El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, advirtió del grave riesgo que implica el aumento persistente de las penas en el sistema judicial, pues representa dar mayor poder a un aparato de justicia sumamente deficiente.
A la larga, si avanzan y se concretizan este tipo de propuestas –como la pena de muerte–, en medio de un régimen autoritario, el trabajo de los activistas y organismos de derechos humanos del país, sin duda, se verá incrementado y se complicará más el respeto a las garantías individuales.
Al participar en un foro sobre seguridad pública y derechos humanos, criticó que el creciente clima de violencia esté siendo utilizado por algunos partidos para proponer la pena de muerte en su plataforma electoral para 2009. Esto es una señal de alarma, dijo, pues evidentemente no es el camino para terminar con la delincuencia ni la inseguridad. De hecho, esto es lo que se ha estado haciendo en las décadas recientes, sin ningún resultado positivo.
Lo que debe hacerse, agregó, es que la ciudadanía se apropie de la agenda de seguridad, y desde ahí construir una democracia ciudadana, donde prive la observación, el monitoreo y la supervisión sobre los cuerpos policiales. “No hay recetas ni fórmulas mágicas, pero la sociedad mexicana tiene una capacidad instalada, y así como en los años 90 la agenda fue respeto al voto y elecciones libres, imparciales y transparentes, hoy la construcción de la ciudadanía pasa necesariamente por el tema de la seguridad”, indicó.
En el acto, moderado por el presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, participó también Luis Arriaga, del Centro Miguel Agustín pro Juárez, y el ex secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero.
Luis Arriaga criticó que la perspectiva de los derechos humanos y la justicia social esté borrada del Acuerdo Nacional por la Seguridad, además de que en medio de esta crisis en la materia hay “voces oportunistas” que plantean “falsas soluciones” para revertir la inseguridad, como el aumento de penas, cadena perpetua, pena de muerte y robustecimiento del aparato punitivo.
A la larga, si avanzan y se concretizan este tipo de propuestas –como la pena de muerte–, en medio de un régimen autoritario, el trabajo de los activistas y organismos de derechos humanos del país, sin duda, se verá incrementado y se complicará más el respeto a las garantías individuales.
Al participar en un foro sobre seguridad pública y derechos humanos, criticó que el creciente clima de violencia esté siendo utilizado por algunos partidos para proponer la pena de muerte en su plataforma electoral para 2009. Esto es una señal de alarma, dijo, pues evidentemente no es el camino para terminar con la delincuencia ni la inseguridad. De hecho, esto es lo que se ha estado haciendo en las décadas recientes, sin ningún resultado positivo.
Lo que debe hacerse, agregó, es que la ciudadanía se apropie de la agenda de seguridad, y desde ahí construir una democracia ciudadana, donde prive la observación, el monitoreo y la supervisión sobre los cuerpos policiales. “No hay recetas ni fórmulas mágicas, pero la sociedad mexicana tiene una capacidad instalada, y así como en los años 90 la agenda fue respeto al voto y elecciones libres, imparciales y transparentes, hoy la construcción de la ciudadanía pasa necesariamente por el tema de la seguridad”, indicó.
En el acto, moderado por el presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, participó también Luis Arriaga, del Centro Miguel Agustín pro Juárez, y el ex secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero.
Luis Arriaga criticó que la perspectiva de los derechos humanos y la justicia social esté borrada del Acuerdo Nacional por la Seguridad, además de que en medio de esta crisis en la materia hay “voces oportunistas” que plantean “falsas soluciones” para revertir la inseguridad, como el aumento de penas, cadena perpetua, pena de muerte y robustecimiento del aparato punitivo.
José Antonio Román, La Jornada, 2 de octubre.
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