Caracas, 14 de agosto. La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela aprobó en las primeras horas de este viernes una polémica ley de educación, la cual agudizó la polarización en el país y que podría ser desconocida por gremios y universitarios.
Antes de la aprobación, la fracción del partido opositor Podemos de 11 diputados decidió retirarse de la cámara y anunció que agotará las gestiones para convocar una consulta con el fin de abrogar la ley.
El jefe legislativo de Podemos, Ismael García, anunció que organizará un plan de acción para evitar que se imponga “un proyecto autoritario, hegemónico que no tiene nada que ver con Venezuela ni con la Constitución”.
El debate, que se alargó por 10 horas, avanzó con rapidez luego de que la fracción de diputados del opositor partido Podemos abandonó la cámara para dejar la responsabilidad de aprobar la legislación a la mayoría oficialista.
La presidenta de la Asamblea, Celia Flores, dijo que la nueva ley recibirá la aprobación final después de que la Comisión Permanente de Educación realice las correcciones que se hicieron al proyecto original.
Indicó que la ley busca afianzar la patria potestad (custodia de los niños), al plantear que “las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la formación de valores, principios, creencias, actitudes, normas y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos”.
Defensa gubernamental
El gobierno dijo que entre los beneficios que tiene la ley está el incremento de los días de escolaridad, donde se establece que el año escolar tendrá un mínimo de 200 días de clases, aunque mantiene los 60 días de vacaciones.
Agregó que respetará la pluralidad ideológica fundamentada por una parte en la “doctrina bolivariana y en el humanismo social”, además de estar abierta a todas las corrientes del pensamiento. Sus promotores afirman que la ley garantiza también la igualdad de oportunidades de educación para todos los estratos sociales.
El proyecto recibió duras críticas de gremios y especialistas al considerar que la ley pretende “ideologizar” a los alumnos en el socialismo, en tanto que la jerarquía de la Iglesia Católica advirtió que elimina la educación religiosa en las escuelas venezolanas.
Los opositores a la ley aseguran que los 56 artículos que la conforman otorgan poder amplio al Estado para intervenir en la educación de los niños y elimina el derecho de la familia a elegir el tipo de enseñanza que prefieren para sus hijos.
El artículo 50 es uno de los más polémicos al establecer que los medios de comunicación tienen prohibido publicar informaciones que “produzcan terror en los niños, inciten al odio, atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la salud mental y física de la población”.
La mención a la prensa provocó la reacción de los periodistas, que alertaron sobre los peligros a la libertad de expresión.
Un grupo de periodistas de la Cadena Capriles, los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder fue agredido el jueves cuando entregaban volantes impresos en Caracas, en los que alertaban sobre el hecho de que el Ministerio de Educación podrá intervenir cualquier medio que en su consideración viole la ley. Doce periodistas resultaron heridos luego del ataque con piedras y palos.
A la vez, la oposición y estudiantes universitarios advirtieron que llamarán a desconocer la ley, ante el temor de que no puedan escoger sus carreras profesionales.
La ley de Educación será enviada al presidente Hugo Chávez para su promulgación.
“No aguantan un debate de altura, ni porque ha hablado la Iglesia católica golpista”, afirmó la diputada oficialista, Iris Varela, al recordar los pronunciamiento de obispos contra la ley.
Reacciones internacionales
El gobierno dijo que entre los beneficios de la nueva ley destacan el impulso de la autonomía universitaria, el análisis de los medios de prensa como cátedra, la integración familia-docente e igualdad educativa.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de Nueva York condenó hoy el “asalto violento” cometido el jueves en Venezuela por supuestos partidarios del gobierno de Hugo Chávez contra una docena de periodistas.
En tanto, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la “honda preocupación” manifestada por la UNESCO en un comunicado sobre la libertad de expresión en Venezuela, por considerar que estuvo basado en “falsas informaciones”, señaló un boletín oficial.
Según el texto, la delegación venezolana en la UNESCO solicitó al secretario general del organismo Koichiro Matsuura una “rectificación oficial” a su comunicado, en el que se pedía a Chávez que reconsidere su decisión de revocar la licencia de transmisión a 34 televisoras y radios del país.
El gobierno venezolano “rechaza de la manera más enér-gica las insinuaciones de los burócratas que elaboraron el comunicado (...) (que) está basado en falsas informaciones, en tergiversaciones flagrantes y en distorsiones tendenciosas”, reza el documento oficial.
La decisión adoptada el mes pasado, que afectó a 32 emisoras de radio y dos televisoras, podría provocar además la cancelación de las licencias de unas 240 emisoras de radio y 45 canales de televisión, que según la autoridad venezolana en Telecomunicaciones (Conatel) no cumplieron con los requisitos legales para hacer uso de la frecuencia.
En el comunicado, el gobierno venezolano lamenta además que “tan grave desliz se inscriba con toda nitidez en una cam-paña mediática internacional destinada a desprestigiar a un Estado que es miembro de la UNESCO”.
Chávez afirmó la semana pasada que ningún país “puede competir en libertad de expresión” con Venezuela.
Antes de la aprobación, la fracción del partido opositor Podemos de 11 diputados decidió retirarse de la cámara y anunció que agotará las gestiones para convocar una consulta con el fin de abrogar la ley.
El jefe legislativo de Podemos, Ismael García, anunció que organizará un plan de acción para evitar que se imponga “un proyecto autoritario, hegemónico que no tiene nada que ver con Venezuela ni con la Constitución”.
El debate, que se alargó por 10 horas, avanzó con rapidez luego de que la fracción de diputados del opositor partido Podemos abandonó la cámara para dejar la responsabilidad de aprobar la legislación a la mayoría oficialista.
La presidenta de la Asamblea, Celia Flores, dijo que la nueva ley recibirá la aprobación final después de que la Comisión Permanente de Educación realice las correcciones que se hicieron al proyecto original.
Indicó que la ley busca afianzar la patria potestad (custodia de los niños), al plantear que “las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la formación de valores, principios, creencias, actitudes, normas y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos”.
Defensa gubernamental
El gobierno dijo que entre los beneficios que tiene la ley está el incremento de los días de escolaridad, donde se establece que el año escolar tendrá un mínimo de 200 días de clases, aunque mantiene los 60 días de vacaciones.
Agregó que respetará la pluralidad ideológica fundamentada por una parte en la “doctrina bolivariana y en el humanismo social”, además de estar abierta a todas las corrientes del pensamiento. Sus promotores afirman que la ley garantiza también la igualdad de oportunidades de educación para todos los estratos sociales.
El proyecto recibió duras críticas de gremios y especialistas al considerar que la ley pretende “ideologizar” a los alumnos en el socialismo, en tanto que la jerarquía de la Iglesia Católica advirtió que elimina la educación religiosa en las escuelas venezolanas.
Los opositores a la ley aseguran que los 56 artículos que la conforman otorgan poder amplio al Estado para intervenir en la educación de los niños y elimina el derecho de la familia a elegir el tipo de enseñanza que prefieren para sus hijos.
El artículo 50 es uno de los más polémicos al establecer que los medios de comunicación tienen prohibido publicar informaciones que “produzcan terror en los niños, inciten al odio, atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la salud mental y física de la población”.
La mención a la prensa provocó la reacción de los periodistas, que alertaron sobre los peligros a la libertad de expresión.
Un grupo de periodistas de la Cadena Capriles, los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder fue agredido el jueves cuando entregaban volantes impresos en Caracas, en los que alertaban sobre el hecho de que el Ministerio de Educación podrá intervenir cualquier medio que en su consideración viole la ley. Doce periodistas resultaron heridos luego del ataque con piedras y palos.
A la vez, la oposición y estudiantes universitarios advirtieron que llamarán a desconocer la ley, ante el temor de que no puedan escoger sus carreras profesionales.
La ley de Educación será enviada al presidente Hugo Chávez para su promulgación.
“No aguantan un debate de altura, ni porque ha hablado la Iglesia católica golpista”, afirmó la diputada oficialista, Iris Varela, al recordar los pronunciamiento de obispos contra la ley.
Reacciones internacionales
El gobierno dijo que entre los beneficios de la nueva ley destacan el impulso de la autonomía universitaria, el análisis de los medios de prensa como cátedra, la integración familia-docente e igualdad educativa.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de Nueva York condenó hoy el “asalto violento” cometido el jueves en Venezuela por supuestos partidarios del gobierno de Hugo Chávez contra una docena de periodistas.
En tanto, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la “honda preocupación” manifestada por la UNESCO en un comunicado sobre la libertad de expresión en Venezuela, por considerar que estuvo basado en “falsas informaciones”, señaló un boletín oficial.
Según el texto, la delegación venezolana en la UNESCO solicitó al secretario general del organismo Koichiro Matsuura una “rectificación oficial” a su comunicado, en el que se pedía a Chávez que reconsidere su decisión de revocar la licencia de transmisión a 34 televisoras y radios del país.
El gobierno venezolano “rechaza de la manera más enér-gica las insinuaciones de los burócratas que elaboraron el comunicado (...) (que) está basado en falsas informaciones, en tergiversaciones flagrantes y en distorsiones tendenciosas”, reza el documento oficial.
La decisión adoptada el mes pasado, que afectó a 32 emisoras de radio y dos televisoras, podría provocar además la cancelación de las licencias de unas 240 emisoras de radio y 45 canales de televisión, que según la autoridad venezolana en Telecomunicaciones (Conatel) no cumplieron con los requisitos legales para hacer uso de la frecuencia.
En el comunicado, el gobierno venezolano lamenta además que “tan grave desliz se inscriba con toda nitidez en una cam-paña mediática internacional destinada a desprestigiar a un Estado que es miembro de la UNESCO”.
Chávez afirmó la semana pasada que ningún país “puede competir en libertad de expresión” con Venezuela.
DPA y Reuters, La Jornada, 15 de agosto.
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