El ministro de Justicia de España, Francisco Caamaño Domínguez, consideró válido que un Estado como el mexicano decida que su Ejército participe en el combate al narcotráfico, pero siempre con respeto a los derechos humanos y a las leyes que rigen en el país.
El narcotráfico, añadió el funcionario español, “es causa también de corrupción de nuestros sistemas políticos y, por tanto, de la convivencia pacífica”, por lo que combatir el tráfico ilegal de drogas es “una prioridad no sólo de México, España y la Unión Europea, sino de todos aquellos países que quieren descartar de su vida social la violencia y las prácticas corruptas”.
Entrevistado tras la firma de un convenio entre el Senado y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Caamaño resaltó que España también es una nación afectada por el tráfico de drogas, por lo que combate ese problema de manera definitiva.
Se le preguntó su opinión sobre la estrategia del gobierno de Felipe Calderón de utilizar al Ejército para combatir el narco. Respondió que aunque las decisiones de política interna corresponden a cada país, considera que es válido “acudir a las fuerzas de seguridad del Estado, respetando los derechos humanos y las leyes”.
El ministro español resaltó que en la actualidad el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, se mueve con muchísimos medios, más allá de las fronteras entre naciones, y genera redes, porque tiene recursos económicos. Para luchar contra ello, insistió, “hay que tener decisiones firmes, lo más acordes entre los países, y estrecha colaboración policial y judicial”.
Acompañado por el presidente del Senado, Gustavo Madero, Caamaño Domínguez expuso luego que el convenio de colaboración recién signado permitirá estudiar y profundizar no sólo en la mejora institucional de México y España, sino en otras cuestiones torales, como son el reto que supone para los ciudadanos los nuevos derechos.
Se trata, detalló, de derechos vinculados con las nuevas tecnologías, a los medios de comunicación, a las políticas sociales, algo tan importante que “van a marcar, sin duda, el escenario político del siglo XXI”.
En su discurso se refirió también al tema. Afirmó que tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, en Estados Unidos, y la estación del Metro de Atocha, en Madrid, la discusión se centró en la seguridad y se comenzaron a dimensionar la libertad y las garantías individuales.
Caamaño Dominguez aludió asimismo a la legislación que se ha perfeccionado en España para proteger las mujeres de la violencia machista, e insistió en que escala mundial hay espacio para nuevos derechos, que sean llevados a leyes y se conviertan en políticas que permitan avanzar hacia sociedades abiertas, “con mayor carga de opinión pública y muchísimo más justas”.
El narcotráfico, añadió el funcionario español, “es causa también de corrupción de nuestros sistemas políticos y, por tanto, de la convivencia pacífica”, por lo que combatir el tráfico ilegal de drogas es “una prioridad no sólo de México, España y la Unión Europea, sino de todos aquellos países que quieren descartar de su vida social la violencia y las prácticas corruptas”.
Entrevistado tras la firma de un convenio entre el Senado y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Caamaño resaltó que España también es una nación afectada por el tráfico de drogas, por lo que combate ese problema de manera definitiva.
Se le preguntó su opinión sobre la estrategia del gobierno de Felipe Calderón de utilizar al Ejército para combatir el narco. Respondió que aunque las decisiones de política interna corresponden a cada país, considera que es válido “acudir a las fuerzas de seguridad del Estado, respetando los derechos humanos y las leyes”.
El ministro español resaltó que en la actualidad el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, se mueve con muchísimos medios, más allá de las fronteras entre naciones, y genera redes, porque tiene recursos económicos. Para luchar contra ello, insistió, “hay que tener decisiones firmes, lo más acordes entre los países, y estrecha colaboración policial y judicial”.
Acompañado por el presidente del Senado, Gustavo Madero, Caamaño Domínguez expuso luego que el convenio de colaboración recién signado permitirá estudiar y profundizar no sólo en la mejora institucional de México y España, sino en otras cuestiones torales, como son el reto que supone para los ciudadanos los nuevos derechos.
Se trata, detalló, de derechos vinculados con las nuevas tecnologías, a los medios de comunicación, a las políticas sociales, algo tan importante que “van a marcar, sin duda, el escenario político del siglo XXI”.
En su discurso se refirió también al tema. Afirmó que tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, en Estados Unidos, y la estación del Metro de Atocha, en Madrid, la discusión se centró en la seguridad y se comenzaron a dimensionar la libertad y las garantías individuales.
Caamaño Dominguez aludió asimismo a la legislación que se ha perfeccionado en España para proteger las mujeres de la violencia machista, e insistió en que escala mundial hay espacio para nuevos derechos, que sean llevados a leyes y se conviertan en políticas que permitan avanzar hacia sociedades abiertas, “con mayor carga de opinión pública y muchísimo más justas”.
Andrea Becerril y Vïctor Ballinas, La Jornada, 24 de julio.
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