Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante la Comisión Permanente demandaron a Felipe Calderón cumplir las cinco recomendaciones hechas a México por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) relacionadas con el fuero militar, a fin de que sean tribunales civiles los que juzguen a miembros del Ejército que hayan incurrido en excesos y vulnerado garantías fundamentales de la población, así como transparentar la justicia militar en los casos relacionados.
La propuesta perredista, que se analiza en comisiones del órgano legislativo, advierte que el gobierno federal rechazó ya totalmente dos de esas recomendaciones de la ONU que tienen que ver con el fuero militar y se refieren a “revisar las condiciones legales para asegurar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por militares puedan ser sancionadas por cortes civiles”.
En el documento, los senadores y diputados perredistas detallan que en cumplimiento de la resolución 5/1 de ese consejo de la ONU, que estableció el mecanismo del Examen Periódico Universal –para valorar el grado de cumplimiento de cada país en derechos humanos–, una delegación de México, encabezada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estuvo en febrero pasado en Ginebra, Suiza.
El funcionario aceptó 83 de las 91 recomendaciones al Estado mexicano y dejó reservadas ocho, relacionadas con el combate al crimen organizado. En junio, Gómez Mont respondió de nueva cuenta a la ONU, para desechar las relacionadas con el fuero militar y el arraigo.
El gobierno de Calderón no aceptó, como le planteó la ONU, “acatar las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a fin de garantizar que sean los tribunales civiles los que juzguen las violaciones a los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron cometidos durante servicio”.
Rechazó abolir la práctica del arraigo, figura contraria al principio constitucional de presunción de inocencia.
Las otras recomendaciones que estaban reservadas son para “restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar, para enviar una clara señal en la lucha contra la impunidad”.
En el punto de acuerdo presentado el pasado miércoles por el PRD, el diputado Humberto Zazueta y el senador René Arce advierten que la postura del gobierno mexicano en torno al fuero militar ha generado ya reacciones negativas a escala internacional, entre ellas la de Human Rights Watch, la cual demandó al gobierno de Calderón que informe puntualmente sobre órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, expedientes judiciales y sentencias en caso de violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles por soldados y demás integrantes de las fuerzas armadas.
Los legisladores advierten que “la realidad está mostrando que la estrategia de apostar sólo a la fuerza militar para encarar a la delincuencia organizada, no obstante el compromiso y el sacrificio institucional de las fuerzas armadas, es profundamente errónea, estéril y costosa, porque soslaya la necesidad de poner en marcha un programa integral para atender las causas de la violencia estructural”, entre ellas la pobreza y la marginación.
Proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Gobernación a cumplir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluidas las cinco relacionadas con el fuero militar.
La propuesta perredista, que se analiza en comisiones del órgano legislativo, advierte que el gobierno federal rechazó ya totalmente dos de esas recomendaciones de la ONU que tienen que ver con el fuero militar y se refieren a “revisar las condiciones legales para asegurar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por militares puedan ser sancionadas por cortes civiles”.
En el documento, los senadores y diputados perredistas detallan que en cumplimiento de la resolución 5/1 de ese consejo de la ONU, que estableció el mecanismo del Examen Periódico Universal –para valorar el grado de cumplimiento de cada país en derechos humanos–, una delegación de México, encabezada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estuvo en febrero pasado en Ginebra, Suiza.
El funcionario aceptó 83 de las 91 recomendaciones al Estado mexicano y dejó reservadas ocho, relacionadas con el combate al crimen organizado. En junio, Gómez Mont respondió de nueva cuenta a la ONU, para desechar las relacionadas con el fuero militar y el arraigo.
El gobierno de Calderón no aceptó, como le planteó la ONU, “acatar las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a fin de garantizar que sean los tribunales civiles los que juzguen las violaciones a los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron cometidos durante servicio”.
Rechazó abolir la práctica del arraigo, figura contraria al principio constitucional de presunción de inocencia.
Las otras recomendaciones que estaban reservadas son para “restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar, para enviar una clara señal en la lucha contra la impunidad”.
En el punto de acuerdo presentado el pasado miércoles por el PRD, el diputado Humberto Zazueta y el senador René Arce advierten que la postura del gobierno mexicano en torno al fuero militar ha generado ya reacciones negativas a escala internacional, entre ellas la de Human Rights Watch, la cual demandó al gobierno de Calderón que informe puntualmente sobre órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, expedientes judiciales y sentencias en caso de violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles por soldados y demás integrantes de las fuerzas armadas.
Los legisladores advierten que “la realidad está mostrando que la estrategia de apostar sólo a la fuerza militar para encarar a la delincuencia organizada, no obstante el compromiso y el sacrificio institucional de las fuerzas armadas, es profundamente errónea, estéril y costosa, porque soslaya la necesidad de poner en marcha un programa integral para atender las causas de la violencia estructural”, entre ellas la pobreza y la marginación.
Proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Gobernación a cumplir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluidas las cinco relacionadas con el fuero militar.
Andrea Becerril, La Jornada, 26 de julio.
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