Las nuevas facultades otorgadas al Instituto Federal Electoral (IFE) le permitirán evitar un escenario similar al que se dio en la contienda presidencial de julio de 2006.
Ahora sí podrá ordenar sanciones fuertes y enérgicas para impedir campañas sucias en radio y televisión contra algún candidato, la intervención del Ejecutivo federal y otros funcionarios, de organizaciones laborales, patronales y ministros de culto religioso, de observadores y hasta notarios que vulneren los principios de imparcialidad y equidad en los comicios.
El proyecto de reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que este lunes se hará público en el contexto de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), posibilita que el IFE administre toda la propaganda comicial y ordene la salida del aire de alguna estación de radio o televisión; para los partidos políticos las penalidades también son fuertes.
El IFE puede sancionarlos con la disminución de 50 por ciento de sus prerrogativas, la suspensión de la publicidad que les corresponde en tiempos oficiales durante las campañas y hasta con la cancelación de su registro, en caso de violar la normatividad.
Cuando aún no se olvida la guerra de espots que se dio en la pasada contienda presidencial, el proyecto de nuevo Cofipe establece que habrá sanciones para las estaciones de radio y televisión que difundan propaganda electoral –pagada o gratuita– que no haya sido ordenada por el IFE, y para las que se nieguen a transmitir en tiempos oficiales los mensajes y programas de los partidos.
Infracción por denigrar a algún candidato
Se considera también una infracción –artículo 350, inciso g– la manipulación o superposición de la propaganda comicial o los programas de los partidos, que altere o distorsione su sentido original o denigre a las instituciones, los propios partidos o calumnie a los candidatos.
Incurrir en esas irregularidades motivará sanciones que van desde la amonestación pública, la multa de entre 5 y 10 millones de pesos hasta la suspensión de transmisiones, a partir de una hora y hasta por 10 días, de la televisora o estación de radio en cuestión.
Este es el punto que más molesta a los concesionarios de medios electrónicos, pero no son los únicos que se sienten afectados. La dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) protestó ya públicamente por la reforma.
Y es que además de que el IFE puede ordenar la salida inmediata de propaganda contratada por alguna persona física o moral en medios electrónicos, hay una multa por el doble del precio comercial del anuncio en cuestión.
El artículo 352 del proyecto de nuevo Cofipe parece tener dedicatoria al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por Elba Esther Gordillo, al prohibir expresamente que organizaciones gremiales intervengan en la creación y el registro de algún instituto político. Así, para evitar casos como el del Partido Nueva Alianza, la ley da al IFE facultades para certificar que ello se cumpla, ya que ordena que un representante del instituto esté presente en la asamblea constitutiva de todo organismo político.
Asimismo, las agrupaciones políticas nacionales (APN) pueden perder el registro si algún sindicato interviene en su constitución o las financia.
Igualmente, con miras a impedir que se repitan actuaciones como la que tuvo el ex presidente Fox en los comicios de 2006, en el artículo 347 se deja muy claro que ningún funcionario de los tres niveles de gobierno y de los órganos autónomos podrá difundir “propaganda gubernamental”, desde el inicio de las campañas y hasta el día de la elección, a excepción de información sobre servicios educativos, de salud y de protección civil en casos de emergencia.
Se prohíbe el uso de programas sociales para inducir o coaccionar el voto y actitudes que incumplan el principio de imparcialidad en las campañas. Si el presidente de la República, los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios incumplen dicha disposición, serán sancionados. El IFE integrará un expediente que habrá de turnarse al superior jerárquico de la autoridad infractora, que en el caso del Ejecutivo es la Auditoría Superior de la Federación.
En el caso de sacerdotes y otros ministros de culto religioso que llamen a votar por cierto candidato o, en caso contrario, pidan a sus fieles no sufragar por alguno y realicen aportaciones económicas a partidos, se integrará también un expediente que se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que aplique el castigo respectivo.
A los observadores electorales que hagan proselitismo o interfieran en el proceso se les retirará la acreditación, y a los notarios públicos que no mantengan abiertas sus oficinas el día de la elección –para atender solicitudes de funcionarios de casilla y representantes de partidos de dar fe de hechos o certificar documentos– se les integrará un expediente que será remitido a las autoridades competentes.
Hasta el momento, sólo los concesionarios de radio y televisión han protestado por las sanciones, en especial por la posibilidad de que los saquen del aire por lapsos que van de una hora a 10 días. Aunque los senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Mendoza y Javier Orozco, ex ejecutivos de Tv Azteca y de Televisa, respectivamente, consideran excesivas esas penalidades, el perredista Carlos Navarrete advirtió que en otros países, como Brasil, son aun mayores.
Cotidiano, lo que aquí parece escandaloso
“Lo que aquí parece escandaloso, en otras naciones es cotidiano”, dijo. También destacó que el grupo plural que elabora el proyecto de nuevo Cofipe contó con especialistas internacionales y pudo hacer un comparativo de las facultades de los órganos rectores de las elecciones en países de América y Europa.
En Brasil, por ejemplo –insistió–, hay sanciones enormes; no sólo se interrumpen transmisiones, sino que “en la pantalla en negro aparece un cintillo con el mensaje: ‘esta televisora ha salido del aire por violar la ley’”.
El hecho de que el castigo sea enérgico ha llevado a que la legislación brasileña no se haya aplicado ni una sola vez, ya que los dueños de televisoras y radiodifusoras se cuidan de no violarla, agregó Navarrete. La intención de la nueva ley comicial es dar al IFE los mecanismos para hacer que se cumpla.
Cuestionado sobre las críticas que han comenzado a surgir, en el sentido de que las reformas al Cofipe tienen un ánimo revanchista, sobre todo de los partidos del Frente Amplio Progresista (integrado por PRD, PT y Convergencia), por el fraude que presuntamente quitó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Navarrete aclaró que se trata de una visión errónea.
Lo que se pretende en el Congreso es “normar los poderes fácticos mediáticos”, para que ya no decidan quién puede ser presidente de la República”, dijo.
Ahora sí podrá ordenar sanciones fuertes y enérgicas para impedir campañas sucias en radio y televisión contra algún candidato, la intervención del Ejecutivo federal y otros funcionarios, de organizaciones laborales, patronales y ministros de culto religioso, de observadores y hasta notarios que vulneren los principios de imparcialidad y equidad en los comicios.
El proyecto de reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que este lunes se hará público en el contexto de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), posibilita que el IFE administre toda la propaganda comicial y ordene la salida del aire de alguna estación de radio o televisión; para los partidos políticos las penalidades también son fuertes.
El IFE puede sancionarlos con la disminución de 50 por ciento de sus prerrogativas, la suspensión de la publicidad que les corresponde en tiempos oficiales durante las campañas y hasta con la cancelación de su registro, en caso de violar la normatividad.
Cuando aún no se olvida la guerra de espots que se dio en la pasada contienda presidencial, el proyecto de nuevo Cofipe establece que habrá sanciones para las estaciones de radio y televisión que difundan propaganda electoral –pagada o gratuita– que no haya sido ordenada por el IFE, y para las que se nieguen a transmitir en tiempos oficiales los mensajes y programas de los partidos.
Infracción por denigrar a algún candidato
Se considera también una infracción –artículo 350, inciso g– la manipulación o superposición de la propaganda comicial o los programas de los partidos, que altere o distorsione su sentido original o denigre a las instituciones, los propios partidos o calumnie a los candidatos.
Incurrir en esas irregularidades motivará sanciones que van desde la amonestación pública, la multa de entre 5 y 10 millones de pesos hasta la suspensión de transmisiones, a partir de una hora y hasta por 10 días, de la televisora o estación de radio en cuestión.
Este es el punto que más molesta a los concesionarios de medios electrónicos, pero no son los únicos que se sienten afectados. La dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) protestó ya públicamente por la reforma.
Y es que además de que el IFE puede ordenar la salida inmediata de propaganda contratada por alguna persona física o moral en medios electrónicos, hay una multa por el doble del precio comercial del anuncio en cuestión.
El artículo 352 del proyecto de nuevo Cofipe parece tener dedicatoria al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por Elba Esther Gordillo, al prohibir expresamente que organizaciones gremiales intervengan en la creación y el registro de algún instituto político. Así, para evitar casos como el del Partido Nueva Alianza, la ley da al IFE facultades para certificar que ello se cumpla, ya que ordena que un representante del instituto esté presente en la asamblea constitutiva de todo organismo político.
Asimismo, las agrupaciones políticas nacionales (APN) pueden perder el registro si algún sindicato interviene en su constitución o las financia.
Igualmente, con miras a impedir que se repitan actuaciones como la que tuvo el ex presidente Fox en los comicios de 2006, en el artículo 347 se deja muy claro que ningún funcionario de los tres niveles de gobierno y de los órganos autónomos podrá difundir “propaganda gubernamental”, desde el inicio de las campañas y hasta el día de la elección, a excepción de información sobre servicios educativos, de salud y de protección civil en casos de emergencia.
Se prohíbe el uso de programas sociales para inducir o coaccionar el voto y actitudes que incumplan el principio de imparcialidad en las campañas. Si el presidente de la República, los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios incumplen dicha disposición, serán sancionados. El IFE integrará un expediente que habrá de turnarse al superior jerárquico de la autoridad infractora, que en el caso del Ejecutivo es la Auditoría Superior de la Federación.
En el caso de sacerdotes y otros ministros de culto religioso que llamen a votar por cierto candidato o, en caso contrario, pidan a sus fieles no sufragar por alguno y realicen aportaciones económicas a partidos, se integrará también un expediente que se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que aplique el castigo respectivo.
A los observadores electorales que hagan proselitismo o interfieran en el proceso se les retirará la acreditación, y a los notarios públicos que no mantengan abiertas sus oficinas el día de la elección –para atender solicitudes de funcionarios de casilla y representantes de partidos de dar fe de hechos o certificar documentos– se les integrará un expediente que será remitido a las autoridades competentes.
Hasta el momento, sólo los concesionarios de radio y televisión han protestado por las sanciones, en especial por la posibilidad de que los saquen del aire por lapsos que van de una hora a 10 días. Aunque los senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Mendoza y Javier Orozco, ex ejecutivos de Tv Azteca y de Televisa, respectivamente, consideran excesivas esas penalidades, el perredista Carlos Navarrete advirtió que en otros países, como Brasil, son aun mayores.
Cotidiano, lo que aquí parece escandaloso
“Lo que aquí parece escandaloso, en otras naciones es cotidiano”, dijo. También destacó que el grupo plural que elabora el proyecto de nuevo Cofipe contó con especialistas internacionales y pudo hacer un comparativo de las facultades de los órganos rectores de las elecciones en países de América y Europa.
En Brasil, por ejemplo –insistió–, hay sanciones enormes; no sólo se interrumpen transmisiones, sino que “en la pantalla en negro aparece un cintillo con el mensaje: ‘esta televisora ha salido del aire por violar la ley’”.
El hecho de que el castigo sea enérgico ha llevado a que la legislación brasileña no se haya aplicado ni una sola vez, ya que los dueños de televisoras y radiodifusoras se cuidan de no violarla, agregó Navarrete. La intención de la nueva ley comicial es dar al IFE los mecanismos para hacer que se cumpla.
Cuestionado sobre las críticas que han comenzado a surgir, en el sentido de que las reformas al Cofipe tienen un ánimo revanchista, sobre todo de los partidos del Frente Amplio Progresista (integrado por PRD, PT y Convergencia), por el fraude que presuntamente quitó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Navarrete aclaró que se trata de una visión errónea.
Lo que se pretende en el Congreso es “normar los poderes fácticos mediáticos”, para que ya no decidan quién puede ser presidente de la República”, dijo.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 25 de noviembre.
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