Pedro Zamora, representante legal de Grupo Salinas, presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia en contra de 13 funcionarios públicos.
Los agraviados son: cinco integrantes de las comisiones federales de Telecomunicaciones (Cofetel); cinco de la Comisión Federal de Competencia (CFC), incluidos Luis Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, y el director de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, Gerardo Sánchez Henkel.
Lo anterior, puntualizó, porque no obstante que existen resoluciones judiciales que "señalan claramente que las bases de licitación del espectro radioeléctrico de las bandas 1.7 y 1.9 "carecen de fundamentación y motivación, y pese a ello se ha continuado con el proceso", en el sentido de que establece un límite de adquisición de espectro a las empresas participantes en el proceso, entre ellas Iusacell PCS de Grupo Salinas.
“También contamos con una resolución, añadió, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que señala que no se puede emitir ningún fallo en tanto no se resuelva el juicio de nulidad que tramitamos ante él, debido a que nuestros criterios señalados en la demanda tienen sustento”.
Ante la decisión de todos los funcionarios, indicó, nos vimos obligados a interponer esta denuncia ante la Oficialía de partes de la Secretaría de la Función Pública, por las irregularidades durante el proceso de las licitaciones 20 y 21, para que se investigue su actuar ante la inobservancia de las resoluciones dictadas por el Poder Judicial.
Los agraviados son: cinco integrantes de las comisiones federales de Telecomunicaciones (Cofetel); cinco de la Comisión Federal de Competencia (CFC), incluidos Luis Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, y el director de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, Gerardo Sánchez Henkel.
Lo anterior, puntualizó, porque no obstante que existen resoluciones judiciales que "señalan claramente que las bases de licitación del espectro radioeléctrico de las bandas 1.7 y 1.9 "carecen de fundamentación y motivación, y pese a ello se ha continuado con el proceso", en el sentido de que establece un límite de adquisición de espectro a las empresas participantes en el proceso, entre ellas Iusacell PCS de Grupo Salinas.
“También contamos con una resolución, añadió, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que señala que no se puede emitir ningún fallo en tanto no se resuelva el juicio de nulidad que tramitamos ante él, debido a que nuestros criterios señalados en la demanda tienen sustento”.
Ante la decisión de todos los funcionarios, indicó, nos vimos obligados a interponer esta denuncia ante la Oficialía de partes de la Secretaría de la Función Pública, por las irregularidades durante el proceso de las licitaciones 20 y 21, para que se investigue su actuar ante la inobservancia de las resoluciones dictadas por el Poder Judicial.
Cecilia Higuera, La Crónica, 27 de mayo.
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