicio político al Gobernador oaxaqueño.
Peña acusó que por acuerdos políticos entre PRI y PAN, Ruiz no ha sido sancionado y peor aún, se siguen cometiendo violaciones graves a los derechos humanos en Oaxaca, como los recientes hechos ocurridos en Copala.
"Los pactos entre el PAN y el PRI han impedido que se ejerza esta resolución de la Corte.
"Esta irresponsabilidad del Congreso de la Unión al no asumir el juicio político y no destituir al Gobernador Ulises Ruiz por los pactos entre los partidos políticos ha llevado a casos extremos como el de San Juan Copala", dijo.
Refirió que la comunidad triqui de San Juan Copala está sumida en un fenómeno de violencia extrema provocada por grupos civiles armados que actúan con la complacencia de las autoridades estatales y federales.
"El Estado sigue sin responder. La responsabilidad en el caso San Juan Copala no sólo es del Gobernador Ulises Ruiz, es principalmente de su secretario de Gobierno, del Gobierno federal, pero también del Congreso.
"El Congreso ha tenido varias veces la posibilidad de sancionar al Gobernador y con base en estos acuerdos políticos se ha negado a hacerlo", reiteró.
En su informe, Amnistía Internacional cuestiona que la persona acusada de asesinar al periodista estadounidense Brad Will, Juan Manuel Martínez, siga encarcelado a pesar de que no existan pruebas en su contra y que las autoridades federales no hayan llevado a cabo una investigación completa y exhaustiva para identificar a los responsables.
En octubre de 2009, la Corte resolvió que Ruiz es responsable de la grave violación de garantías individuales durante el conflicto de 2006.
Los ministros resolvieron que Ruiz es culpable por omisión, al no proteger a la población ante los inconformes y ante los excesos en los operativos policiacos.
Ulises Ruiz es el segundo Gobernador señalado por la Corte desde la reforma judicial de 1995. El primero fue Rubén Figueroa, ex Mandatario de Guerrero, por la matanza de Aguas Blancas.
Silvia Garduño, Reforma, 28 de mayo.
0 Responses to "Reprocha Amnistía negligencia ante Ruiz"
Publicar un comentario