En la segunda sesión de análisis de la reforma electoral se confrontaron los puntos de vista del escritor Héctor Aguilar Camín y del ex director del Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg. El primero dijo a los senadores que se equivocaron en las normas sobre medios electrónicos y se requiere otra “cirugía”, a fin de “permitir” la difusión de campañas sucias y la posibilidad de que terceros contraten propaganda en radio y televisión, porque de lo contrario se viola la libertad de expresión.
Aguilar Camín señaló que legislar sobre el peso de los medios en una ley electoral “no ha sido una buena idea ni ha tenido buenos resultados”, porque al eliminar la compra de promocionales, a las televisoras “les quitaron dinero, pero les dieron más poder, creando además un mercado negro” de propaganda electoral.
A su juicio, el hecho de que la reforma electoral de 2007 lleve a nivel constitucional “la restricción del derecho de los ciudadanos” a comprar tiempo en radio y televisión para emitir mensajes electorales, “igualó hacia abajo” derechos, con el argumento de que no todos pueden ejercerlo.
Defendió luego la difusión de las campañas negativas o guerras sucias, ya que, sostuvo, “no sólo sirven para capturar la atención de los votantes, sino también para informarles de los puntos débiles de los contendientes”.
Durante esa mesa de seguimiento y evaluación de la reforma electoral, Aguilar Camín expuso además que “la democracia moderna es impensable sin los medios electrónicos, en particular sin la televisión” y “hay que regular su presencia, pero asumiendo que son parte del juego, y parte fundamental”. Advirtió que quienes votaron la reforma electoral, que implica “la desconstrucción del IFE”, le dieron la razón “al perdedor inconforme de las elecciones de 2006”.
En su turno, Woldenberg expuso que la reforma electoral de 2007 no erosiona en ninguna medida la libertad de expresión, y aclaró que la prohibición a terceros de comprar espacios en radio y televisión estaba desde 1996, y lo que se hizo en la legislación de hace dos años fue llevar la norma al artículo 41 de la Carta Magna.
Por lo que toca al “mercado negro” de promocionales en televisión, el ex titular del IFE indicó que le cuesta trabajo pensar que “eso sea simple y sencillamente derivación de la reforma de 2007 y no de la violación de la norma”. La legislación, dijo, “con buen tino”, evitó que los recursos de los partidos, que son públicos, fueran a parar a las arcas de las televisoras, vía el pago de mensajes.
Woldenberg propuso que se mantenga el actual esquema, de propaganda sólo en tiempos oficiales, pero que sólo una parte mínima sea en promocionales y el resto a través de programas de debate de los partidos.
Los legisladores asistentes a ese acto, presidido por el priísta Manlio Fabio Beltrones, tampoco compartieron los puntos de vista de Aguilar Camín, y fue el perredista Arturo Núñez el que le expresó su desacuerdo total y le hizo notar que “el sistema de intereses creados” es el que trata de demostrar que la reforma es mala.
A la afirmación del escritor, de que igualaron derechos a la baja, Núñez respondió: “ojalá pudiéramos igualar a la alza “y que “de los 110 millones de mexicanos, algunos pudiéramos comprar promocionales de 240 mil pesos el segundo”.
Aguilar Camín señaló que legislar sobre el peso de los medios en una ley electoral “no ha sido una buena idea ni ha tenido buenos resultados”, porque al eliminar la compra de promocionales, a las televisoras “les quitaron dinero, pero les dieron más poder, creando además un mercado negro” de propaganda electoral.
A su juicio, el hecho de que la reforma electoral de 2007 lleve a nivel constitucional “la restricción del derecho de los ciudadanos” a comprar tiempo en radio y televisión para emitir mensajes electorales, “igualó hacia abajo” derechos, con el argumento de que no todos pueden ejercerlo.
Defendió luego la difusión de las campañas negativas o guerras sucias, ya que, sostuvo, “no sólo sirven para capturar la atención de los votantes, sino también para informarles de los puntos débiles de los contendientes”.
Durante esa mesa de seguimiento y evaluación de la reforma electoral, Aguilar Camín expuso además que “la democracia moderna es impensable sin los medios electrónicos, en particular sin la televisión” y “hay que regular su presencia, pero asumiendo que son parte del juego, y parte fundamental”. Advirtió que quienes votaron la reforma electoral, que implica “la desconstrucción del IFE”, le dieron la razón “al perdedor inconforme de las elecciones de 2006”.
En su turno, Woldenberg expuso que la reforma electoral de 2007 no erosiona en ninguna medida la libertad de expresión, y aclaró que la prohibición a terceros de comprar espacios en radio y televisión estaba desde 1996, y lo que se hizo en la legislación de hace dos años fue llevar la norma al artículo 41 de la Carta Magna.
Por lo que toca al “mercado negro” de promocionales en televisión, el ex titular del IFE indicó que le cuesta trabajo pensar que “eso sea simple y sencillamente derivación de la reforma de 2007 y no de la violación de la norma”. La legislación, dijo, “con buen tino”, evitó que los recursos de los partidos, que son públicos, fueran a parar a las arcas de las televisoras, vía el pago de mensajes.
Woldenberg propuso que se mantenga el actual esquema, de propaganda sólo en tiempos oficiales, pero que sólo una parte mínima sea en promocionales y el resto a través de programas de debate de los partidos.
Los legisladores asistentes a ese acto, presidido por el priísta Manlio Fabio Beltrones, tampoco compartieron los puntos de vista de Aguilar Camín, y fue el perredista Arturo Núñez el que le expresó su desacuerdo total y le hizo notar que “el sistema de intereses creados” es el que trata de demostrar que la reforma es mala.
A la afirmación del escritor, de que igualaron derechos a la baja, Núñez respondió: “ojalá pudiéramos igualar a la alza “y que “de los 110 millones de mexicanos, algunos pudiéramos comprar promocionales de 240 mil pesos el segundo”.
Fabiola Martínez, La Jornada, 1º de julio.
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