En un hecho sin precedente, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció ayer en una sesión pública de este alto tribunal sobre la de las Fuerzas Armadas en tareas de pública, la cual —dijo— es contraria a lo que establece la Constitución.
Durante el segundo día de debate sobre los límites del fuero militar, el ministro José Ramón Cossío señaló: “Creo que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución; entiendo que todo el sistema de seguridad pública está construido a partir de servicios de policía, no a partir de servicios de los miembros de las Fuerzas Armadas”.
En su intervención reiteró en varias ocasiones que si no existe una declaración de guerra, un decreto de disposición de fuerzas armadas o un decreto de suspensión de garantías, las Fuerzas Armadas no tienen por qué estar haciendo funciones que no les corresponden.
Para Cossío Díaz el artículo 29 constitucional fue el eje para analizar el caso del expediente 38/2012, que trata sobre un conflicto de competencia entre el juzgado quinto de distrito en Morelos y el juzgado quinto militar, quienes se declararon incompetentes para llevar el proceso del coronel de infantería José Guadalupe Arias, acusado de homicidio calificado, en calidad de encubridor.
En ese sentido, a decir del ministro, era necesario primero determinar cuál era la posición general de las Fuerzas Armadas en estos tiempos, y de ahí, saber en donde tiene que ser juzgado el militar del caso en cuestión.
“Creo que el fuero no se puede entender nada más como una condición proveniente del artículo 13, sino como una condición que se tiene que vincular necesariamente con el artículo 129”, enfatizó.
Si no —continuó— una situación en la que hayamos declarado la guerra, en la que hayamos suspendido garantías o se haya hecho esta declaración expresa del Ejecutivo mexicano, entiendo que no puede disponerse de las Fuerzas Armadas más allá de los espacios físicos a los que se refiere el artículo…
Con base en eso, indicó que en tiempos de paz, el fuero militar se debe limitar a los delitos y faltas contra la disciplina militar en los lugares mencionados en el 29 constitucional.
Sin embargo, explicó que como la víctima del caso que se debate —uno de una treintena que deberá tramitar la Corte y que involucran el fuero militar—, Jehtro Ramsés Sánchez, era un civil, el inculpado deberá ser juzgado por la justicia ordinaria, aún y cuando se encontraba el coronel en un espacio militar.
“Por tanto, el criterio para determinar la competencia sobre la causa, no se fija ni por la condición militar del sujeto activo, ni el ámbito espacial en donde se cometió el ilícito, sino porque existe un sujeto pasivo o víctima con la calidad civil, que es lo que actualiza el supuesto para que sea la justicia ordinaria la que instruya y sentencie el proceso respectivo”, sostuvo el ministro Cossío.
Entre los asuntos listados para trámite, la Corte tiene 30 expedientes, dos conflictos competenciales y 28 amparos promovidos por militares.
En el primero de los casos se discute si el coronel de infantería José Guadalupe Arias, tiene que ser juzgado por un juez militar o uno civil.
El 1 de mayo de 2011, el joven, Jethro Ramsés fue torturado en las instalaciones militares de Cuernavaca y como consecuencia de ello perdió la vida. Cuando dos tenientes de infantería dieron aviso a su superior, el coronel Arias que se encontraba franco, éste les dio la orden de sacar el cuerpo del campo militar y enterrarlo de manera clandestina.
La sesión del pleno continuará mañana jueves.
Durante el segundo día de debate sobre los límites del fuero militar, el ministro José Ramón Cossío señaló: “Creo que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución; entiendo que todo el sistema de seguridad pública está construido a partir de servicios de policía, no a partir de servicios de los miembros de las Fuerzas Armadas”.
En su intervención reiteró en varias ocasiones que si no existe una declaración de guerra, un decreto de disposición de fuerzas armadas o un decreto de suspensión de garantías, las Fuerzas Armadas no tienen por qué estar haciendo funciones que no les corresponden.
Para Cossío Díaz el artículo 29 constitucional fue el eje para analizar el caso del expediente 38/2012, que trata sobre un conflicto de competencia entre el juzgado quinto de distrito en Morelos y el juzgado quinto militar, quienes se declararon incompetentes para llevar el proceso del coronel de infantería José Guadalupe Arias, acusado de homicidio calificado, en calidad de encubridor.
En ese sentido, a decir del ministro, era necesario primero determinar cuál era la posición general de las Fuerzas Armadas en estos tiempos, y de ahí, saber en donde tiene que ser juzgado el militar del caso en cuestión.
“Creo que el fuero no se puede entender nada más como una condición proveniente del artículo 13, sino como una condición que se tiene que vincular necesariamente con el artículo 129”, enfatizó.
Si no —continuó— una situación en la que hayamos declarado la guerra, en la que hayamos suspendido garantías o se haya hecho esta declaración expresa del Ejecutivo mexicano, entiendo que no puede disponerse de las Fuerzas Armadas más allá de los espacios físicos a los que se refiere el artículo…
Con base en eso, indicó que en tiempos de paz, el fuero militar se debe limitar a los delitos y faltas contra la disciplina militar en los lugares mencionados en el 29 constitucional.
Sin embargo, explicó que como la víctima del caso que se debate —uno de una treintena que deberá tramitar la Corte y que involucran el fuero militar—, Jehtro Ramsés Sánchez, era un civil, el inculpado deberá ser juzgado por la justicia ordinaria, aún y cuando se encontraba el coronel en un espacio militar.
“Por tanto, el criterio para determinar la competencia sobre la causa, no se fija ni por la condición militar del sujeto activo, ni el ámbito espacial en donde se cometió el ilícito, sino porque existe un sujeto pasivo o víctima con la calidad civil, que es lo que actualiza el supuesto para que sea la justicia ordinaria la que instruya y sentencie el proceso respectivo”, sostuvo el ministro Cossío.
Entre los asuntos listados para trámite, la Corte tiene 30 expedientes, dos conflictos competenciales y 28 amparos promovidos por militares.
En el primero de los casos se discute si el coronel de infantería José Guadalupe Arias, tiene que ser juzgado por un juez militar o uno civil.
El 1 de mayo de 2011, el joven, Jethro Ramsés fue torturado en las instalaciones militares de Cuernavaca y como consecuencia de ello perdió la vida. Cuando dos tenientes de infantería dieron aviso a su superior, el coronel Arias que se encontraba franco, éste les dio la orden de sacar el cuerpo del campo militar y enterrarlo de manera clandestina.
La sesión del pleno continuará mañana jueves.
Artículo 29 constitucional
“En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones se establecieron para la estación de tropas.”
Dennis A. García, La Crónica, 8 de agosto.
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