Ginebra, 27 de mayo. Colombia debe investigar el brusco aumento en los asesinatos cometidos por bandas conformadas principalmente por ex paramilitares que retornaron a actividades delictivas después de haber firmado acuerdos de desmovilización entre 2003 y 2006 con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, afirmó Philip Alston, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales.
Los nuevos grupos armados ilegales disfrutan de un “alarmante grado de impunidad”, están “comprometidos” y “sostenidos económicamente por el tráfico de drogas; muchos incluso participan en la extorsión de empresarios y terratenientes locales, secuestros, lavado de dinero y otros comportamientos ilegales”, señaló Alston en el reporte de una investigación sobre el país sudamericano, que incluyó una visita en junio de 2009.
Alston, australiano catedrático de la escuela de leyes de la Universidad de Nueva York, recomendó al gobierno colombiano procesar a los soldados que asesinaron a civiles entre 2004 y finales de 2008, para presentarlos como bajas de la guerrilla, indicó.
“Aunque estos asesinatos no fueron parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados falsos positivos, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados”, indicó.
“Los militares sabían que podían salirse con la suya en los asesinatos”, declaró Alston.
Colombia adoptó medidas para reducir los crímenes, incluida la destitución de algunos altos oficiales del ejército, especialmente después de los asesinatos cometidos en 2008 en el empobrecido suburbio Soacha, al sur de Bogotá, pero la mayoría de militares sigue impune, asegura el abogado.
Una visita de diez días
Alston y su equipo entrevistaron a más de 100 testigos, víctimas y sobrevivientes de acciones violentas extrajudiciales durante la visita de 10 días, que incluyó conversaciones con Uribe y algunos de sus ministros.
Altos funcionarios le comentaron que los ajusticiamientos ilegales cometidos por militares eran aislados, pero Alston refutó ese punto de vista y destacó que la tasa de impunidad de las ejecuciones extrajudiciales es de 98.5 por ciento.
A tres días de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, dijo en entrevista con Notimex que su país debe continuar con México y Estados Unidos “el intercambio de información de inteligencia, la cooperación en formación y gerencia conjunta de las fuerzas antidroga y en la construcción de una cultura de la legalidad”.
Para Mockus, quien encabeza los sondeos en la intención de voto, los tres países deben trabajar contra las justificaciones de “ciertos ciudadanos para recurrir al narcotráfico y a la violencia, como salida a las condiciones socioeconómicas y políticas”.
Las sociedades de esos tres países, puntualizó, “deben trabajar para rechazar al narcotraficante, al violento y al corrupto”.
Mockus valoró positivamente la cooperación entre Colombia y México, y dijo que “en los últimos años es claro que emigró hacia territorio mexicano gran parte de la cadena de producción del narcotráfico, donde se le inyecta mayor valor agregado”.
Acerca de los planes antidrogas Mérida y Colombia, apoyados por Estados Unidos, dijo que han mejorado a las autoridades policiales, los servicios de inteligencia y la infraestructura, pero han servido poco para elevar la cultura de la legalidad y la educación ciudadana contra la justificación y el uso de drogas.
En tanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llamaron a la población a abstenerse de votar en las elecciones presidenciales del domingo.
Los nuevos grupos armados ilegales disfrutan de un “alarmante grado de impunidad”, están “comprometidos” y “sostenidos económicamente por el tráfico de drogas; muchos incluso participan en la extorsión de empresarios y terratenientes locales, secuestros, lavado de dinero y otros comportamientos ilegales”, señaló Alston en el reporte de una investigación sobre el país sudamericano, que incluyó una visita en junio de 2009.
Alston, australiano catedrático de la escuela de leyes de la Universidad de Nueva York, recomendó al gobierno colombiano procesar a los soldados que asesinaron a civiles entre 2004 y finales de 2008, para presentarlos como bajas de la guerrilla, indicó.
“Aunque estos asesinatos no fueron parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados falsos positivos, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados”, indicó.
“Los militares sabían que podían salirse con la suya en los asesinatos”, declaró Alston.
Colombia adoptó medidas para reducir los crímenes, incluida la destitución de algunos altos oficiales del ejército, especialmente después de los asesinatos cometidos en 2008 en el empobrecido suburbio Soacha, al sur de Bogotá, pero la mayoría de militares sigue impune, asegura el abogado.
Una visita de diez días
Alston y su equipo entrevistaron a más de 100 testigos, víctimas y sobrevivientes de acciones violentas extrajudiciales durante la visita de 10 días, que incluyó conversaciones con Uribe y algunos de sus ministros.
Altos funcionarios le comentaron que los ajusticiamientos ilegales cometidos por militares eran aislados, pero Alston refutó ese punto de vista y destacó que la tasa de impunidad de las ejecuciones extrajudiciales es de 98.5 por ciento.
A tres días de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, dijo en entrevista con Notimex que su país debe continuar con México y Estados Unidos “el intercambio de información de inteligencia, la cooperación en formación y gerencia conjunta de las fuerzas antidroga y en la construcción de una cultura de la legalidad”.
Para Mockus, quien encabeza los sondeos en la intención de voto, los tres países deben trabajar contra las justificaciones de “ciertos ciudadanos para recurrir al narcotráfico y a la violencia, como salida a las condiciones socioeconómicas y políticas”.
Las sociedades de esos tres países, puntualizó, “deben trabajar para rechazar al narcotraficante, al violento y al corrupto”.
Mockus valoró positivamente la cooperación entre Colombia y México, y dijo que “en los últimos años es claro que emigró hacia territorio mexicano gran parte de la cadena de producción del narcotráfico, donde se le inyecta mayor valor agregado”.
Acerca de los planes antidrogas Mérida y Colombia, apoyados por Estados Unidos, dijo que han mejorado a las autoridades policiales, los servicios de inteligencia y la infraestructura, pero han servido poco para elevar la cultura de la legalidad y la educación ciudadana contra la justificación y el uso de drogas.
En tanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llamaron a la población a abstenerse de votar en las elecciones presidenciales del domingo.
La Jornada, 28 de mayo.
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