Para los candidatos que firmaron sus compromisos ante notario aplica el dicho de "prometer no empobrece", porque ese acto no tiene consecuencias jurídicas relevantes, afirmaron especialistas.
Cientos de candidatos a puestos federales y locales, así como varios partidos, entregaron a la organización S.O.S., que dirige el empresario Alejandro Martí, sus compromisos notariados en materia de seguridad pública y rendición de cuentas.
La práctica ya la había utilizado el actual Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cuando era candidato del PRI. Fue reiterada por Rafael Acosta, "Juanito", el candidato ganador del PT a delegado en Iztapalapa, quien firmó ante notario que dejará su cargo a Clara Brugada.
Esos documentos son fe de hecho, en los que un notario público certifica que una persona se presentó ante él, hizo ciertas declaraciones o promesas y firmó un texto en el que quedaron plasmadas.
"No le corresponde al notario verificar que lo afirmado por el declarante sea cierto ni le corresponde dar seguimiento al cumplimiento de una promesa", explicó Javier Nuño, especialista en derecho civil.
"La fe sólo acredita la existencia del acto: yo me comprometí a esto y es un hecho que es mi compromiso", agregó el litigante Jorge de Ibarrola.
"Son manifestaciones de buena intención, y el notario sólo certifica que es cierto que dijiste eso, después puedes tener mil justificantes para no cumplirlo".
Los notarios cobran aranceles que van de mil 500 a 4 mil pesos por ese servicio, aunque los montos pueden ser superiores según la notaría y el tiempo que se requiera para el acto.
Nuño aclaró que la Ley del Notariado del Distrito Federal contempla un delito equiparable a la falsedad de declaraciones ante autoridad cuando alguien falta a la verdad en sus dichos al notario, quien al igual que ciertos funcionarios está investido de fe pública.
Ese delito es castigado con pena de dos a seis años de cárcel, y sería necesaria una denuncia ante la Procuraduría de la entidad que corresponda para que se pudiera sancionar.
Pero De Ibarrola hizo notar que ese delito se refiere, más bien, a una persona que narra hechos o aporta datos que sabe que son falsos ante el notario, más no a una promesa que, en el momento en que se levanta el acta, sí puede representar la voluntad auténtica del candidato.
"Esto es a futuro. Yo voy con el notario y me comprometo a regalarte mi casa, en su momento yo tenía la intención, esa era mi intención", explicó el litigante, también especialista en casos civiles.
Cientos de candidatos a puestos federales y locales, así como varios partidos, entregaron a la organización S.O.S., que dirige el empresario Alejandro Martí, sus compromisos notariados en materia de seguridad pública y rendición de cuentas.
La práctica ya la había utilizado el actual Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cuando era candidato del PRI. Fue reiterada por Rafael Acosta, "Juanito", el candidato ganador del PT a delegado en Iztapalapa, quien firmó ante notario que dejará su cargo a Clara Brugada.
Esos documentos son fe de hecho, en los que un notario público certifica que una persona se presentó ante él, hizo ciertas declaraciones o promesas y firmó un texto en el que quedaron plasmadas.
"No le corresponde al notario verificar que lo afirmado por el declarante sea cierto ni le corresponde dar seguimiento al cumplimiento de una promesa", explicó Javier Nuño, especialista en derecho civil.
"La fe sólo acredita la existencia del acto: yo me comprometí a esto y es un hecho que es mi compromiso", agregó el litigante Jorge de Ibarrola.
"Son manifestaciones de buena intención, y el notario sólo certifica que es cierto que dijiste eso, después puedes tener mil justificantes para no cumplirlo".
Los notarios cobran aranceles que van de mil 500 a 4 mil pesos por ese servicio, aunque los montos pueden ser superiores según la notaría y el tiempo que se requiera para el acto.
Nuño aclaró que la Ley del Notariado del Distrito Federal contempla un delito equiparable a la falsedad de declaraciones ante autoridad cuando alguien falta a la verdad en sus dichos al notario, quien al igual que ciertos funcionarios está investido de fe pública.
Ese delito es castigado con pena de dos a seis años de cárcel, y sería necesaria una denuncia ante la Procuraduría de la entidad que corresponda para que se pudiera sancionar.
Pero De Ibarrola hizo notar que ese delito se refiere, más bien, a una persona que narra hechos o aporta datos que sabe que son falsos ante el notario, más no a una promesa que, en el momento en que se levanta el acta, sí puede representar la voluntad auténtica del candidato.
"Esto es a futuro. Yo voy con el notario y me comprometo a regalarte mi casa, en su momento yo tenía la intención, esa era mi intención", explicó el litigante, también especialista en casos civiles.
Víctor Fuentes, Reforma, 19 de julio.
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