México rechazó las críticas de los relatores especiales de Naciones Unidas que advirtieron sobre las amenazas y riesgos que enfrentan defensores de derechos humanos en el país, ante el reciente asesinato de dos de ellos en Oaxaca.
El gobierno consideró que “no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema”, por lo que en el futuro espera que la actitud de los expertos y relatores “sea constructiva”.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, respondió a los especialistas de la ONU que aseguraron que la situación de los defensores de derechos humanos está en franco deterioro.
En conferencia, el funcionario explicó que el asesinato de la defensora Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, perpetrado en una emboscada en San Juan Copala, Oaxaca, el 27 de abril, ocurrió en una zona donde existe “un contexto social sumamente complejo”, producto de la polarización de la zona “triki” en la que varios grupos disputan el control político, generando una serie de enfrentamientos.
Adelantan conclusiones, acusan
Gómez Robledo sostuvo que “la complejidad de esta situación (en San Juan Copala) requería y requiere de precauciones extremas de las personas que lo visitan”.
—¿Las víctimas en este caso no tomaron en cuenta esta situación? —se preguntó al funcionario.
—Todo lo determinarán en su momento las investigaciones que lleva la Procuraduría General de la República. Lo que puedo decir en este momento es que se constató que se trata de una zona que tiene un alto nivel de riesgo —afirmó.
Gómez Robledo dijo que en otras ocasiones, cuando organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, han pedido venir a México a constatar la situación, tanto las autoridades como las embajadas involucradas hacen las advertencias necesarias del caso y se toman las acciones necesarias para minimizar los riesgos para los visitantes.
El funcionario consideró que la posición que fijaron cuatro relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema, toda vez que vez formulan pronunciamientos que pretenden identificar responsables de los acontecimientos de San Juan Copala, cuando apenas están en su curso de investigación por parte de la PGR”.
Segob: tenían visas de turista
Más tarde, la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que el gobierno federal desconocía que la caravana humanitaria que viajaba a San Juan Copala estaba conformada en su mayoría por extranjeros que ingresaron al país con visa de turistas.
En un comunicado, estableció que cualquier visita a esa zona debe realizarse en condiciones particulares de seguridad, por lo que “de haber tenido conocimiento, se les habría persuadido de no hacerlo, o de lo contrario [se les hubiera] brindado la seguridad necesaria”.
La dependencia enfatizó que el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió “el firme compromiso de investigar y juzgar con la debida diligencia estas agresiones y asesinatos”.
El gobierno consideró que “no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema”, por lo que en el futuro espera que la actitud de los expertos y relatores “sea constructiva”.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, respondió a los especialistas de la ONU que aseguraron que la situación de los defensores de derechos humanos está en franco deterioro.
En conferencia, el funcionario explicó que el asesinato de la defensora Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, perpetrado en una emboscada en San Juan Copala, Oaxaca, el 27 de abril, ocurrió en una zona donde existe “un contexto social sumamente complejo”, producto de la polarización de la zona “triki” en la que varios grupos disputan el control político, generando una serie de enfrentamientos.
Adelantan conclusiones, acusan
Gómez Robledo sostuvo que “la complejidad de esta situación (en San Juan Copala) requería y requiere de precauciones extremas de las personas que lo visitan”.
—¿Las víctimas en este caso no tomaron en cuenta esta situación? —se preguntó al funcionario.
—Todo lo determinarán en su momento las investigaciones que lleva la Procuraduría General de la República. Lo que puedo decir en este momento es que se constató que se trata de una zona que tiene un alto nivel de riesgo —afirmó.
Gómez Robledo dijo que en otras ocasiones, cuando organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, han pedido venir a México a constatar la situación, tanto las autoridades como las embajadas involucradas hacen las advertencias necesarias del caso y se toman las acciones necesarias para minimizar los riesgos para los visitantes.
El funcionario consideró que la posición que fijaron cuatro relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema, toda vez que vez formulan pronunciamientos que pretenden identificar responsables de los acontecimientos de San Juan Copala, cuando apenas están en su curso de investigación por parte de la PGR”.
Segob: tenían visas de turista
Más tarde, la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que el gobierno federal desconocía que la caravana humanitaria que viajaba a San Juan Copala estaba conformada en su mayoría por extranjeros que ingresaron al país con visa de turistas.
En un comunicado, estableció que cualquier visita a esa zona debe realizarse en condiciones particulares de seguridad, por lo que “de haber tenido conocimiento, se les habría persuadido de no hacerlo, o de lo contrario [se les hubiera] brindado la seguridad necesaria”.
La dependencia enfatizó que el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió “el firme compromiso de investigar y juzgar con la debida diligencia estas agresiones y asesinatos”.
Silvia Otero, El Universal, 13 de mayo.
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