Defensores de derechos humanos consideraron que la acusación del Ejército de que el narcotráfico utiliza a la CNDH para desprestigiarlo tiene como objetivo “criminalizar” la labor de los activistas y evadir las recomendaciones por violaciones a las garantías individuales de militares a la población.
“Si hay una acusación en concreto de la Sedena se tiene que probar; sin embargo, no olvidemos que la tendencia en muchas ocasiones es criminalizar a los defensores de los derechos humanos”, expresó Víctor Hugo Carlos Banda, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
El activista señaló que los defensores de derechos humanos no comparten la visión del Ejército en relación con el funcionamiento de la CNDH, al considerar sus declaraciones una “desviación” del tema central, que son las violaciones que cometen los militares.
Sobre si el Ejército estaría, a su vez, usando al narcotráfico para no atender las recomendaciones de la comisión, el activista no descartó esa tesis; sin embargo, dijo que lo principal es la evasión de responsabilidades del Ejército mexicano.
“No compartimos esta posición del Ejército. Si tiene algún fundamento para acusar tendría que probarlo y presentar las denuncias correspondientes”, insistió.
Aún más, especificó, las acusaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional van en el sentido de criminalizar no sólo a la comisión, sino también a los defensores de los derechos humanos que han denunciado vejaciones de los efectivos castrenses.
“El tema es que hay violaciones a los derechos humanos del Ejército que se han denunciado, y éstas han sido investigadas. Ese es el tema y no se debe desviar haciendo esas acusaciones”, aseveró el activista.
De ese modo, el representante del Centro Prod pidió a la CNDH que siga con su trabajo de investigación que está contemplado en la ley, pues frente a una situación de “militarización que ha emprendido el gobierno federal en el país”, la comisión debe promover y defender los derechos humanos con apego al marco jurídico.
Flavio, exonerado de 12 ilícitos
La justicia de Oaxaca exoneró en definitiva a Flavio Sosa Villavicencio, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, tras no comprobar su responsabilidad en la autoría de al menos 12 delitos que le imputó el gobierno de Ulises Ruiz, luego de la destrucción y quema de edificios públicos en el contexto de la revuelta social de 2006.
En la resolución que emitió el juzgado octavo de distrito, el líder opositor queda eximido de toda culpa y recupera sus derechos políticos.
Según su abogado Gilberto López, quedó concluido en definitiva el proceso judicial instruido contra Sosa Villavicencio, quien a su vez se reservó el derecho a demandar a las autoridades locales.
Junto con el ex dirigente appista, también quedaron exculpados César Mateos e Ignacio García Maldonado, quienes igualmente fueron acusados de delitos cometidos durante el conflicto social que buscó la dimisión de Ruiz. (Oaxaca. Óscar Rodríguez)
“Si hay una acusación en concreto de la Sedena se tiene que probar; sin embargo, no olvidemos que la tendencia en muchas ocasiones es criminalizar a los defensores de los derechos humanos”, expresó Víctor Hugo Carlos Banda, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
El activista señaló que los defensores de derechos humanos no comparten la visión del Ejército en relación con el funcionamiento de la CNDH, al considerar sus declaraciones una “desviación” del tema central, que son las violaciones que cometen los militares.
Sobre si el Ejército estaría, a su vez, usando al narcotráfico para no atender las recomendaciones de la comisión, el activista no descartó esa tesis; sin embargo, dijo que lo principal es la evasión de responsabilidades del Ejército mexicano.
“No compartimos esta posición del Ejército. Si tiene algún fundamento para acusar tendría que probarlo y presentar las denuncias correspondientes”, insistió.
Aún más, especificó, las acusaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional van en el sentido de criminalizar no sólo a la comisión, sino también a los defensores de los derechos humanos que han denunciado vejaciones de los efectivos castrenses.
“El tema es que hay violaciones a los derechos humanos del Ejército que se han denunciado, y éstas han sido investigadas. Ese es el tema y no se debe desviar haciendo esas acusaciones”, aseveró el activista.
De ese modo, el representante del Centro Prod pidió a la CNDH que siga con su trabajo de investigación que está contemplado en la ley, pues frente a una situación de “militarización que ha emprendido el gobierno federal en el país”, la comisión debe promover y defender los derechos humanos con apego al marco jurídico.
Flavio, exonerado de 12 ilícitos
La justicia de Oaxaca exoneró en definitiva a Flavio Sosa Villavicencio, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, tras no comprobar su responsabilidad en la autoría de al menos 12 delitos que le imputó el gobierno de Ulises Ruiz, luego de la destrucción y quema de edificios públicos en el contexto de la revuelta social de 2006.
En la resolución que emitió el juzgado octavo de distrito, el líder opositor queda eximido de toda culpa y recupera sus derechos políticos.
Según su abogado Gilberto López, quedó concluido en definitiva el proceso judicial instruido contra Sosa Villavicencio, quien a su vez se reservó el derecho a demandar a las autoridades locales.
Junto con el ex dirigente appista, también quedaron exculpados César Mateos e Ignacio García Maldonado, quienes igualmente fueron acusados de delitos cometidos durante el conflicto social que buscó la dimisión de Ruiz. (Oaxaca. Óscar Rodríguez)
Zenyazen Flores, Milenio, 25 de julio.
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