Seguramente no es fácil que el público en general pueda hacerse de una opinión objetiva sobre quiénes y por cuáles delitos deberían juzgar a militares, pero sin duda los recientes debates sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de soldados han afectado a la opinión pública, lo mismo que la discusión sobre si este tipo de delitos deben o no considerarse como parte del fuero militar.
En primer lugar es claro que para la opinión pública lo creíble, verdad o no, es que existen violaciones a los derechos humanos por parte de militares que hasta la fecha no se han castigado, y son los menos los que aceptan como cierta la afirmación del presidente Felipe Calderón de que tal cosa es falsa, declaración que el mandatario remató con el desafío de que le presenten al menos un caso que pruebe tal acusación. (El anonimato que nos exige la investigación demoscópica me impide puntualizar casos concretos, pero bien podríamos contestar al reto con ese 4% de personas que, según esta encuesta, afirma que sus derechos como ciudadano fueron vulnerados durante una inspección militar).
Es cierto que lo anterior no supone que la gran mayoría sea presa de desconfianza por posibles abusos de autoridad en retenes militares, pero una proporción muy considerable (46%) expresa al menos preocupación por el asunto, y no porque los hechos concretos alienten esta sensación (42% de los entrevistados ya han sido inspeccionados en retenes y de ellos 9 de cada 10 aseguran no haber tenido ningún problema), sino porque sienten que nada impide que tal abuso pudiera darse, —y eso que el público en general no tiene claro que el solo hecho de impedir el libre tránsito por el territorio nacional es ya una violación a una garantía constitucional.
En cuanto al debate sobre si en el caso de violación a los derechos humanos los soldados deben ser juzgados conforme al fuero militar o no, parece que la opinión pública no acaba de definirse aunque hasta ahora sigue inclinándose un poco más por los tribunales militares —será por la buena opinión y absoluta confianza que nos merecen los tribunales civiles, digo yo.
Ahora bien, la campaña del PAN mediante la opinión pública sigue pensando que fue un acierto del presidente Calderón la decisión de meter al Ejército en la lucha contra el narcotráfico a pesar de que esto pudiera implicar violaciones a los derechos ciudadanos, de hecho las opiniones sobre este asunto están casi tan favorables como en abril de 2007, después que en julio de 2008 medimos una caída en la aceptación de la medida por parte de los públicos. Para algo debe haber servido el eje de la campaña electoral del blanquiazul, si no para conseguirle votos, por lo menos para aumentar la aceptación de la medida presidencial.
En primer lugar es claro que para la opinión pública lo creíble, verdad o no, es que existen violaciones a los derechos humanos por parte de militares que hasta la fecha no se han castigado, y son los menos los que aceptan como cierta la afirmación del presidente Felipe Calderón de que tal cosa es falsa, declaración que el mandatario remató con el desafío de que le presenten al menos un caso que pruebe tal acusación. (El anonimato que nos exige la investigación demoscópica me impide puntualizar casos concretos, pero bien podríamos contestar al reto con ese 4% de personas que, según esta encuesta, afirma que sus derechos como ciudadano fueron vulnerados durante una inspección militar).
Es cierto que lo anterior no supone que la gran mayoría sea presa de desconfianza por posibles abusos de autoridad en retenes militares, pero una proporción muy considerable (46%) expresa al menos preocupación por el asunto, y no porque los hechos concretos alienten esta sensación (42% de los entrevistados ya han sido inspeccionados en retenes y de ellos 9 de cada 10 aseguran no haber tenido ningún problema), sino porque sienten que nada impide que tal abuso pudiera darse, —y eso que el público en general no tiene claro que el solo hecho de impedir el libre tránsito por el territorio nacional es ya una violación a una garantía constitucional.
En cuanto al debate sobre si en el caso de violación a los derechos humanos los soldados deben ser juzgados conforme al fuero militar o no, parece que la opinión pública no acaba de definirse aunque hasta ahora sigue inclinándose un poco más por los tribunales militares —será por la buena opinión y absoluta confianza que nos merecen los tribunales civiles, digo yo.
Ahora bien, la campaña del PAN mediante la opinión pública sigue pensando que fue un acierto del presidente Calderón la decisión de meter al Ejército en la lucha contra el narcotráfico a pesar de que esto pudiera implicar violaciones a los derechos ciudadanos, de hecho las opiniones sobre este asunto están casi tan favorables como en abril de 2007, después que en julio de 2008 medimos una caída en la aceptación de la medida por parte de los públicos. Para algo debe haber servido el eje de la campaña electoral del blanquiazul, si no para conseguirle votos, por lo menos para aumentar la aceptación de la medida presidencial.
María de las Heras, Milenio, 17 de agosto.
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