"Si se presenta una querella o una queja en lugar de sólo quedarse en declaraciones, si se presenta al IFE toda la documentación con la que se cuenta, se podrá valorar si se actúa de oficio, o se atiende la queja", dijo en entrevista.
El periodista español, José María Siles, director de la agencia ANews, destapó el escándalo el pasado miércoles, cuando reveló que fue contratado por Televisa para cubrir las actividades de Peña en el Foro Mundial del Agua, en Estambul, pero que los directivos de la televisora le dijeron que el Gobierno mexiquense pagaría ese servicio.
Entrevistado sobre el caso, el consejero Sánchez señaló que son varios los actores involucrados en el caso que se ha ventilado ante la opinión pública, como son: una televisora, el gobierno del Estado de México, funcionarios públicos, una agencia de prensa y un periodista internacionales.
Si no se formaliza la denuncia ante el IFE sobre el caso, consideró, se puede quedar el asunto en un intercambio de declaraciones, en alusión a las críticas de panistas y perredistas.
La vía legal
Fuentes del IFE consultadas sobre el procedimiento que se podría seguir insistieron en que para entrar a analizar el tema, hace falta una queja formal.
El partido político, señalaron las fuentes, deberá sustentar los agravios y las presuntas violaciones a la ley electoral que implica el caso, ya sea por parte de la empresa televisora o del gobierno mexiquense, así como las evidencias aportadas por el periodista español.
"A partir de esto se iniciaría un procedimiento de valoración para ver si es procedente la investigación a fondo del asunto, si prospera o no, y en cuyo caso, se requeriría a las partes mencionadas o involucradas que contesten algunos planteamientos y lo que a su derecho convenga", agregaron.
El expediente, en caso de abrirse, explicaron, se enfrentaría a dos vías para su encauzamiento: la administrativa y la penal.
En la vía administrativa se analizaría si se violaron los artículos 134 y 41 de la Constitución y el artículo 350 del Cofipe, que prohíben la promoción personalizada de servidores públicos y la contratación de propaganda gubernamental de manera directa y por terceros.
Por la vía penal, (a cargo de una instancia diferente al IFE), se tendría que indagar el presunto desvío de recursos públicos.
En este caso, tendría que investigarse la presunta participación de Televisa, y el gobierno del Estado de México en la triangulación de compra de espacios y el uso de recursos públicos para promover a un funcionario público, en este caso, Peña Nieto.
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