Al considerar que este domingo 5 de julio existirá falta de certeza en el proceso electoral provocada por el Estado mexicano, violentando las garantías individuales de casi 2 mil habitantes, seguidores de Clara Brugada enviaron un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que atraiga el caso, ya que se afecta gravemente la democracia en México.
En el documento enviado a las oficinas de la CIDH en Washington, firmado por una veintena de “ciudadanos mexicanos”, se señala que “la falta de certeza en el proceso electoral, provocada por el Estado mexicano a instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), impedirá la celebración de elecciones auténticas que ya han generado afectaciones a los derechos de miles de personas”.
Ante ello, solicitaron la intervención de la comisión, especialmente porque provocará desconcierto e incluso podría llegar a incitar brotes de violencia en la población.
El texto, de 33 cuartillas, explica que el Tribunal Electoral tuvo en sus manos la posibilidad de evitar la situación de incertidumbre y divergencia entre la realidad y los datos que contienen las boletas electorales para la elección de jefe delegacional en Iztapalapa.
Para la atracción del caso señalan que el TEPJF tarda en promedio 13 días en la “sustanciación y resolución de los juicios”, como los que se presentaron entre Clara Brugada y Silvia Oliva Fragoso, por lo que no se explica la dilación en este caso.
Ante ello, acusan que el tribunal no previó y dejó que se agravará la situación y que los miles de votantes en la delegación Iztapalapa le resultaron indiferentes, “pues no llevó acabo ningún esfuerzo dentro de sus atribuciones para salvaguardar la autenticidad de las elecciones”.
Por ejemplo, citaron, pudo haber dictado medidas cautelares y evitar la impresión de boletas en tanto se resolvía la cuestión planteada.
Por ello, consideran que no haber retirado el nombre de Clara Brugada de las boletas electorales resulta grave para la democracia en México, además de configurar diversas violaciones a los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Agregan que resulta una trasgresión a los derechos humanos de la ex candidata a delegada cuyo nombre a parece en las boletes electorales: “Lo marca expresamente la Convención Americana, se vería burlada su intención y convicción del voto al ser una persona diversa la que contiende”.
En el documento enviado a las oficinas de la CIDH en Washington, firmado por una veintena de “ciudadanos mexicanos”, se señala que “la falta de certeza en el proceso electoral, provocada por el Estado mexicano a instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), impedirá la celebración de elecciones auténticas que ya han generado afectaciones a los derechos de miles de personas”.
Ante ello, solicitaron la intervención de la comisión, especialmente porque provocará desconcierto e incluso podría llegar a incitar brotes de violencia en la población.
El texto, de 33 cuartillas, explica que el Tribunal Electoral tuvo en sus manos la posibilidad de evitar la situación de incertidumbre y divergencia entre la realidad y los datos que contienen las boletas electorales para la elección de jefe delegacional en Iztapalapa.
Para la atracción del caso señalan que el TEPJF tarda en promedio 13 días en la “sustanciación y resolución de los juicios”, como los que se presentaron entre Clara Brugada y Silvia Oliva Fragoso, por lo que no se explica la dilación en este caso.
Ante ello, acusan que el tribunal no previó y dejó que se agravará la situación y que los miles de votantes en la delegación Iztapalapa le resultaron indiferentes, “pues no llevó acabo ningún esfuerzo dentro de sus atribuciones para salvaguardar la autenticidad de las elecciones”.
Por ejemplo, citaron, pudo haber dictado medidas cautelares y evitar la impresión de boletas en tanto se resolvía la cuestión planteada.
Por ello, consideran que no haber retirado el nombre de Clara Brugada de las boletas electorales resulta grave para la democracia en México, además de configurar diversas violaciones a los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Agregan que resulta una trasgresión a los derechos humanos de la ex candidata a delegada cuyo nombre a parece en las boletes electorales: “Lo marca expresamente la Convención Americana, se vería burlada su intención y convicción del voto al ser una persona diversa la que contiende”.
Raquel Fernández, Milenio, 4 de julio.
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