El Instituto Federal Electoral (IFE) realizó 652 peticiones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para abrir el secreto bancario e investigar cuentas de personas físicas, empresas y de aquellos que se catalogan como políticamente expuestos.
Las peticiones se realizaron entre abril y agosto. Carlos López Moctezuma, vocero de la CNBV, reveló que estas solicitudes generaron 18 mil 350 oficios que la dependencia giró a diversas instituciones.
El también director de proyectos especiales de la CNBV detalló que hace un mes, las solitudes llegaron a 400, por lo que la cifra creció más de 250 en las últimas semanas.
El funcionario mencionó que la dependencia es “muy rigurosa y estricta” para agilizar las peticiones de las autoridades electorales y estimó que en las siguientes semanas la cifra podría aumentar más.
Se puede violar secrecía
La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 117 establece que los intermediarios tienen la obligación de proteger la privacidad de sus clientes, por lo que la información y documentación relativa a operaciones y servicios son confidenciales.
En consecuencia, las instituciones no podrán dar información de los depósitos, operaciones o servicios, salvo al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, a sus representantes o a quienes cuenten con un poder para disponer de la cuenta.
Sin embargo, las entidades tendrán la obligación de proporcionar información cuando lo soliciten diversas autoridades.
Estarán exceptuados de la prohibición a violar el secreto bancario cuando lo requiera la Procuradoría General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para la comprobación de un delito; los procuradores generales de justicia de los estados o subprocuradores y el procurador general de justicia militar.
También podrán ordenar la apertura de cuentas las autoridades hacendarias para fines fiscales, así como la Secretaría de Hacienda; el Tesorero de la Federación, quienes podrán pedir los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos.
La auditoría Superior de la Federación cuenta con esta posibilidad, en el ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la cuenta pública federal, así como el titular y los subsecretario de la Secretaría de la Función Pública.
Otro de los órganos facultados es la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que es el órgano técnico del Consejo General del IFE.
Lo anterior, para el ejercicio de sus atribuciones legales.
Las solicitudes deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Artículo 117 establece también que las instituciones están obligadas a reparar los daños y perjuicios que causen, en caso de revelación indebida del secreto.
A unas semanas que concluya el límite para la calificación de la elección presidencial, la CNBV estima que todavía podrían llegar más solicitudes por parte del IFE
Romina Román, El Universal, 27 de agosto.
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