La reforma electoral aprobada anoche en el Senado de la República disminuye el costo de las elecciones y las campañas, prohíbe a partidos y terceros la contratación de propaganda en medios electrónicos, impide la guerra sucia en las contiendas, la promoción de funcionarios y da mayores facultades a las autoridades comiciales a fin de impedir un escenario similar al que se dio en julio de 2006.
La reforma incluye modificaciones a ocho artículos constitucionales, contiene un artículo transitorio para remover a los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) –su actual presidente, Luis Carlos Ugalde, será el primero en salir–, como un primer paso para establecer la elección escalonada de los integrantes de ese órgano.
En el dictamen de la reforma se destaca que tan sólo con la incorporación al artículo 41 constitucional de “la prohibición total a los partidos políticos para adquirir tiempo bajo cualquier modalidad en radio y televisión para las campañas electorales, a cambio de la utilización de los tiempos del Estado”, significará un ahorro de 3 mil 308 millones de pesos en las elecciones de 2009 y la presidencial de 2012.
Se detalla que, sin la reforma, los gastos de campaña en 2009 ascenderían a 2 mil 670 millones de pesos –si se destinaran los mismos recursos que en la elección de 2006– pero, con la aprobación de esas modificaciones los gastos que se destinarán a los procesos electorales en 2009 ascenderán a 697 millones de pesos; significa un ahorro, sólo en ese año, de mil 973 millones de pesos.
Y si los partidos políticos continuaran comprando propaganda a la radio y la televisión en 2009 –se anota en el dictamen–, los gastos que se destinarían a la compra de espots hubiesen sido de mil 68 millones de pesos, y con la prohibición de comprar espacio en los medios electrónicos esos recursos se ahorrarán a los contribuyentes.
Para el caso de la elección presidencial de 2012, los gastos de campaña serían de 2 mil 670 millones de pesos –si los recursos fueran iguales a los gastos de 2006–, pero con la reforma aprobada serán de mil 335 millones, una reducción de 50 por ciento, se subraya en el documento.
Si los partidos políticos en 2012 compraran tiempos a televisión y radio erogarían por ese concepto mil 602 millones de pesos; sin embargo, los organismos políticos no erogarán esos recursos al utilizar los tiempos del Estado.
Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática Ricardo Monreal destacó que con las disposiciones actuales se estima que el financiamiento para las campañas sería de 3 mil 368 millones de pesos que, divididos entre los 75 días que durarán las actividades proselitistas para diputados federales, alcanzaría los 44 millones 909 mil pesos diarios.
Con la reforma aprobada, subrayó, el costo de campañas será de 753 millones de pesos; dividido entre 60 días da un total de 12 millones 500 mil pesos diarios, que dividido en 300 distritos electorales de mayoría daría un gasto diario de 41 mil 483 pesos.
En el caso de la elección presidencial de 2012, el costo de la campaña sería de 4 mil 483 millones de pesos, con un gasto diario de 24.5 millones en seis meses, pero con la reforma los gastos totales serán de mil 412 millones, con un gasto diario en 90 días del orden de 15.6 millones de pesos, aseveró el senador Monreal.
Reveló que el ahorro al erario, con la reforma aprobada en materia electoral, será de 13 mil 90 millones de pesos.
La reforma destaca en el apartado A del artículo 141 constitucional que, desde las precampañas hasta el día de la jornada electoral, el IFE distribuirá 48 minutos diarios, que serán repartidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario de 7 de la mañana a 23 horas.
En precampañas, añade, los partidos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión de radio y televisión, y en las campañas se deberá destinar al menos 85 por ciento del tiempo total disponible.
Por lo que respecta al artículo 6 constitucional, se apunta que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Sobre el fortalecimiento del IFE, se amplían sus facultades para que fiscalice a fondo las finanzas de los partidos –sin que los secretos bancario, fiduciario y fiscal sean obstáculo– a través de la creación de un órgano técnico de fiscalización y, previo convenio con autoridades electorales de los estados, podrá organizar elecciones locales.
Asimismo, la reforma electoral precisa en el artículo 134 constitucional el impedimento a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para realizar propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social durante las campañas electorales, salvo las excepciones de ley, y establece un procedimiento administrativo expedito con sanciones para inhibir violaciones a las reglas de comunicación.
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