El director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, reconoció que esa institución ha recibido en la administración de Felipe Calderón 35 recomendaciones por violaciones a las garantías individuales por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en momentos en que hay 45 mil soldados en las calles del país combatiendo a los cárteles del narcotráfico.
Sin embargo, dijo que este número es bajo si se toma en cuenta que en lo que va del sexenio se han presentado ante el mencionado organismo 2 mil 200 quejas de este tipo.
“El hecho de que sean 35 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha emitido, creo que es bajo en relación con las 2 mil 200 quejas que se han ventilado en expedientes en ese sentido”.
Durante su participación en el foro El Ejército y los Derechos Humanos, que se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) —de la Procuraduría General de la República—, expresó que en los últimos tres años 65 militares han sido procesados administrativamente y penalmente.
Portillo Robles Gil puntualizó que en los últimos 12 años, siete casos de violaciones en la materia han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asuntos que han sido impulsados por diversas organizaciones.
Indicó que por lo que hace a denuncias presentadas por abuso sexual, estas no son atendidas por la justicia militar, sino por autoridades civiles, al igual que los temas relacionados con el narcotráfico.
Refirió que en las calles del país hay 45 mil soldados que diariamente combaten el crimen organizado; no obstante, dejó claro, que por el momento estos elementos no regresarán a sus cuarteles, pues su participación en esta lucha está programada hasta 2012, fecha en la que comenzarán a regresar paulatinamente.
El también ex procurador general de Justicia Militar se pronunció porque no se retire el fuero a los militares.
Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha emprendido muchas acciones desde 1988, cuando creó una Dirección de Derechos Humanos, por lo que el Ejército ha trabajado desde ese tiempo en la protección de derechos a las personas.
Actualmente, refirió, se dan cursos a los soldados de protección de derechos humanos y de equidad de géneros.
Señaló que si los civiles quieren asistir a las audiencias de un Consejo de Guerra, no hay razón para que no entren. Además, abundó, el Ejército está obligado por el Instituto Federal de Acceso a la Información a transparentar lo que hacen.
Iniciativa Mérida
Respecto al compromiso de las autoridades de Estados Unidos sobre entregar recursos a México para fortalecer su lucha contra la delincuencia organizada, esto como parte de los acuerdos alcanzados en la Iniciativa Mérida, comentó que si los estadunidenses aportan ese capital se tendrán mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado.
Empero, aclaró que los militares nunca piensan en el presupuesto. “A nosotros nos ordenan una cosa y lo hacemos. Así estamos educados”, enfatizó.
En el foro también participaron el investigador del Centro Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Robledo Ramírez, y el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, entre otros.
La participación del Ejército en tareas policiales ha dejado la percepción entre la población de que existen violaciones a los derechos humanos, que incluyen allanamientos y detenciones injustificadas, robos, torturas, violaciones de mujeres y asesinatos.
En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó recientemente un informe que expone algunos de los delitos cometidos por militares en los últimos meses, y sugirió que: “Es hora de que el gobierno genere un plan para regresar los militares a los cuarteles y dejar de exponerlos en misiones para las que no están preparados. Será por el bien de los derechos humanos y del propio Ejército”.
Pero ante el creciente poder y violencia de los narcotraficantes, la presente administración sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para enfrentar a esos grupos con mayor amplitud.
Aunque legisladores y grupos humanitarios demandan dejar de lado a los militares en esta lucha, gobernadores y otras autoridades locales piden lo contrario. Además, el alto mando de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván, ha asegurado que el fuero de guerra no es sinónimo de impunidad para los militares.
- Claves
Averiguaciones
• En abril del presente año, la Procuraduría General de Justicia Militar inició una averiguación previa contra personal de la institución comisionado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que presuntamente participó en la desaparición de tres civiles el pasado 14 de marzo.
• Dulce María López Duarte reclamó la desaparición de su esposo Miguel Alejandro Gama Habib y presentó documentación y fotografías en las que se aprecia a militares utilizando el carro de su marido para patrullajes, esto después de haberlo levantado.
• Posteriormente, fueron consignados ante la justicia militar más de diez militares presuntamente involucrados en tales sucesos. Sin embargo, de los civiles aún se desconoce su paradero.
Sin embargo, dijo que este número es bajo si se toma en cuenta que en lo que va del sexenio se han presentado ante el mencionado organismo 2 mil 200 quejas de este tipo.
“El hecho de que sean 35 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha emitido, creo que es bajo en relación con las 2 mil 200 quejas que se han ventilado en expedientes en ese sentido”.
Durante su participación en el foro El Ejército y los Derechos Humanos, que se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) —de la Procuraduría General de la República—, expresó que en los últimos tres años 65 militares han sido procesados administrativamente y penalmente.
Portillo Robles Gil puntualizó que en los últimos 12 años, siete casos de violaciones en la materia han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asuntos que han sido impulsados por diversas organizaciones.
Indicó que por lo que hace a denuncias presentadas por abuso sexual, estas no son atendidas por la justicia militar, sino por autoridades civiles, al igual que los temas relacionados con el narcotráfico.
Refirió que en las calles del país hay 45 mil soldados que diariamente combaten el crimen organizado; no obstante, dejó claro, que por el momento estos elementos no regresarán a sus cuarteles, pues su participación en esta lucha está programada hasta 2012, fecha en la que comenzarán a regresar paulatinamente.
El también ex procurador general de Justicia Militar se pronunció porque no se retire el fuero a los militares.
Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha emprendido muchas acciones desde 1988, cuando creó una Dirección de Derechos Humanos, por lo que el Ejército ha trabajado desde ese tiempo en la protección de derechos a las personas.
Actualmente, refirió, se dan cursos a los soldados de protección de derechos humanos y de equidad de géneros.
Señaló que si los civiles quieren asistir a las audiencias de un Consejo de Guerra, no hay razón para que no entren. Además, abundó, el Ejército está obligado por el Instituto Federal de Acceso a la Información a transparentar lo que hacen.
Iniciativa Mérida
Respecto al compromiso de las autoridades de Estados Unidos sobre entregar recursos a México para fortalecer su lucha contra la delincuencia organizada, esto como parte de los acuerdos alcanzados en la Iniciativa Mérida, comentó que si los estadunidenses aportan ese capital se tendrán mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado.
Empero, aclaró que los militares nunca piensan en el presupuesto. “A nosotros nos ordenan una cosa y lo hacemos. Así estamos educados”, enfatizó.
En el foro también participaron el investigador del Centro Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Robledo Ramírez, y el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, entre otros.
La participación del Ejército en tareas policiales ha dejado la percepción entre la población de que existen violaciones a los derechos humanos, que incluyen allanamientos y detenciones injustificadas, robos, torturas, violaciones de mujeres y asesinatos.
En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó recientemente un informe que expone algunos de los delitos cometidos por militares en los últimos meses, y sugirió que: “Es hora de que el gobierno genere un plan para regresar los militares a los cuarteles y dejar de exponerlos en misiones para las que no están preparados. Será por el bien de los derechos humanos y del propio Ejército”.
Pero ante el creciente poder y violencia de los narcotraficantes, la presente administración sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para enfrentar a esos grupos con mayor amplitud.
Aunque legisladores y grupos humanitarios demandan dejar de lado a los militares en esta lucha, gobernadores y otras autoridades locales piden lo contrario. Además, el alto mando de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván, ha asegurado que el fuero de guerra no es sinónimo de impunidad para los militares.
- Claves
Averiguaciones
• En abril del presente año, la Procuraduría General de Justicia Militar inició una averiguación previa contra personal de la institución comisionado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que presuntamente participó en la desaparición de tres civiles el pasado 14 de marzo.
• Dulce María López Duarte reclamó la desaparición de su esposo Miguel Alejandro Gama Habib y presentó documentación y fotografías en las que se aprecia a militares utilizando el carro de su marido para patrullajes, esto después de haberlo levantado.
• Posteriormente, fueron consignados ante la justicia militar más de diez militares presuntamente involucrados en tales sucesos. Sin embargo, de los civiles aún se desconoce su paradero.
Rubén Mosso, Milenio, 21 de julio.
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