Ninguno de los 36 juicios de amparo que han solicitado tres empresas –30 de Grupo Iusacell– contra las licitaciones de frecuencias radioeléctricas que lleva a cabo la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) han obtenido una suspensión definitiva y por lo tanto los procesos siguen en marcha, aseveró Luis Canchola Rocha, director general de defensa jurídica del organismo regulador, al desestimar las acusaciones de las compañías inconformes de no acatar una sentencia de amparo.
Aclaró que aunque Iusacell, perteneciente al Grupo Salinas, consiguió un amparo del juzgado noveno en materia administrativa en el Distrito Federal, es una sentencia en primera instancia contra la que Cofetel interpondrá un recurso de revisión.
“Grupo Iusacell ha insistido en que con esta sentencia se debe detener el proceso de licitación, pero se trata de una aseveración falsa y se corrobora que en este juicio la empresa acaba de solicitar la suspensión al juez, quien está por definir si se otorga a no”, puntualizó Canchola Rocha en declaraciones difundidas por Cofetel.
Los abogados de Grupo Salinas acusaron el jueves a Cofetel de inobservar la sentencia de amparo contra las bases de las licitaciones y aseguraron que sus funcionarios cometieron una grave infracción de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores al iniciar las rondas de subasta.
Canchola Rocha explicó que los procesos de licitación 20 y 21 sólo podrán detenerse si alguno de los jueces involucrados emite una sentencia en tal sentido y aseguró que si así sucede Cofetel “acatará plenamente la disposición de los tribunales”.
Pero advirtió que de ocurrir se contravendrán disposiciones de orden público, resultarán afectados el interés social y la competencia en el sector, y se impedirá la prestación de una mayor oferta de servicios con mejores tarifas para los usuarios.
Argumentos que,dijo, forman parte fundamental de la defensa presentada por Cofetel ante los juzgados para enfrentar las inconformidades tanto de Grupo Iusacell como de Multivisión y Avantel, las otras dos empresas que han solicitado amparos.
Fuentes cercanas al Grupo Salinas criticaron que Cofetel argumente que si Iusacell logra el amparo resulte afectado el interés colectivo y acusaron a Juan Molinar Horcasitas y Gerardo Sánchez Henkell, titular y director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respectivamente, de pretender dar línea a César Jáuregui Robles, consejero de la Judicatura Federal, “para actuar en contra de Iusacell, en lo que parece a todas luces una operación de Estado”.
Hasta el momento Grupo Iusacell ha promovido 30 juicios de amparo, los últimos diez interpuestos apenas el miércoles pasado pero de los cuales en nueve les fue negada la suspensión provisional y otro fue desechado. El abogado de Cofetel dijo que de las restantes 20 solicitudes unas concluyeron definitivamente, otras se encuentran en trámite o han sido desechados pero manifestó que la empresa “está en tiempo de solicitar recursos de revisión.”, aunque no precisó cuántos.
Los otros seis casos de amparo corresponden a Multivisión y Avantel. La primer empresa solicitó cuatro amparos, pero dos ya concluyeron y el otro par se mantiene en trámite, mientras que Avantel presentó dos juicios y ambos siguen en proceso.
Además de los amparos el Poder Judicial, existen cuatro juicios de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y en uno, otorgado a la empresa Telecomunicaciones del Golfo, “se otorgó la suspensión provisional para efectos de que se continué con la licitación pero no se entreguen los fallos correspondientes”, detalló Cofetel.
Un proceso más que Cofetel no incluyó en su recuento de ayer corresponde a la solicitud de investigación que Grupo Salinas hizo esta semana ante la Secretaría de la Función Pública (SFC) contra Molinar Horcasitas y Sánchez Henkel, así como de la subsecretaria Gabriela Hernández y de los integrantes de Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia (CFC) por incurrir en flagrantes violaciones a leyes de competencia, de telecomunicaciones y de la propia Constitución en las licitaciones mencionadas.
Aclaró que aunque Iusacell, perteneciente al Grupo Salinas, consiguió un amparo del juzgado noveno en materia administrativa en el Distrito Federal, es una sentencia en primera instancia contra la que Cofetel interpondrá un recurso de revisión.
“Grupo Iusacell ha insistido en que con esta sentencia se debe detener el proceso de licitación, pero se trata de una aseveración falsa y se corrobora que en este juicio la empresa acaba de solicitar la suspensión al juez, quien está por definir si se otorga a no”, puntualizó Canchola Rocha en declaraciones difundidas por Cofetel.
Los abogados de Grupo Salinas acusaron el jueves a Cofetel de inobservar la sentencia de amparo contra las bases de las licitaciones y aseguraron que sus funcionarios cometieron una grave infracción de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores al iniciar las rondas de subasta.
Canchola Rocha explicó que los procesos de licitación 20 y 21 sólo podrán detenerse si alguno de los jueces involucrados emite una sentencia en tal sentido y aseguró que si así sucede Cofetel “acatará plenamente la disposición de los tribunales”.
Pero advirtió que de ocurrir se contravendrán disposiciones de orden público, resultarán afectados el interés social y la competencia en el sector, y se impedirá la prestación de una mayor oferta de servicios con mejores tarifas para los usuarios.
Argumentos que,dijo, forman parte fundamental de la defensa presentada por Cofetel ante los juzgados para enfrentar las inconformidades tanto de Grupo Iusacell como de Multivisión y Avantel, las otras dos empresas que han solicitado amparos.
Fuentes cercanas al Grupo Salinas criticaron que Cofetel argumente que si Iusacell logra el amparo resulte afectado el interés colectivo y acusaron a Juan Molinar Horcasitas y Gerardo Sánchez Henkell, titular y director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respectivamente, de pretender dar línea a César Jáuregui Robles, consejero de la Judicatura Federal, “para actuar en contra de Iusacell, en lo que parece a todas luces una operación de Estado”.
Hasta el momento Grupo Iusacell ha promovido 30 juicios de amparo, los últimos diez interpuestos apenas el miércoles pasado pero de los cuales en nueve les fue negada la suspensión provisional y otro fue desechado. El abogado de Cofetel dijo que de las restantes 20 solicitudes unas concluyeron definitivamente, otras se encuentran en trámite o han sido desechados pero manifestó que la empresa “está en tiempo de solicitar recursos de revisión.”, aunque no precisó cuántos.
Los otros seis casos de amparo corresponden a Multivisión y Avantel. La primer empresa solicitó cuatro amparos, pero dos ya concluyeron y el otro par se mantiene en trámite, mientras que Avantel presentó dos juicios y ambos siguen en proceso.
Además de los amparos el Poder Judicial, existen cuatro juicios de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y en uno, otorgado a la empresa Telecomunicaciones del Golfo, “se otorgó la suspensión provisional para efectos de que se continué con la licitación pero no se entreguen los fallos correspondientes”, detalló Cofetel.
Un proceso más que Cofetel no incluyó en su recuento de ayer corresponde a la solicitud de investigación que Grupo Salinas hizo esta semana ante la Secretaría de la Función Pública (SFC) contra Molinar Horcasitas y Sánchez Henkel, así como de la subsecretaria Gabriela Hernández y de los integrantes de Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia (CFC) por incurrir en flagrantes violaciones a leyes de competencia, de telecomunicaciones y de la propia Constitución en las licitaciones mencionadas.
Susana González, La Jornada, 29 de mayo.
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