El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, demandó al gobierno federal, a las autoridades estatales y a los procuradores de justicia del país “ponerse a trabajar” para resolver los crímenes contra periodistas, pues en la mayoría de los casos los delitos se encuentran en la impunidad, lo que convierte el periodismo en una “actividad de alto riesgo” en el país.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre los riesgos a los que están expuestos los periodistas ante la creciente omisión e ineficacia de los organismos procuradores de justicia en el país para esclarecer los agravios y consignar a los responsables.
Subrayó que durante las dos administraciones panistas, de diciembre de 2000 a julio de 2009, las agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación “se han duplicado” respecto a la década anterior, pues de los 737 expedientes de queja presentados ante la CNDH relacionados con violaciones a los derechos de periodistas de enero de 1991 a julio de 2009, 245 (24 por año) se presentaron en los primeros diez años, en tanto que de 2001 a la fecha hay 492, un promedio de 54 anuales.
Al presentar la recomendación general 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, Soberanes Fernández sostuvo que “paradójicamente” a su labor, son las diversas autoridades procuradoras de justicia quienes sobre todo vulneran en perjuicio de periodistas y medios de comunicación los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal, seguridad jurídica y a la libertad de expresión.
El ombudsman nacional resaltó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) tiene limitaciones legales y su trabajo “ha sido ineficiente” para resolver los delitos contra el gremio y sancionar a los responsables.
Asimismo, lamentó que el gobierno de Felipe Calderón gaste recursos públicos en discusiones “estériles”, tanto con los medios informativos, al criticar la cobertura que dan sobre los operativos contra la delincuencia organizada, como con otras instancias, incluida la propia CNDH, en lugar de resolver los crímenes.
“En lugar de hacer su trabajo, el gobierno entra a discutir con los medios o con nosotros tratando de anular nuestro trabajo. En el caso de la recomendación por el asesinato en 2006 del periodista estadunidense Brad Will en Oaxaca, la PGR en vez de hacer su trabajo contrató peritos canadienses no para perfeccionar sus investigaciones, sino para tirar la de la CNDH. Entonces ¿de qué se trata?”
En el documento, dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; a todos los gobernadores del país; a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y a la Procuraduría de Justicia Militar, Soberanes reveló que los delitos más graves contra el gremio periodístico de 2000 a la fecha son los asesinatos de 52 reporteros, siete desapariciones y seis ataques con explosivos contra instalaciones de medios de comunicación.
De estos 65 casos, en 27 por ciento (17) las diferentes procuradurías –federal y estatales– reportaron haber consignado a un juez las averiguaciones previas correspondientes; en solo nueve casos (13 por ciento) el juzgado de la causa dictó sentencia condenatoria, aunque en dos de éstos la CNDH acreditó actuación irregular de las autoridades e inclusive fabricación de testigos y torturas. Agregó que del total de casos, en 48 no se ha resuelto la averiguación previa, esto es, que siete de cada diez no se concluyen.
Por ello, demandó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno “la urgente necesidad de emprender una lucha decidida, frontal y permanente” contra delitos sin castigo, pues “no hay argumento válido para justificar la inacción en la procuración de justicia”. Resaltó que si bien los delitos contra la prensa en su mayoría provienen del crimen organizado el Estado “está obligado” a garantizar justicia.
En ese sentido solicitó siete puntos recomendatorios: terminar con la impunidad, lograr la protección del ejercicio periodístico, actuación eficaz de las autoridades procuradoras de justicia, sancionar a las autoridades que actúen con dolo o negligencia, garantizar la seguridad de los periodistas que cubren situaciones de riesgo, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación del daño y revisar la competencia de las diversas autoridades y sus mecanismos de rendición de cuentas.
También lamentó que la comisión estatal de derechos humanos de Chihuahua se haya visto obligada a impartir un taller de seguridad para los reporteros que cubren la fuente policiaca, en el que se incluye un módulo sobre el uso de armas.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre los riesgos a los que están expuestos los periodistas ante la creciente omisión e ineficacia de los organismos procuradores de justicia en el país para esclarecer los agravios y consignar a los responsables.
Subrayó que durante las dos administraciones panistas, de diciembre de 2000 a julio de 2009, las agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación “se han duplicado” respecto a la década anterior, pues de los 737 expedientes de queja presentados ante la CNDH relacionados con violaciones a los derechos de periodistas de enero de 1991 a julio de 2009, 245 (24 por año) se presentaron en los primeros diez años, en tanto que de 2001 a la fecha hay 492, un promedio de 54 anuales.
Al presentar la recomendación general 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, Soberanes Fernández sostuvo que “paradójicamente” a su labor, son las diversas autoridades procuradoras de justicia quienes sobre todo vulneran en perjuicio de periodistas y medios de comunicación los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal, seguridad jurídica y a la libertad de expresión.
El ombudsman nacional resaltó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) tiene limitaciones legales y su trabajo “ha sido ineficiente” para resolver los delitos contra el gremio y sancionar a los responsables.
Asimismo, lamentó que el gobierno de Felipe Calderón gaste recursos públicos en discusiones “estériles”, tanto con los medios informativos, al criticar la cobertura que dan sobre los operativos contra la delincuencia organizada, como con otras instancias, incluida la propia CNDH, en lugar de resolver los crímenes.
“En lugar de hacer su trabajo, el gobierno entra a discutir con los medios o con nosotros tratando de anular nuestro trabajo. En el caso de la recomendación por el asesinato en 2006 del periodista estadunidense Brad Will en Oaxaca, la PGR en vez de hacer su trabajo contrató peritos canadienses no para perfeccionar sus investigaciones, sino para tirar la de la CNDH. Entonces ¿de qué se trata?”
En el documento, dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; a todos los gobernadores del país; a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y a la Procuraduría de Justicia Militar, Soberanes reveló que los delitos más graves contra el gremio periodístico de 2000 a la fecha son los asesinatos de 52 reporteros, siete desapariciones y seis ataques con explosivos contra instalaciones de medios de comunicación.
De estos 65 casos, en 27 por ciento (17) las diferentes procuradurías –federal y estatales– reportaron haber consignado a un juez las averiguaciones previas correspondientes; en solo nueve casos (13 por ciento) el juzgado de la causa dictó sentencia condenatoria, aunque en dos de éstos la CNDH acreditó actuación irregular de las autoridades e inclusive fabricación de testigos y torturas. Agregó que del total de casos, en 48 no se ha resuelto la averiguación previa, esto es, que siete de cada diez no se concluyen.
Por ello, demandó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno “la urgente necesidad de emprender una lucha decidida, frontal y permanente” contra delitos sin castigo, pues “no hay argumento válido para justificar la inacción en la procuración de justicia”. Resaltó que si bien los delitos contra la prensa en su mayoría provienen del crimen organizado el Estado “está obligado” a garantizar justicia.
En ese sentido solicitó siete puntos recomendatorios: terminar con la impunidad, lograr la protección del ejercicio periodístico, actuación eficaz de las autoridades procuradoras de justicia, sancionar a las autoridades que actúen con dolo o negligencia, garantizar la seguridad de los periodistas que cubren situaciones de riesgo, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación del daño y revisar la competencia de las diversas autoridades y sus mecanismos de rendición de cuentas.
También lamentó que la comisión estatal de derechos humanos de Chihuahua se haya visto obligada a impartir un taller de seguridad para los reporteros que cubren la fuente policiaca, en el que se incluye un módulo sobre el uso de armas.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 20 de agosto.
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