QUERÉTARO, Qro.— Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, acusó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de haberles negado la ayuda requerida para defenderla, luego de ser acusada de secuestrar a un ex agente federal de investigación.
En la CDI les dijeron que “no tenían injerencia en el caso” mientras que en la CEDH les respondieron que “no procedía la queja por no tener injerencia en este asunto”, refirió.
En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, Francisco dijo que su esposa, él y su familia están padeciendo “la más cruel de las injusticias que se pueden vivir”, pues además de estar encarcelada sin tener prueba alguna que cometió un delito, “nos hemos dado cuenta que ahí hay mucha más gente inocente que no ha cometido ningún crimen”.
El coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional en México, Tonio Tessada, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de fabricar evidencias en este caso. “Consideramos que la discriminación es el elemento fundamental que permitió su selección como presunta responsable para la fabricación de evidencias y luego, para permitir que el sistema de justicia no tomara ninguna medida para garantizar su juicio justo”, sostuvo Tessada.
No hallan a “secuestrado”
El proceso penal contra la indígena otomí no avanza porque a uno de los ex agentes federales de investigación que presuntamente fue secuestrado por ella, no lo encuentran. Ni la PGR ni el juez cuarto responsable del proceso encuentran a Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, el ex agente que acusó directamente a Jacinta.
El abogado defensor de Jacinta, Andrés Díaz, afirmó que desde diciembre pasado, cuando Jorge Ernesto renunció a su empleo, “misteriosamente desapareció y extrañamente ni siquiera la PGR lo ha podido localizar”.
Declarada este martes como “presa de conciencia” por Amnistía Internacional, la indígena queretana cumplió tres años en prisión, acusada de haber secuestrado al referido agente.
En la CDI les dijeron que “no tenían injerencia en el caso” mientras que en la CEDH les respondieron que “no procedía la queja por no tener injerencia en este asunto”, refirió.
En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, Francisco dijo que su esposa, él y su familia están padeciendo “la más cruel de las injusticias que se pueden vivir”, pues además de estar encarcelada sin tener prueba alguna que cometió un delito, “nos hemos dado cuenta que ahí hay mucha más gente inocente que no ha cometido ningún crimen”.
El coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional en México, Tonio Tessada, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de fabricar evidencias en este caso. “Consideramos que la discriminación es el elemento fundamental que permitió su selección como presunta responsable para la fabricación de evidencias y luego, para permitir que el sistema de justicia no tomara ninguna medida para garantizar su juicio justo”, sostuvo Tessada.
No hallan a “secuestrado”
El proceso penal contra la indígena otomí no avanza porque a uno de los ex agentes federales de investigación que presuntamente fue secuestrado por ella, no lo encuentran. Ni la PGR ni el juez cuarto responsable del proceso encuentran a Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, el ex agente que acusó directamente a Jacinta.
El abogado defensor de Jacinta, Andrés Díaz, afirmó que desde diciembre pasado, cuando Jorge Ernesto renunció a su empleo, “misteriosamente desapareció y extrañamente ni siquiera la PGR lo ha podido localizar”.
Declarada este martes como “presa de conciencia” por Amnistía Internacional, la indígena queretana cumplió tres años en prisión, acusada de haber secuestrado al referido agente.
Juan José Arreola corresponsal, El Universal, 20 de agosto.
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