El Tribunal Electoral ordenó ayer al IFE investigar las presuntas violaciones en las que han incurrido miembros de la Iglesia católica al intervenir de manera indebida en el proceso electoral.
La Sala Superior determinó parcialmente fundada la denuncia del Partido Socialdemócrata (PSD) contra ministros de culto de diversos estados por hacer pronunciamientos a favor del PAN y emitir recomendaciones electorales a los feligreses.
Los magistrados coincidieron en que el secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, tenía la obligación de investigar dichas violaciones y enviar a la Secretaría de Gobernación un expediente detallado sobre las presuntas infracciones para que, en consecuencia, la dependencia federal determinara la sanción.
Sin embargo, el IFE, al recibir la denuncia, inmediatamente la canalizó a Gobernación.
"Se revoca la resolución impugnada a efecto de que la responsable, para la debida integración del expediente, realice las investigaciones conducentes recabando la información, pruebas y documentos que se encuentran a su alcance y en su caso determine la irregularidad a la normativa electoral cometida por los denunciados", indica la sentencia aprobada por unanimidad.
Entre febrero y marzo, en diversas entidades se publicaron escritos del clero haciendo alusión al proceso electoral.
Por ejemplo, el semanario de la Arquidiócesis de México, "Desde la Fe", criticó a los partidos por enfrascarse en la discusión sobre las televisoras y spots electorales cuando, señaló, el narcotráfico va en ascenso.
Otro fue el "Decálogo de los pecados electorales", emitido por el Obispo de Cuernavaca, Florencio Olvera, en el que recalca que los feligreses no deben respaldar a candidatos y partidos que avalan el aborto.
Uno más fue el "Semanario Arquidiocesano de Guadalajara", en el que se advirtió que se debe desconfiar de políticos que prometen "las llaves del paraíso".
Incluso agregó: "Como ejemplo de nobleza para otros partidos, el PAN devolvió millones que serán para los pobres: 'Restituir o condenar', reza nuestro Catecismo, y así lo cumplió el panismo".
El magistrado Constancia Carrasco, quien presentó el proyecto, criticó la acción de Jacobo Molina, pues aseguró que su obligación es investigar las violaciones a la ley electoral.
El IFE, agregó, no es "una oficina de partes o un órgano de recepción de denuncias del Ejecutivo", para sólo recibir quejas y remitirlas, sin una investigación, a las instancias gubernamentales.
Carrasco señaló que la ley es clara al establecer que los ministros deben abstenerse de hacer proselitismo a favor de un partido e intervenir en procesos electorales, pues ello genera inequidad en la contienda.
El magistrado Manuel González Oropeza indicó que el simple hecho de que el IFE haya remitido el documento a Gobernación para que resuelva, es porque presumió una infracción.
La Sala Superior determinó parcialmente fundada la denuncia del Partido Socialdemócrata (PSD) contra ministros de culto de diversos estados por hacer pronunciamientos a favor del PAN y emitir recomendaciones electorales a los feligreses.
Los magistrados coincidieron en que el secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, tenía la obligación de investigar dichas violaciones y enviar a la Secretaría de Gobernación un expediente detallado sobre las presuntas infracciones para que, en consecuencia, la dependencia federal determinara la sanción.
Sin embargo, el IFE, al recibir la denuncia, inmediatamente la canalizó a Gobernación.
"Se revoca la resolución impugnada a efecto de que la responsable, para la debida integración del expediente, realice las investigaciones conducentes recabando la información, pruebas y documentos que se encuentran a su alcance y en su caso determine la irregularidad a la normativa electoral cometida por los denunciados", indica la sentencia aprobada por unanimidad.
Entre febrero y marzo, en diversas entidades se publicaron escritos del clero haciendo alusión al proceso electoral.
Por ejemplo, el semanario de la Arquidiócesis de México, "Desde la Fe", criticó a los partidos por enfrascarse en la discusión sobre las televisoras y spots electorales cuando, señaló, el narcotráfico va en ascenso.
Otro fue el "Decálogo de los pecados electorales", emitido por el Obispo de Cuernavaca, Florencio Olvera, en el que recalca que los feligreses no deben respaldar a candidatos y partidos que avalan el aborto.
Uno más fue el "Semanario Arquidiocesano de Guadalajara", en el que se advirtió que se debe desconfiar de políticos que prometen "las llaves del paraíso".
Incluso agregó: "Como ejemplo de nobleza para otros partidos, el PAN devolvió millones que serán para los pobres: 'Restituir o condenar', reza nuestro Catecismo, y así lo cumplió el panismo".
El magistrado Constancia Carrasco, quien presentó el proyecto, criticó la acción de Jacobo Molina, pues aseguró que su obligación es investigar las violaciones a la ley electoral.
El IFE, agregó, no es "una oficina de partes o un órgano de recepción de denuncias del Ejecutivo", para sólo recibir quejas y remitirlas, sin una investigación, a las instancias gubernamentales.
Carrasco señaló que la ley es clara al establecer que los ministros deben abstenerse de hacer proselitismo a favor de un partido e intervenir en procesos electorales, pues ello genera inequidad en la contienda.
El magistrado Manuel González Oropeza indicó que el simple hecho de que el IFE haya remitido el documento a Gobernación para que resuelva, es porque presumió una infracción.
Érika Hernández, Reforma, 2 de julio.
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