Todo indica que la opinión pública se radicaliza cada vez más en sus apreciaciones sobre la relación de la Iglesia con presuntos delincuentes, y las opiniones sobre la actuación de la Policía Federal (PF) la semana pasada en Apatzingán lo corroboran. Debo confesar que yo soy la primera sorprendida al enterarme de que seis de cada 10 entrevistados opinaron que estuvo bien que se interrumpiera la celebración de la misa para detener al delincuente, y que no se esperara al final de la ceremonia para hacer la captura, como hubiera sido lo ideal para las autoridades eclesiásticas.
Si bien sólo encontramos un 18% completamente radicalizado, es decir, quienes opinan que los sacerdotes no únicamente tendrían la obligación de denunciar ante las autoridades a personas que sospechen son delincuentes, sino que además deberían negarse a prestar cualquier servicio religioso que les soliciten, es de llamar la atención que cinco de cada 10 piensen que si bien el sacerdote no puede negar los servicios religiosos a nadie, delincuente o no, también es cierto que eso no los exime de su obligación como ciudadanos de denunciarlos ante las autoridades. Eso nos habla de una sociedad cansada de complicidades entre la delincuencia y las autoridades, sean civiles o eclesiásticas.
En la posición contraria encontramos un 13%, es decir, quienes piensan que el sacerdote está obligado a prestar los servicios religiosos a quien así se lo solicite y además opinan que su condición de sacerdote lo exime de la obligación de denunciarlos ante las autoridades. Están lejos de ser la mayoría, es cierto, pero como todos los radicalizados son los más dispuestos a manifestarse públicamente y de manera más categórica, por eso a veces pensamos que son muchos más de los que realmente son.
Nota metodológica Encuesta telefónica realizada el 8 de agosto, considerando 500 entrevistas a personas mayores de 18 años seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple sobre el listado de teléfonos del país. Con 95% de confianza, el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 4.5%
Si bien sólo encontramos un 18% completamente radicalizado, es decir, quienes opinan que los sacerdotes no únicamente tendrían la obligación de denunciar ante las autoridades a personas que sospechen son delincuentes, sino que además deberían negarse a prestar cualquier servicio religioso que les soliciten, es de llamar la atención que cinco de cada 10 piensen que si bien el sacerdote no puede negar los servicios religiosos a nadie, delincuente o no, también es cierto que eso no los exime de su obligación como ciudadanos de denunciarlos ante las autoridades. Eso nos habla de una sociedad cansada de complicidades entre la delincuencia y las autoridades, sean civiles o eclesiásticas.
En la posición contraria encontramos un 13%, es decir, quienes piensan que el sacerdote está obligado a prestar los servicios religiosos a quien así se lo solicite y además opinan que su condición de sacerdote lo exime de la obligación de denunciarlos ante las autoridades. Están lejos de ser la mayoría, es cierto, pero como todos los radicalizados son los más dispuestos a manifestarse públicamente y de manera más categórica, por eso a veces pensamos que son muchos más de los que realmente son.
Nota metodológica Encuesta telefónica realizada el 8 de agosto, considerando 500 entrevistas a personas mayores de 18 años seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple sobre el listado de teléfonos del país. Con 95% de confianza, el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 4.5%
María de las Heras, Milenio, 10 de agosto.
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