En medio de presiones dentro y fuera del Congreso, hoy se presentará el proyecto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en el que se concretan las recientes disposiciones constitucionales para la realización de elecciones.
La dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no ha solicitado audiencia formal al grupo plural que elaboró el proyecto de iniciativa, pero ha cabildeado fuertemente por conducto de los senadores Jorge Mendoza, del PRI, y Jorge Legorreta, del Verde Ecologista, así como del diputado priísta Eduardo Sánchez Hernández.
Los tres legisladores son ex ejecutivos de Tv Azteca, Televisa y Multivisión, respectivamente, y son los que han tratado de incidir en los días recientes para lograr que se modifique el capítulo de sanciones, en especial la posibilidad de que se castigue con la salida del aire hasta por 10 días a las televisoras o estaciones de radio que incumplan los ordenamientos en materia de propaganda electoral.
Hasta ayer, de acuerdo con versiones de varios de los legisladores que trabajan en el documento, el consenso entre PAN, PRI y PRD era que el proyecto de Cofipe se mantiene sin cambios de fondo y este lunes por la mañana, en que el grupo plural se reunirá, harán sólo algunos ajustes en la redacción del artículo 49 inciso J, el que ha provocado la protesta de los dueños de las principales cadenas de televisión y de radio.
Ese artículo da al Instituto Federal Electoral (IFE) la facultad de “presentar” a los integrantes de la CIRT los lineamientos generales que se aplicarán en los noticiarios en torno a la información y difusión de precampañas y campañas electorales.
El senador Mendoza y el diputado Sánchez han tratado de incidir dentro de las bancadas del PRI, al advertir que ese ordenamiento vulnera la libertad de expresión, ya que, sostienen, se impondrá a los medios electrónicos directrices en sus programas noticiosos.
La intención del cambio a ese artículo 49, de acuerdo con el proyecto de Cofipe, es que el IFE establezca los lineamientos en la cobertura informativa de los medios, como ha sucedido desde 1994, para garantizar que haya equidad e imparcialidad para todos los candidatos, sobre todo a partir de ahora en que ya no podrá haber propaganda pagada.
Los cabilderos de la CIRT han presionado mucho más para que se cambie o matice el artículo 354, donde se establecen las sanciones para las televisoras o radiodifusoras que difundan propaganda pagada, se nieguen a retirar los promocionales cuando el IFE se los ordene o manipulen o superpongan propaganda electoral para calumniar o denigrar a partidos, candidatos e instituciones.
Tanto el senador Mendoza como el diputado Sánchez, desde el jueves en que se conoció el borrador del Cofipe, declararon públicamente su rechazo al mismo.
Sánchez dijo el viernes pasado, en el noticiario de la periodista Carmen Aristegui, que los priístas en la Cámara de Diputados votarán en contra del proyecto, del que responsabilizó a los senadores, aunque en realidad lo elaboraron legisladores de ambas cámaras.
Sánchez Hernández es muy cercano al coordinador de su bancada, Emilio Gamboa Patrón, quien pretende que la reforma al Cofipe se dictamine en San Lázaro, a pesar de que ya se había decidido que el Senado sería la cámara de origen.
Ese es otro de los pendientes que se definirá hoy durante la reunión de trabajo del grupo plural, ya que por la tarde se presentará la iniciativa en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso, durante un acto al que asistirán los coordinadores parlamentarios y los dirigentes partidistas.
Deberán también tomar una decisión en torno al tema de coaliciones electorales.
Por su parte, el ex senador panista Javier Corral Jurado, quien vivió de cerca las presiones “del duopolio televisivo”, consideró que los legisladores no deben ceder a las presiones o chantajes de los poderes fácticos, ya que detrás de la supuesta defensa de la libertad de expresión, lo que hay es el interés de mantener privilegios.
La dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no ha solicitado audiencia formal al grupo plural que elaboró el proyecto de iniciativa, pero ha cabildeado fuertemente por conducto de los senadores Jorge Mendoza, del PRI, y Jorge Legorreta, del Verde Ecologista, así como del diputado priísta Eduardo Sánchez Hernández.
Los tres legisladores son ex ejecutivos de Tv Azteca, Televisa y Multivisión, respectivamente, y son los que han tratado de incidir en los días recientes para lograr que se modifique el capítulo de sanciones, en especial la posibilidad de que se castigue con la salida del aire hasta por 10 días a las televisoras o estaciones de radio que incumplan los ordenamientos en materia de propaganda electoral.
Hasta ayer, de acuerdo con versiones de varios de los legisladores que trabajan en el documento, el consenso entre PAN, PRI y PRD era que el proyecto de Cofipe se mantiene sin cambios de fondo y este lunes por la mañana, en que el grupo plural se reunirá, harán sólo algunos ajustes en la redacción del artículo 49 inciso J, el que ha provocado la protesta de los dueños de las principales cadenas de televisión y de radio.
Ese artículo da al Instituto Federal Electoral (IFE) la facultad de “presentar” a los integrantes de la CIRT los lineamientos generales que se aplicarán en los noticiarios en torno a la información y difusión de precampañas y campañas electorales.
El senador Mendoza y el diputado Sánchez han tratado de incidir dentro de las bancadas del PRI, al advertir que ese ordenamiento vulnera la libertad de expresión, ya que, sostienen, se impondrá a los medios electrónicos directrices en sus programas noticiosos.
La intención del cambio a ese artículo 49, de acuerdo con el proyecto de Cofipe, es que el IFE establezca los lineamientos en la cobertura informativa de los medios, como ha sucedido desde 1994, para garantizar que haya equidad e imparcialidad para todos los candidatos, sobre todo a partir de ahora en que ya no podrá haber propaganda pagada.
Los cabilderos de la CIRT han presionado mucho más para que se cambie o matice el artículo 354, donde se establecen las sanciones para las televisoras o radiodifusoras que difundan propaganda pagada, se nieguen a retirar los promocionales cuando el IFE se los ordene o manipulen o superpongan propaganda electoral para calumniar o denigrar a partidos, candidatos e instituciones.
Tanto el senador Mendoza como el diputado Sánchez, desde el jueves en que se conoció el borrador del Cofipe, declararon públicamente su rechazo al mismo.
Sánchez dijo el viernes pasado, en el noticiario de la periodista Carmen Aristegui, que los priístas en la Cámara de Diputados votarán en contra del proyecto, del que responsabilizó a los senadores, aunque en realidad lo elaboraron legisladores de ambas cámaras.
Sánchez Hernández es muy cercano al coordinador de su bancada, Emilio Gamboa Patrón, quien pretende que la reforma al Cofipe se dictamine en San Lázaro, a pesar de que ya se había decidido que el Senado sería la cámara de origen.
Ese es otro de los pendientes que se definirá hoy durante la reunión de trabajo del grupo plural, ya que por la tarde se presentará la iniciativa en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso, durante un acto al que asistirán los coordinadores parlamentarios y los dirigentes partidistas.
Deberán también tomar una decisión en torno al tema de coaliciones electorales.
Por su parte, el ex senador panista Javier Corral Jurado, quien vivió de cerca las presiones “del duopolio televisivo”, consideró que los legisladores no deben ceder a las presiones o chantajes de los poderes fácticos, ya que detrás de la supuesta defensa de la libertad de expresión, lo que hay es el interés de mantener privilegios.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 26 de noviembre.
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