Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el máximo órgano electoral del país no ha dado carpetazo a la investigación de los 281 mil spots que los partidos no acreditaron ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en las campañas pasadas.
“Lo que resolvió la Sala Superior la semana pasada fue en cuanto a la forma, porque de acuerdo con la argumentación que dio el Partido Nueva Alianza, se dio la orden de iniciar los procedimiento oficiosos sin que les hayan respetado su garantía de audiencia, porque no les dieron la información correspondiente a cuáles promocionales no se había acreditado”, dijo.
El viernes pasado, el TEPJF determinó dejar sin efecto el procedimiento oficioso de investigación ordenado por el IFE contra Nueva Alianza, en cuyos informes de campaña del proceso electoral 2005-2006 se encontraron irregularidades.
Esto, explicó Galván, implicó que la Sala Superior, al resolver la impugnación interpuesta por el Panal, concluyera que el IFE debe hacer una reposición del procedimiento para que les haga saber cuál es la conciliación entre la información que recibieron de IBOPE —empresa encargada del monitoreo de spots— y la información que dio el partido de lo contratado, transmitido y pagado.
Transparentar recursos
“Esta conciliación les permitirá saber cuáles son los faltantes para el IFE, cuáles son los promocionales que aparentemente no fueron contratados o no fueron pagados o bien si fueron pagados con qué recursos se pagó”, explicó Galván.
Indicó que la autoridad de fiscalización debe terminar de revisar para poder llegar a la conclusión de qué está justificado; además, la sentencia, abundó, le dice al IFE que sí hay spots transmitidos y no contratados conforme a la ley, pues que se impongan las sanciones que correspondan. “Esto de ninguna manera significa perdonar a los partidos políticos”,
Dijo que es importante aclarar el origen de esos 281 mil spots porque el financiamiento de partidos se da con recursos públicos y en consecuencia, agregó, deben rendir cuentas de lo hecho con el dinero del Estado para evitar que haya dinero no justificado.
Señaló que los recursos de apelación promovidos por el PRD y el PT continúan siendo analizados por los magistrados instructores, por lo que está pendiente su resolución.
“Lo que resolvió la Sala Superior la semana pasada fue en cuanto a la forma, porque de acuerdo con la argumentación que dio el Partido Nueva Alianza, se dio la orden de iniciar los procedimiento oficiosos sin que les hayan respetado su garantía de audiencia, porque no les dieron la información correspondiente a cuáles promocionales no se había acreditado”, dijo.
El viernes pasado, el TEPJF determinó dejar sin efecto el procedimiento oficioso de investigación ordenado por el IFE contra Nueva Alianza, en cuyos informes de campaña del proceso electoral 2005-2006 se encontraron irregularidades.
Esto, explicó Galván, implicó que la Sala Superior, al resolver la impugnación interpuesta por el Panal, concluyera que el IFE debe hacer una reposición del procedimiento para que les haga saber cuál es la conciliación entre la información que recibieron de IBOPE —empresa encargada del monitoreo de spots— y la información que dio el partido de lo contratado, transmitido y pagado.
Transparentar recursos
“Esta conciliación les permitirá saber cuáles son los faltantes para el IFE, cuáles son los promocionales que aparentemente no fueron contratados o no fueron pagados o bien si fueron pagados con qué recursos se pagó”, explicó Galván.
Indicó que la autoridad de fiscalización debe terminar de revisar para poder llegar a la conclusión de qué está justificado; además, la sentencia, abundó, le dice al IFE que sí hay spots transmitidos y no contratados conforme a la ley, pues que se impongan las sanciones que correspondan. “Esto de ninguna manera significa perdonar a los partidos políticos”,
Dijo que es importante aclarar el origen de esos 281 mil spots porque el financiamiento de partidos se da con recursos públicos y en consecuencia, agregó, deben rendir cuentas de lo hecho con el dinero del Estado para evitar que haya dinero no justificado.
Señaló que los recursos de apelación promovidos por el PRD y el PT continúan siendo analizados por los magistrados instructores, por lo que está pendiente su resolución.
Nota de Alberto Morales, El Universal, 27 de noviembre.
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