WASHINGTON.- Los abusos de militares a derechos humanos en la guerra antinarco en México son casos aislados respondió ayer en una carta al diario The Washington Post, el Embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán.
Como respuesta al reportaje de primera plana aparecido en el rotativo el 9 de julio titulado "México Acusado por Tortura en la Guerra de las Drogas", el Embajador defendió además el récord del Gobierno en castigar efectivamente tales abusos aislados.
"El Gobierno mexicano no niega que casos aislados de violaciones a los derechos humanos puedan ocurrir", aseguró Sarukhán en la carta de cinco párrafos que apareció ayer en la página 20 de la versión impresa de The Washington Post.
"Sin embargo, estamos plenamente comprometidos en investigarlos y en procesar a los presuntos sospechosos", dijo Sarukhán añadiendo que nadie puede afirmar que las violaciones a derechos humanos en México sean una política de Estado.
En la misiva, el diplomático sin embargo no rebatió el dato citado por The Post sobre el desbordamiento de quejas contra militares en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que superan ya las 2 mil en los pasados tres años.
"Empezar una carta diciendo que los casos son aislados me parece que le resta credibilidad a su planteamiento", dijo a REFORMA, José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
"En el caso de México y los militares me atrevería a decir con certeza que ya no estamos ante hechos aislados", añadió Vivanco, quien apenas en abril presentó el informe "Impunidad Uniformada" sobre la falta de justicia en abusos por militares.
Sarukhán justificó ayer el encierro en un cuartel militar de 25 policías de Tijuana en marzo pasado un caso donde The Post documentó incomunicación, golpes y asfixia, y que investiga la CNDH.
"Los oficiales de policía referidos en el artículo habían sido arraigados, en espera de una orden de aprehensión, en cumplimiento pleno con la ley y en respuesta de la amenaza que ellos representan", dijo Sarukhán en la misiva.
El diplomático evitó profundizar en el caso del campesino guerrerense Julio César Acosta de Puerto Las Ollas, quien narró a The Post tortura con agujas debajo de las uñas por militares pero prometió investigación con base en "evidencia sólida".
"Cualquier violación en este caso (Tijuana) o en otros casos, incluyendo los reportados en Puerto Las Ollas, será investigado plenamente basado en evidencia sólida", dijo Sarukhán sobre la nota firmada por los reporteros Steve Fainaru y Bill Booth.
Según Vivanco, la carta de Sarukhán evita tocar el punto central de la discusión que es la existencia del 'fuero militar' por el cual todo abuso militar a civiles es frecuentemente trasladado al ámbito castrense donde queda impune.
"En 10 años no han sido capaces de exhibir una causa completa con todos los detalles de algún sentenciado por violar derechos humanos ya sea por tortura, desapariciones, o violación sexual", concluyó el director para Américas de Human Rights Watch.
Como respuesta al reportaje de primera plana aparecido en el rotativo el 9 de julio titulado "México Acusado por Tortura en la Guerra de las Drogas", el Embajador defendió además el récord del Gobierno en castigar efectivamente tales abusos aislados.
"El Gobierno mexicano no niega que casos aislados de violaciones a los derechos humanos puedan ocurrir", aseguró Sarukhán en la carta de cinco párrafos que apareció ayer en la página 20 de la versión impresa de The Washington Post.
"Sin embargo, estamos plenamente comprometidos en investigarlos y en procesar a los presuntos sospechosos", dijo Sarukhán añadiendo que nadie puede afirmar que las violaciones a derechos humanos en México sean una política de Estado.
En la misiva, el diplomático sin embargo no rebatió el dato citado por The Post sobre el desbordamiento de quejas contra militares en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que superan ya las 2 mil en los pasados tres años.
"Empezar una carta diciendo que los casos son aislados me parece que le resta credibilidad a su planteamiento", dijo a REFORMA, José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
"En el caso de México y los militares me atrevería a decir con certeza que ya no estamos ante hechos aislados", añadió Vivanco, quien apenas en abril presentó el informe "Impunidad Uniformada" sobre la falta de justicia en abusos por militares.
Sarukhán justificó ayer el encierro en un cuartel militar de 25 policías de Tijuana en marzo pasado un caso donde The Post documentó incomunicación, golpes y asfixia, y que investiga la CNDH.
"Los oficiales de policía referidos en el artículo habían sido arraigados, en espera de una orden de aprehensión, en cumplimiento pleno con la ley y en respuesta de la amenaza que ellos representan", dijo Sarukhán en la misiva.
El diplomático evitó profundizar en el caso del campesino guerrerense Julio César Acosta de Puerto Las Ollas, quien narró a The Post tortura con agujas debajo de las uñas por militares pero prometió investigación con base en "evidencia sólida".
"Cualquier violación en este caso (Tijuana) o en otros casos, incluyendo los reportados en Puerto Las Ollas, será investigado plenamente basado en evidencia sólida", dijo Sarukhán sobre la nota firmada por los reporteros Steve Fainaru y Bill Booth.
Según Vivanco, la carta de Sarukhán evita tocar el punto central de la discusión que es la existencia del 'fuero militar' por el cual todo abuso militar a civiles es frecuentemente trasladado al ámbito castrense donde queda impune.
"En 10 años no han sido capaces de exhibir una causa completa con todos los detalles de algún sentenciado por violar derechos humanos ya sea por tortura, desapariciones, o violación sexual", concluyó el director para Américas de Human Rights Watch.
José Díaz Briseño, corresponsal, Reforma, 20 de julio.
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