Los consejeros electorales del IFE enfrentaron ayer un dilema sobre la facultad que tiene el Instituto o no de exigir derecho de réplica a los medios de información para actores del proceso electoral.
El candidato a diputado federal por el Distrito 8 en Nuevo León, Alberto Picasso Barroel, acudió a las instancias electorales para que, a través de ellas, se exigiera al diario El Norte dar derecho de réplica a una nota publicada en mayo pasado en la que, según la queja de Picasso Barroel, además de proporcionar datos equivocados sobre el distrito por el que contiende, “inserta una réplica tendenciosa” sobre su profesión de médico.
Ayer, en acatamiento a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE resolvió ordenar a Editora El Sol, que edita el periódico El Norte, que en un plazo de 24 horas o en la edición más próxima a difundir publique la rectificación o respuesta que emitieron Picasso Barroel y Eduardo Arguijo.
Tal resolución fue antecedida por una discusión de casi cuatro horas, en la que unos adujeron que no era competencia del IFE, en tanto que otros señalaban que el Instituto debe garantizar los derechos de los actores involucrados en el proceso electoral.
Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, reconoció que hay un vacío legal sobre el tema, situación que tiene dos consecuencias: una, que no establece con claridad la autoridad responsable para tutelar el derecho de réplica y, otra, que no hay claridad sobre el procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo el tutelaje de ese derecho.
A decir del consejero Benito Nacif, el derecho de réplica está vinculado con otras libertades, como la de expresión, establecidas en la Constitución, por lo que “no me parece que en este caso la intervención del Tribunal Electoral y del IFE esté justificada”.
Señaló que con la sentencia el Trife “rompe con los principios de división de poderes; no solamente rebasa sus atribuciones, sino que además pretende que esta autoridad administrativa lo haga.
“Su norma relativa a que el IFE aplique la Constitución directamente en el caso concreto requiere que este Consejo General interprete directamente la Constitución, ya que no tenemos criterios legales en el Cofipe ni hay regla del artículo sexto constitucional para determinar cómo y cuándo se ejercerá ese derecho de réplica”.
Dora Alicia Martínez, representante del Poder Legislativo, lamentó la situación y se disculpó a nombre de los legisladores por no haber podido llegar a un acuerdo para emitir una ley reglamentaria que permita resolver este tipo de situaciones que van más allá de lo electoral.
El candidato a diputado federal por el Distrito 8 en Nuevo León, Alberto Picasso Barroel, acudió a las instancias electorales para que, a través de ellas, se exigiera al diario El Norte dar derecho de réplica a una nota publicada en mayo pasado en la que, según la queja de Picasso Barroel, además de proporcionar datos equivocados sobre el distrito por el que contiende, “inserta una réplica tendenciosa” sobre su profesión de médico.
Ayer, en acatamiento a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE resolvió ordenar a Editora El Sol, que edita el periódico El Norte, que en un plazo de 24 horas o en la edición más próxima a difundir publique la rectificación o respuesta que emitieron Picasso Barroel y Eduardo Arguijo.
Tal resolución fue antecedida por una discusión de casi cuatro horas, en la que unos adujeron que no era competencia del IFE, en tanto que otros señalaban que el Instituto debe garantizar los derechos de los actores involucrados en el proceso electoral.
Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, reconoció que hay un vacío legal sobre el tema, situación que tiene dos consecuencias: una, que no establece con claridad la autoridad responsable para tutelar el derecho de réplica y, otra, que no hay claridad sobre el procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo el tutelaje de ese derecho.
A decir del consejero Benito Nacif, el derecho de réplica está vinculado con otras libertades, como la de expresión, establecidas en la Constitución, por lo que “no me parece que en este caso la intervención del Tribunal Electoral y del IFE esté justificada”.
Señaló que con la sentencia el Trife “rompe con los principios de división de poderes; no solamente rebasa sus atribuciones, sino que además pretende que esta autoridad administrativa lo haga.
“Su norma relativa a que el IFE aplique la Constitución directamente en el caso concreto requiere que este Consejo General interprete directamente la Constitución, ya que no tenemos criterios legales en el Cofipe ni hay regla del artículo sexto constitucional para determinar cómo y cuándo se ejercerá ese derecho de réplica”.
Dora Alicia Martínez, representante del Poder Legislativo, lamentó la situación y se disculpó a nombre de los legisladores por no haber podido llegar a un acuerdo para emitir una ley reglamentaria que permita resolver este tipo de situaciones que van más allá de lo electoral.
Blanca Estela Botello, Crónica, 4 de julio.
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