Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) afirmaron que los derechos políticos del aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza PT, PRD y Convergencia, Gregorio Greg Sánchez siguen vigentes y puede votar y ser votado, en tanto no exista una sentencia judicial en su contra.
“El juez no le ha dado un auto de formal prisión a Gregorio Sánchez y posteriormente el Consejo Electoral de Quintana Roo debe dictaminar el retiro de la candidatura, por lo que él sigue siendo candidato”, explicó el consejero Arturo Sánchez.
En el mismo sentido, los consejeros Benito Nacif y Marco Antonio Baños dijeron que con base en la Constitución Greg Sánchez mantiene vigente su derecho de ser votado hasta que no se dicte auto de formal prisión en su contra, razón por la cual se mantiene como candidato.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Arturo Sánchez, presidente de la Comisión de Prerrogativas del IFE, recordó que la autoridad tiene 72 horas para resolver sobre el caso y posteriormente, le corresponde a las instancias electorales.
“El Consejo Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también deben pronunciarse sobre este caso”.
Destacó que el IFE puede hacer una revisión de las cuentas bancarias y fiduciarias de Greg Sánchez solamente si el Instituto Electoral de Quintana Roo hace la solicitud a su Unidad de Fiscalización, lo cual, todavía no ha sido gestionado.
“Si los consejeros de Quintana Roo quieren información harán la petición al contador Alfredo Cristalinas quien a su vez lo hará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, comentó Sánchez.
Precisó que la ley establece que el secreto bancario y fiduciario no aplica para el IFE, por lo que las solicitudes se harán a través de la Unidad de Fiscalización, que “puede tomar sus propias decisiones sobre el tema”.
Recordó que desde 1997 hay convenios suscritos entre el IFE y los institutos electorales locales para intercambiar información sobre actividades proselitistas, pero aclaró que en el caso de Sánchez, todavía no comenzaba su campaña.
Sobre la candidatura de Gregorio Sánchez, Antonio Baños refirió que con base en el Artículo 38 apartado II de la Constitución Política, una persona pierde sus derechos políticos cuando se le dicta auto de formal prisión. “Lo que no ha sucedido” en este caso.
Según la norma, los ciudadanos pierden sus prerrogativas “al estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”. Baños comentó que la suspensión de los derechos político electorales del ciudadano implica que ya no pueda votar ni ser votado.
Benito Nacif explicó que una vez que se dicta el auto de formal prisión, el juez competente notifica al IFE para que se proceda a la baja del padrón.
“Tras la notificación del juez, el IFE da de baja mientras se cumple con la sentencia, y una vez que esto sucede, se le rehabilita en el padrón electoral”.
Otra causal para suspender los derechos político electorales de un ciudadano es cuando el juez competente dicta sentencia al acusado.
Como precedente mencionó el caso del candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco, quien enfrenta un proceso penal por presunto desvío de recursos. Dijo que el TEPJF resolvió mantener su registro como abanderado bajo el argumento de que aún no se tenía sentencia condenatoria. (Notimex).
“El juez no le ha dado un auto de formal prisión a Gregorio Sánchez y posteriormente el Consejo Electoral de Quintana Roo debe dictaminar el retiro de la candidatura, por lo que él sigue siendo candidato”, explicó el consejero Arturo Sánchez.
En el mismo sentido, los consejeros Benito Nacif y Marco Antonio Baños dijeron que con base en la Constitución Greg Sánchez mantiene vigente su derecho de ser votado hasta que no se dicte auto de formal prisión en su contra, razón por la cual se mantiene como candidato.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Arturo Sánchez, presidente de la Comisión de Prerrogativas del IFE, recordó que la autoridad tiene 72 horas para resolver sobre el caso y posteriormente, le corresponde a las instancias electorales.
“El Consejo Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también deben pronunciarse sobre este caso”.
Destacó que el IFE puede hacer una revisión de las cuentas bancarias y fiduciarias de Greg Sánchez solamente si el Instituto Electoral de Quintana Roo hace la solicitud a su Unidad de Fiscalización, lo cual, todavía no ha sido gestionado.
“Si los consejeros de Quintana Roo quieren información harán la petición al contador Alfredo Cristalinas quien a su vez lo hará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, comentó Sánchez.
Precisó que la ley establece que el secreto bancario y fiduciario no aplica para el IFE, por lo que las solicitudes se harán a través de la Unidad de Fiscalización, que “puede tomar sus propias decisiones sobre el tema”.
Recordó que desde 1997 hay convenios suscritos entre el IFE y los institutos electorales locales para intercambiar información sobre actividades proselitistas, pero aclaró que en el caso de Sánchez, todavía no comenzaba su campaña.
Sobre la candidatura de Gregorio Sánchez, Antonio Baños refirió que con base en el Artículo 38 apartado II de la Constitución Política, una persona pierde sus derechos políticos cuando se le dicta auto de formal prisión. “Lo que no ha sucedido” en este caso.
Según la norma, los ciudadanos pierden sus prerrogativas “al estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”. Baños comentó que la suspensión de los derechos político electorales del ciudadano implica que ya no pueda votar ni ser votado.
Benito Nacif explicó que una vez que se dicta el auto de formal prisión, el juez competente notifica al IFE para que se proceda a la baja del padrón.
“Tras la notificación del juez, el IFE da de baja mientras se cumple con la sentencia, y una vez que esto sucede, se le rehabilita en el padrón electoral”.
Otra causal para suspender los derechos político electorales de un ciudadano es cuando el juez competente dicta sentencia al acusado.
Como precedente mencionó el caso del candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco, quien enfrenta un proceso penal por presunto desvío de recursos. Dijo que el TEPJF resolvió mantener su registro como abanderado bajo el argumento de que aún no se tenía sentencia condenatoria. (Notimex).
José Gerardo mejía, El Universal, 28 de mayo.
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