CARACAS.- Todo aquel que use un medio de comunicación será un potencial delincuente mediático y podría terminar en prisión, de acuerdo con un proyecto de ley propuesto por la fiscal Luisa Ortega, a quien el Presidente Hugo Chávez emplazó a actuar sobre los medios de difusión o renunciar.
La Ley de Delitos Mediáticos, entregada al Parlamento la semana pasada, plantea prisión de dos a cuatro años por lo que se diga o lo que no se diga.
Según el artículo 4, son delitos "las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad, y que sean cometidas a través de un medio".
El universo de potenciales infractores, según establece el artículo 3, va desde propietarios de medios, editores, periodistas, productores y locutores hasta conferencistas, artistas y cualquier persona que se exprese a través de algún medio de comunicación.
La propuesta fue presentada el jueves 30 de julio, un día antes de que el Gobierno ordenara el cierre de 34 emisoras de radio por presuntas irregularidades en sus concesiones.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que se trata de un devastador golpe contra lo que queda de democracia en Venezuela.
En tanto, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que agrupa a más de 17 mil emisoras de radio y televisión, pidió activar los mecanismos de la OEA para defender los derechos fundamentales.
El repudio internacional hizo que el Gobierno postergara, por ahora, la discusión de la ley en la Asamblea.
La Ley de Delitos Mediáticos, entregada al Parlamento la semana pasada, plantea prisión de dos a cuatro años por lo que se diga o lo que no se diga.
Según el artículo 4, son delitos "las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad, y que sean cometidas a través de un medio".
El universo de potenciales infractores, según establece el artículo 3, va desde propietarios de medios, editores, periodistas, productores y locutores hasta conferencistas, artistas y cualquier persona que se exprese a través de algún medio de comunicación.
La propuesta fue presentada el jueves 30 de julio, un día antes de que el Gobierno ordenara el cierre de 34 emisoras de radio por presuntas irregularidades en sus concesiones.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que se trata de un devastador golpe contra lo que queda de democracia en Venezuela.
En tanto, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que agrupa a más de 17 mil emisoras de radio y televisión, pidió activar los mecanismos de la OEA para defender los derechos fundamentales.
El repudio internacional hizo que el Gobierno postergara, por ahora, la discusión de la ley en la Asamblea.
Cristina Marcano, Reforma, 8 de agosto.
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